Urdangarin: “Estaba por transparencia y formalismo”
El juez José Castro mantiene dudas sobre el protagonismo de la infanta Cristina, que no está imputada, en la junta del Instituto Nóos. Castro preguntó a Iñaki Urdangarin si trató de “crear un área de influencias” para sus negocios al incluir en la junta de Nóos a su esposa, la hija del Rey, junto al secretario de esta, Carlos García Revenga. El esposo de la infanta rechazó de plano esta hipótesis, pero el juez insistió: “¿Qué funciones tenía doña Cristina de Borbón en esa junta directiva (de Nóos)?”. Y Urdangarin salió al paso: “Ninguna. Era una persona de confianza mía, simplemente eso. Con la voluntad máxima de dar una transparencia y una normalidad a las cosas”. El juez matizó que para la transparencia no era obligada la presencia de la hija del Rey mientras que para “crear un área de influencias sí que es obligado que esté doña Cristina”, dijo.
La infanta, según su marido, estaba para dar “transparencia, comodidad, formalismo” en el instituto Nóos. “Tuvimos, cómo decirlo, que cubrir esos asientos”. No obstante, señaló, su esposa no hacía “absolutamente nada”. Y el juez recalcó “Y si no hacía nada, ¿para qué estaba allí?”. “Le repito, Señoría, yo siempre he pensado que hacían falta cinco personas para formalizar esa junta... Nada más”, contestó el duque. Igual rol, entre la ausencia y la ignorancia, atribuyó Urdangarin al secretario de las infantas Carlos García Revenga, que era tesorero de Nóos.
A lo largo de la declaración, Urdangarin se negó a contestar preguntas sobre los correos que implican a la Infanta, pero luego dio por buenos otros correos electrónicos de Diego Torres al contestar cuestiones incluidas en los mismos. En su relato judicial, Urdangarin detalló que cobró 350.000 euros anuales de Telefónica, empresa que le pagó 200.000 euros de prima de retorno a España cuando dejó la compañía. Recibió una hipoteca de la Caixa por cinco millones para comprar el palacete de Pedralbes, con cuatro años de carencia. En el último semestre ha dejado de pagar dos cuotas, sin que se le haya reclamado aún el abono de esta deuda desde la entidad financiera.
Rajoy debe reconsiderar la política de ajuste a la luz de la subida del paro y de los costes sociales.
El Gobierno se aferra a la débil explicación de que el paro, aunque sigue creciendo, lo hace con menor intensidad, y encuentra así razones para defender que la reforma laboral acabará por dar resultado. Pero el presente es inmisericorde. El paro registrado en las Oficinas de los Servicios Públicos de empleo aumentó en febrero en 59.444 personas, el número total de parados registrados supera ya los cinco millones de personas y la afiliación a la Seguridad Social sigue hundiéndose (28.700 afiliados menos el mes pasado) en el pantano de la recesión. La realidad desmiente con crudeza las expectativas.
La evolución del paro registrado es un indicador preciso de que el mercado laboral está lejos de haber tocado fondo. Aunque la estadística homologada es la Encuesta de Población Activa (EPA) y detecta casi seis millones de parados, los Servicios Públicos de Empleo confirman mes a mes la estrecha relación que existe entre crecimiento económico y empleo. Mientras se mantenga la contracción del PIB y no se alcancen tasas de crecimiento superiores al 1,5%, no hay posibilidad de crear empleo y el peso de los costes sociales seguirá aumentando. Pero, a diferencia de los costes financieros, el dinero que se paga a los desempleados al menos se devuelve al PIB en forma de consumo.
La composición del paro muestra además que sigue empeorando el desempleo juvenil y que la contratación está bajando (la indefinida apenas fue el 10% de la total durante el mes pasado). El diagnóstico es bien claro: la política económica debe orientarse a elevar la tasa de crecimiento, porque es el factor crucial para crear puestos de trabajo; las disposiciones parciales, como reducir la fiscalidad sobre determinados tipos de contratos o subvencionar otros, son mera cosmética. Movimiento estéril.
La política económica de contracción presupuestaria, tanto estatal como autonómica, está tensando demasiado la estabilidad social. El coste del desempleo puede convertirse en apenas dos trimestres en una losa insostenible para las cuentas públicas, porque sigue creciendo a pesar de los recortes aprobados por el Gobierno en julio. Es poco probable que este año se cumpla la reducción prevista del 15% en el coste del paro, con lo cual se abrirá otra vía de agua en la estabilidad presupuestaria.
Rajoy tiene dos opciones. Una es mantener la política de ajuste, incluyendo esporádicos retoques fiscales para transmitir la ilusión de que cambia de estrategia; la otra, aceptar que el coste social empieza a ser insostenible y reorientar de verdad la política económica, acompañándola de medidas de estímulo a la actividad para que el crecimiento genere empleo. Debe decidir pronto, porque el punto de inflexión de la economía no se va a producir este año y quizá tampoco en 2014. Lo más probable es que no tenga margen para llegar a 2015 con una reducción sustancial del paro.
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