La Fundación Onuart, creada en 2007 por el Ministerio de Asuntos Exteriores para gestionar la remodelación de la sala de los Derechos Humanos, en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra, justificó como gastos relacionados con la obra facturas que nada tenían que ver con el encargo realizado expresamente al artista mallorquín Miquel Barceló. Así lo destaca en su informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas, que ha detectado tres facturas por un importe total de 89.906 euros que son, en realidad, gastos ordinarios de la propia entidad.
La fundación que está detrás de la célebre cúpula de Barceló presentó entre los justificantes de gasto de 2008 tres facturas que, según el Tribunal, no son imputables a las subvenciones que el Estado le ha otorgado entre 2007 y 2011. Una de ellas, por un importe de 8.132 euros corresponde al catering servido durante la inauguración de la cúpula de Ginebra, un acto que tuvo lugar el 18 de noviembre de 2008 con la presencia del Rey Juan Carlos, el expresdiente José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Otra factura, de 10.400 euros, corresponde a la edición de un vídeoclip y el resto, 71.733 euros, a un programa de comunicación de la propia Fundación Onuart, en la que, a parte del Estado, están presentes otras entidades privadas como La Caixa, Telefónica y Repsol.
En total, en cuatro años, el gobierno socialista de Zapatero destinó un total de 11,5 millones de euros a subvencionar a esta fundación creada ad hoc para que corriera con los gastos y los honorarios del artista mallorquín y de todo su equipo de trabajo. La falta de previsión económica y de financiación, sobre la que el Tribunal de Cuentas llama la atención en su informe, hizo que los costes finales de dicha obra pictórica, un regalo de España a las Naciones Unidas, se dispararan un 130% sobre las previsiones manejadas en 2007. Es decir, Exteriores gastó 6.505.000 euros más de lo previsto en 2008.
En marzo de 2011, la Fundación Onuart presentó al Ministerio de Exteriores un escrito en el que indicaba que el coste alcanzado por el proyecto ascendía a 20.375.387 euros, de los cuales 12.100.920 correspondían a la obra artística y 8.274.467 a la obra civil. La Fundación no incluyó entonces detalles por partidas ni explicación alguna sobre las desviaciones producidas en el coste del proyecto, que, en 2008, se había estimado en 16.650.000 euros.
El Tribunal de Cuentas reprocha que el Gobierno eligiese entonces la fórmula de dejar en manos de una fundación la gestión del proyecto pues, explica, perdió así todo control sobre los costes finales de la obra encargada a Barceló. La Administración, sin embargo, tuvo que mantener, en ejecución del acuerdo suscrito, “su obligación de hacerse cargo del coste del proyecto, cualquiera que fuera, en la parte no cubierta por patronos y colaboradores privados, y sin dotación presupuestaria específica para ello”. Unas condiciones que hicieron que, en plena crisis económica, el Ministerio de Exteriores tuviera que asumir una participación final del 56% del total de los costes cuando, en un principio, solo debería haber suscrito el 30% y haber dejado en manos de patrocinadores privados el resto de los gastos.
De hecho, en 2009, la Fundación solicitó al departamento que dirigía entonces Miguel Ángel Moratinos una nueva subvención de 2 millones de euros que justificó en el hecho de que “no se habían producido las esperadas aportaciones de nuevos patronos y entidades colaboradoras”.
La última aportación a la obra del Gobierno español se produjo el 16 de noviembre de 2001, en el último día del gobierno socialista en funciones, con una subvención de 2,6 millones de euros firmada por la entonces ministra Trinidad Jiménez.
Según destaca el Tribunal de Cuentas en su informe del pasado mes de febrero, en el presupuesto de gasto de la Fundación Onuart para 2012 se incluye una nota según la cual queda pendiente el abono todavía de 1.155.830 euros en concepto de gastos derivados de la contratación de la obra artística.
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