“La corrupción no se puede combatir sin más medios”.
Cree que es más difícil combatir la delincuencia "de moqueta" que la de "metralleta".
Fernando Rodríguez Rey (León, 1965) es fiscal desde hace 22 años y ha dedicado 17 a combatir la corrupción económica y política en Barcelona. Se ha ocupado de temas tan sonados como la trama de los inspectores de Hacienda con empresarios catalanes, la malversación de fondos en el Consorcio de Turismo de Cataluña, o el caso que llevó a la cárcel al juez corrupto Luis Pascual Estevill. Su último asunto ha sido el caso Pallerols, en el que Unió Democràtica ha reconocido que se financió ilegalmente y devolverá 388.000 euros de los que se lucró con fondos públicos.
El fiscal se muestra escéptico sobre la eficacia judicial en la lucha contra la corrupción por los constantes recortes que se están produciendo en todos los niveles. “El contexto actual no favorece en nada nuestro trabajo. O se nos dota de más medios y personal o no podremos perseguir la corrupción económica y política, porque cada vez surgen más asuntos y son más complejos”.
Rodríguez Rey cree que la desigualdad de armas con la que trabajaba la justicia hace unos años en esos asuntos ya no es tal. “No hay que despreciar la capacidad del Estado para combatir la corrupción si existe voluntad. Los acusados tienen muy buenos defensores y pueden contratar magníficos informes periciales en defensas de sus tesis, pero las unidades de policía judicial y la Agencia Tributaria también tienen técnicos muy cualificados”.
El problema, dice, es el momento que atraviesa la justicia española. “La situación que vivimos en la fiscalía es mala, pero en los juzgados de instrucción es todavía peor. En algunos casos resulta “casi una heroicidad que un juez pueda atender las tareas de su juzgado y ocuparse de asuntos tan farragosos y complicados”, dice. Frente a eso, lo único que queda es la dedicación y la implicación personal. El fiscal evita dar nombres, pero ahí queda el caso de Baltasar Garzón hasta que fue expulsado de la carrera judicial por una querella de Manos Limpias y el beneplácito del Tribunal Supremo. O el juez de Palma de Mallorca José Castro, instructor del caso Urdangarín, y del fiscal del asunto, Pedro Horrach.
En el otro extremo, el de la inoperancia del sistema judicial se sitúa, por ejemplo, el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules que instruye el llamado caso Fabra que afecta al expresidente de la Diputación de Castellón y por el que han pasado ya nueve jueces distintos y cuatro fiscales. Y ahí sigue empantanada la investigación. O el del juez Juli Solaz, en Barcelona, que fue el primer instructor del saqueo del Palau de la Música y que se tomó el asunto con una parsimonia insólita dada la gravedad del caso y que acabó pidiendo el traslado.
José María Mena, exfiscal jefe de Cataluña acuñó en su libro De oficio fiscal una diferencia entre la “delincuencia de moqueta y de metralleta”. Rodríguez Rey se considera un alumno suyo y tiene claro que es mucho más difícil de perseguir la primera que la segunda. “La delincuencia económica es más complicado detectarla, reconstruirla y depurarla, aunque las bandas organizadas también se están sofisticando mucho con los años”.
Y en ocasiones ocurre que, tras año de investigación de la fiscalía y de trabajo de las unidades de policía, los acusados acaban absueltos. Rodríguez Rey no esconde que todo eso le produce “cierta sensación de insatisfacción”, pero añade que “el derecho no es una ciencia exacta y existe un elemento subjetivo de valoración de la prueba que corresponde a los jueces”.
Cosa distinta es cuando los tribunales condenan en sentencia firme y el Gobierno, con unas líneas en el BOE, tumba todo ese trabajo de años con un indulto. Ocurrió en febrero de 2012, cuando el Gobierno del PP indultó a un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol condenado a cuatro años de cárcel y a un empresario, condenado a dos años y tres por malversación de fondos públicos. Ambos eran militantes de Unió Democràtica. Rodríguez Rey actuó como fiscal del caso y declina opinar sobre el indulto. “Es una decisión política y le corresponde hacerlo a la ciudadanía. Me reservo lo que pienso”, dice. Y después insiste en que hizo su trabajo durante el juicio, en el recurso ante Supremo “y hasta el último minuto, informando en contra del indulto que reclamaron los afectados”.
El principio jerárquico que rige la fiscalía no ha supuesto para él ningún obstáculo. “Jamás he recibido una orden de ningún superior en sentido contrario al mío, y eso que he trabajado con jefes de todas las sensibilidades”, apostilla.
Los continuos asuntos de corrupción política que ocupan los diarios desde hace años son, en su opinión, un mal mensaje que se lanza a la población y colocan a la justicia en una situación de vital importancia. “La corrupción socava la confianza ciudadana en el sistema y es necesario depurar responsabilidades”, apunta. Con todo, también dice sin reparos que la vía penal ni puede ni debe ser la única solución para combatir la corrupción. “Algo falla cuando la tarea de higienización de la vida pública se fía solamente al ámbito penal, porque ese no es el camino para resolver ningún problema de la sociedad. Tampoco la corrupción”. Afirmar lo contrario, dice, es no querer afrontarlo con una visión integral.
A su parecer, la lucha contra la corrupción debe abordarse con la ejemplaridad en las conductas de los cargos públicos, la educación en las escuelas, con controles administrativos previos que eviten esos casos, así como con mayor eficacia y medios en los organismos públicos de control y supervisión. “Por supuesto que también con el Código Penal, pero con procedimientos judiciales más ágiles y policías especializados”, dice.
La tendencia de algunos responsables políticos a modificar el Código Penal a golpe de Telediario tampoco la considera solución de nada. “El Código Penal es mejorable, pero el principal problema es la agilidad del proceso y la falta de medios”, insiste una y otra vez.
FERNANDO RODRÍGUEZ REY
Fiscal anticorrupción
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