El recorrido jurídico del «caso Nóos», que no hubiera existido sin autoridades que contrataron a dedo.
Que se sepa, la Infanta Cristina es la primera persona de la Casa Real española que ha sido imputada en un proceso penal por corrupción, una forma genérica de englobar los diversos tipos de delito que se investigan judicialmente en el llamado «caso Noós». Desde esa perspectiva histórica, se trata de un acontecimiento sensacional que lógicamente ha conmovido a la opinión pública.
En unos casos para asustarse del nivel que ha alcanzado la degradación de las instituciones (la Corona era la última en resultar implicada), y en otros, para alegrarse de que la justicia aplique el mismo rasero a todos los ciudadanos con independencia de su alcurnia. «La justicia debe de ser igual para todos», dijo el Rey en su último mensaje de Navidad, aunque seguramente no pensaba que una de sus hijas pudiera ser afectada muy pronto por ese buen deseo.
He oído en la radio las primeras reacciones de los líderes políticos y en la mayoría de ellos se impone la prudencia con diversos matices y acentos, pese a que puede detectarse en algunos un cierto republicanismo «in pectore». Un sentimiento, por cierto, que ha ido creciendo a medida que la crisis económica y los continuos escándalos políticos acentuaban el pesimismo de la población. Y parecidos sentimientos se pudieron recoger entre la tropa de opinadores profesionales, bastantes de los cuales no pueden disimular su satisfacción y hasta una perceptible sonrisa de hiena.
Como la de aquellas mujerucas que hacían calceta junto a la guillotina mientras les cortaban la cabeza a los nobles y a los miembros de la familia real durante la Revolución francesa. (Así era en las versiones cinematográficas que vimos de niños). Lo que digo ahora es un desahogo personal, pero si la Tercera República tiene que venir de la mano de algunos personajes que no quiero nombrar y no como un necesario proceso de regeneración democrática, me pensaría apuntarme al exilio, la vieja solución de los españoles disidentes.
Al margen de todo esto, hay que especular sobre el recorrido judicial del «caso Nóos» y sobre si será lento y gangrenoso para la Casa Real o si acabarán encontrando un atajo procesal para liquidarlo más pronto y evitar la agonía. Hay quien piensa que el juez instructor ha obrado hábilmente al imputar a la Infanta dando idea de que «la justicia es igual para todos», pero abriendo también una puerta a su absolución al dejar establecido que su responsabilidad respecto de cada figura de delito es irrelevante penalmente pero tomada en su conjunto quizá pudiera merecer otra consideración.
Y ya vendrá un tribunal superior a resolver el problema una vez imputemos también al señor Camps y a la señora Barberá y a cualesquiera otros cooperadores necesarios. Porque este caso no hubiera existido si no mediase la participación decisiva de las autoridades que contrataron a dedo a Nóos saltándose a la torera la legislación vigente. Una obsequiosidad y un vasallaje propios de un Estado feudal, pero absolutamente intolerables en una moderna democracia. En otro orden de cosas da un poco de pena que una pareja que lo tenía todo (salud, dinero, amor y un poco más) se haya dejado arrastrar en esa sordidez bajo la falsa impresión de que la fortuna nunca le sería esquiva.
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