Cinco años y medio de crisis dan para mucho. El declive económico ha traído un vendaval de malos datos que han arrasado con las saneadas cifras económicas de las que España presumía allá por 2007. Desde entonces y si comparamos con lo registrado a cierre de 2012, encontramos que las cuentas se han deteriorado con una sola excepción: la de la balanza de pagos. El porcentaje de la actividad económica resume todo lo perdido: de un 3,5% de crecimiento en 2007 a los números rojos del -1,4% del año pasado.
El sector más perjudicado por la crisis en España ha sido sin duda el del empleo. La tasa de paro ha pasado en cinco años de un 8,6% a un desorbitado 26,02% con 5.965.400 personas desempleadas (al cierre de 2012). De la España dorada para los inmigrantes de la burbuja inmobiliaria y la creación de puestos de trabajo poco cualificados hemos pasado al extremo contrario: sequía laboral y emigración de jóvenes españoles al exterior. El problema, a corto plazo, no tiene visos de solución. La última EPA del primer trimestre de este año ha arrojado datos de más de seis millones de parados en España con una tasa del 27,16%, que según ls últimas previsiones del Gobierno ya ha tocado techo. Las razones de un ritmo tan elevado de destrucción de empleo frente a otros países europeos radica en factores como la rigidez laboral y en hábitos culturales como la falta de movilidad interna, según explica el profesor de Economía de ESADE, Pere Puig.
Marcel Jansen, profesor de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, avisa de que la vuelta al crecimiento no resuelve todos los problemas. Más de la mitad de los parados tiene como máximo el grado escolar o lleva más de un año en paro. Para garantizar que estos trabajadores van a ser capaces de encontrar trabajo en la recuperación es fundamental ejecutar una gran reforma en políticas activas que cree puestos de trabajo para los desempleados poco cualificados y que proceden del sector de la construcción.
Mientras el paro avanza, aumentan las prestaciones a pagar y se reducen los cotizantes, las arcas públicas se vacían de forma progresiva. Si en 2007 contaban con un saldo positivo de 14.000 millones, al final del año pasado entraban en números rojos con un desfalco de más de 10.000 millones. Una situación que llevó al Gobierno de Rajoy a pagar las pensiones en dos ocasiones en 2012 con recursos del Fondo de Reserva, que terminó en diciembre con una hucha de 63.400 millones. Sobre las dificultades del Gobierno para pagar prestaciones y pensiones, el profesor Puig cree que hay que revisar con mucha «dureza» las condiciones de esos préstamos y que acortar el paro será una medida irremediable a corto plazo.
El equilibrio de las cuentas públicas es una condición indespensable para cosechar la confianza de las autoridades europeas y los mercados, según recuerdan los economistas consultados por ABC. Para el Gobierno español, es la gran asignatura pendiente. Si en 2007, nuestro país registró un superávit público de 23.368 millones de euros, equivalente a un 2,23% del Producto PIB, en 2012 cerró con un déficit del 6,98% que al tener en cuenta las ayudas a la banca, asciende al 10,6%. Para finales de este año, España ha situado el objetivo de déficit en el 6,3% frente al 4,5% que Bruselas marcó en un principio.
En la misma línea, la deuda pública, que aún se mantiene por debajo de la media de la zona euro (90,6%), alcanzó a finales del año pasado una tasa del 84,2% del PIB frente al 36,30% de 2007.
El profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutente, José Ignacio Conde-Ruiz, pone de manifiesto que para conseguir la consolidación fiscal se necesitan «una reforma impositiva radical que elimine las ineficiencias actuales y las reformas estructurales necesarias para el crecimiento».
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