Chapuza significa «trabajo mal hecho o sucio», así que debería titular esta nota como «la gran estafa» o «la mayor estafa de la historia de España», pues tratándose de Bankia hay que nombrarla sin paliativos como el engaño, y fraude, jamás cometido en nuestro país. Miren ustedes, lo que eufemísticamente han llamado saneamiento de esta entidad nos va a costar a los ciudadanos 30.000 millones de euros, cifra que es producto de sumar a los 22.500 millones de ayudas recibidas entre 2009 y 2012 otros 7.800 millones de pérdidas contabilizadas en los nueve primeros meses. En total, nada menos que el 3% del PIB español.
En el año se han producido drásticos recortes en sanidad pública, educación, I+D, inversiones en infraestructuras... etcétera, con el objeto de reducir el déficit del 9,4% al 6,3%, y se da la circunstancia que esa diferencia es el equivalente a la ayuda destinada a apuntalar a este banco zombi y quebrado que no aporta nada al sistema financiero. Si hubiera sido liquidado, nos hubiera salido más barato y no lo echaríamos de menos, pues su espacio financiero, dado el exceso de capacidad instalada, estaría ya ocupado con máseficiencia por las otras entidades sanas y solventes.
Es más, no incluyo en esa descomunal cifra los 8.000 millones que nos ha costado el saneamiento de su filial, el Banco de Valencia, que fue absorbido por La Caixa por 1 euro, ni tampoco los 22.000 millones transferidos por Bankia al «banco malo», que ya veremos cómo se recuperan. Todo ello sazonado con los quebrantos en que han incurrido clientes de preferentes y accionistas que han perdido prácticamente su inversión. Pues ya ven, queridos amigos, el fiasco de Bankia es obra de políticos y de sus amigos y correligionarios, empezando por la nefasta gestión de Blesa, puesto por Aznar, compañero y amigo de pupitre, y siguiendo con Rato, nombrado y apoyado por toda la cúpula del PP.
Uno se hace cruces cuando lee lo que han declarado ante el juez los treinta y tres miembros del consejo de administración imputados en este caso. Por ejemplo, Fernández Norniella, hombre de confianza de Rato, echa la culpa a la auditora Deloitte, lo mismo que Alberto Ibáñez, ex presidente de la comisión de auditoría de la entidad, argumento al que se suman Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE (¡vaya carrera que lleva esta organización!), y hasta Santín, representante de IU en el consejo, siguiendo con José Luis Olivas, ex presidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia que, junto con Rato, ha cargado las culpas de lo ocurrido al inoperante MAFO, antiguo gobernador del Banco de España, y a los gobiernos de Zapatero y Rajoy.
Otro que tal baila es Francisco Verdú, ex consejero delegado de Bankia que, después de cobrar un sueldo de 1.700.000 euros por un año de trabajo, le dijo al juez que él había participado muy poco en la cosa. Éstos y otros, pertenecientes al PSOE, al PP, IU y los sindicatos que se sentaban en el consejo, han declarado que no entendían ni sabían leer un balance bancario, pero que aprobaban las cuentas sin preguntar por aquello del qué dirán.
En definitiva, hay un montón de imputados y muchas declaraciones, pero ante la Audiencia todos echan balones fuera y se sacuden la responsabilidad mostrándose ignorantes de lo que pasaba y echando la culpa a la crisis, a la auditora y al Bando de España. Verán ustedes cómo todos se van de rositas. Aparte de cobrar suculentossueldos, dietas y gastos pagados a cargo de la entidad, uno se pregunta: ¿qué hacían estos incapaces ahí para no enterarse de que nos estaban escamoteando a los contribuyentes el 3% del PIB español? y... ¿quién los nombró?
Sin regreso al pasado.
Los políticos se resisten a aplicar las medidas que saben que necesita la economía española.
La economía española no se arregla con más crédito». Esta frase no es de ningún revolucionario, sino que fue pronunciada hace casi dos años por Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander. Y vino acompañada de un corolario: nuestra economía debe desapalancarse (es decir, hasta que no se reduzca sustancialmente el endeudamiento no se darán las condiciones para crecer y, más tarde, generar empleo nato).
Viene esto a cuento de los lamentos de sectores clave de la economía española (inmobiliarios, fabricantes de automóviles), que piden medidas para que «fluya el crédito» (por ejemplo, al saberse que las ventas de coches han retrocedido a niveles de 1986). Pero esa vuelta al pasado es la que Sáenz y nuestros acreedores nos dicen que no es posible, porque es la que nos ha conducido a la situación actual: cuando se vendían más de 1,6 millones de vehículos, entre 2004 y 2007, el 80% de las compras era a crédito.
Así que el camino para volver al crecimiento pasa por medidas de fondo, conocidas por nuestros políticos, pero que se resisten a aplicar: o porque sus efectos son lentos y no dan votos (reforma del sistema educativo, fomentando la contratación del profesorado y no su funcionarización, además de primar la igualdad de oportunidades entre alumnos, no de resultados) o porque los quitan (como la reestructuración del sector público, con la eliminación de organismos donde colocar a «amigos, conocidos y compañeros de partido» -a finales de 2012 el Estado central solo había suprimido 4 de los 80 organismos a los que se había comprometido, mientras que las autonomías hacían lo propio con 69 de 514-). En todo caso, parece claro que no se solucionará el endeudamiento... con la creación de nueva deuda, como pretenden algunos.
Desvergüenza.
Rajoy y buena parte de su «troupe» cobran una ayuda por alojamiento, aunque viven habitualmente en Madrid.
Democracia Real Ya, una asociación que con su nombre lo dice todo, presentó ayer una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuatro de sus ministros, Cristóbal Montoro, de Hacienda; Jorge Fernández Díaz, de Interior; Ana Pastor, de Fomento, y Fátima Báñez -un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es-, de Empleo, así como contra otros 58 diputados, a los que acusa de malversación de fondos públicos y apropiación indebida, porque aunque viven habitualmente en Madrid cobran 1.823 euros al mes -un buen sueldo para la mayoría de los españoles- en concepto de dietas de ayuda al alojamiento. En varias ocasiones lo comenté en esta columna a propósito de la diputada y ex ministra -ahora presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores- Elvira Rodríguez, que tiene cinco viviendas en Madrid -donde nació y siempre ha residido-, pero como era cunera por Jaén cobraba la ayuda sin el menor sonrojo.
El escándalo que acaba de destapar y desatar Democracia Real Ya es mayúsculo, pero no por la querella, sino desde el primer día en que ese hatajo de aprovechados empezó a cobrar. La novedad es que si el Tribunal Supremo la admite a trámite Rajoy, sus cuatro ministros y al menos los diputados, de los 58 de marras, que sean del PP deberían dimitir automáticamente, porque tal es la doctrina del partido que ahora gobierna.
Obviamente, el Supremo, politizado hasta las cachas y más en el futuro merced a la última gracia del desgracias de Gallardón, se hará el loco. Y si mete los cuernos será pura escena. En todo caso, Rajoy no dimitirá, ni tampoco sus conmilitones y cocarnetarios.
Ahí y así queda retratada la casta política, forrada hasta la náusea mientras seis millones de conciudadanos no tienen trabajo y el resto está pendiente del día en que lo va a perder.
Si al menos hoy, en la duodécima noche, según Shakespeare, los Reyes Magos nos trajesen un poco de justicia y se llevasen a tanto...
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