La UE corrige a Rajoy y dice que la reducción del déficit estructural fue la mitad.
¿Cuál es el déficit público de España al margen del cliclo económico? O ¿cuál es el nivel de paro estructural que tiene este país? Ambas preguntas tienen una respuestaprecisa. En el primer caso, según los servicios técnicos de la Comisión Europea, el desequilibrio entre ingresos y gastos representa nada menos que un 6% del Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, que sin crisis económica el déficit presupuestario seguiría siendo muy elevado. De hecho, según la CE, sólo Irlanda (-7,8% de déficit estructural) está en peores condiciones que España. Incluso Grecia, un país al borde de la bancarrota, cerró el año pasado con un déficit fiscal al margen del ciclo del -1,2% del PIB, a años luz de España.
Algo parecido sucede con el desempleo. Oficialmente, la tasa de paro se sitúa en el 26%, pero si se elimina el componente cíclico -en este caso adverso- el resultado es, igualmente, desalentador. Este informe publicado por el Servicio de Estudios del BBVA estima que el paro estructural español alcanzó en 2012 un increíble 18% de la población activa. No se trata de un problema nuevo. Al contrario. Según ese estudio, en 2006 (cuando la economía todavía crecía de forma intensa), el paro estructural alcanzaba el 14%; es decir, prácticamente el doble de la tasa en términos nominales (sin contabilizar los factores coyunturales).
¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que los problemas de la economía española no tienen que ver sólo con la crisis. Al contrario. Tanto el déficit el déficit público como la tasa de desempleo serían extraordinariamente elevadas si se eliminan los factores cíclicos. Y no sólo eso. La Comisión Europea rectifica de forma radical el avance de reducción del déficit público en términos estructurales.
El presidente Rajoy dijo durante el debate sobre el estado de la nación que la corrección del déficit estructural el año pasado fue equivalente a 3,5 puntos de PIB (unos 35.000 millones de euros). Pero a la luz de las nuevas estimaciones de la Comisión Europea, el avance es mucho más modesto. En concreto, equivale a tan sólo 1,7 puntos (del -7,7% al -6%), por lo tanto prácticamente la mitad de lo que asegura Hacienda.
Una corrección en toda regla que refleja las dificultades de la economía española para salir del agujero.
Nuevos ajustes fiscales
¿Qué consecuencias prácticas tiene para la economía española estos análisis? El BBVA lo explica muy claramente en su estudio. Según sus cálculos, la economía española necesitaría “nuevos ajustes fiscales en los próximos años equivalentes entre dos y tres puntos del PIB”, con la finalidad de alcanzar el equilibrio presupuestario al que obliga la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria. Mientras que, para la Comisión Europea, el ajuste sería sensiblemente mayor. En concreto dos veces más. O lo que es lo mismo. Lograr el equilibrio presupuestario en términos estructurales -como obliga de hecho la propia Constitución- requiere un ajuste adicional de 60.000 millones de euros.
Una cantidad que se antoja extremadamente exigente en un contexto de elevado paro (que supone destinar casi 30.000 millones de euros a pagar las prestaciones) y deuda pública creciente (cerca de 40.000 millones cuesta el servicio de la deuda).
No es de extrañar, por lo tanto, que los economistasRafael Domenech y Javier Andrés, autores del estudio del BBVA, saquen una conclusión dramática: “La primera lectura que se obtiene de estas estimaciones es que la Comisión estima que la mayor parte de la caída en la actividad económica en España durante los últimos años ha supuesto en realidad una caída del PIB potencial o, lo que es lo mismo, que prácticamente todo el desempleo observado en la actualidad es de carácter estructural”. La alta tasa de paro no es, por lo tanto, meramente coyuntural vinculada a un ciclo económico adverso.
Ahora bien los autores del estudio advierten de la necesidad de “no ir más allá” en las políticas de ajuste “porque pueden innecesariamente asfixiar el crecimiento”. Por el contrario, proponen seguir un proceso de ajuste más gradual que permita consolidar los ajustes fiscales realizados en los últimos años, para asegurar que tienen efectos permanentes sobre el déficit público. Y en este sentido, aseguran, “2013 podría ser un año de transición en el que bastara con la aplicación de las medidas de ajuste fiscales ya en marcha, sin adoptar otras adicionales, y que se aprovechara para avanzar en la calidad del ajuste fiscal”.
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