LOS POLITICOS NI SU AMIGOS ASESORES PADECEN LA CRISIS

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Asesores fantasma: 2.500 euros al mes sin ir a trabajar.

La facilidad con la que muchos políticos, asesores y altos cargos han despilfarrado dinero público está saliendo a la luz ahora que la crisis ha obligado a adelgazar nóminas, reducir presupuestos y vigilar concesiones. Muchas de esas historias han permanecido ocultas hasta hoy que se están conociendo verdaderos dispendios difíciles de justificar como el de Miguel Soler.

Un asesor que firmó su contrato el pasado 27 de junio al servicio del Partido socialista de Valencia (PSPV). Para dar fe, su incorporación fue tramitada por el presidente de Les Corts, Juan Cotino, quien nombró a Soler secretario del vicepresidente segundo de la Mesa de la Cámara valenciana, Ángel Luna.

Todo ello en el mismo lugar desde el que se acusa a las familias más necesitadas de gastarse las ayudas en teles de plasma.

Hasta aquí bien, ¿verdad? Cargos de este tipo son de libre designación por mucho que se esté comprobando día tras día que sirven para enchufar a amigos y familiares. Sin embargo lo de Miguel Soler es un escándalo ya que, a pesar de haberse cumplido ya cinco meses desde su nombramiento a razón de 2.500 euros brutos mensuales más dos pagas, Soler no ha fichado ni un solo día en su puesto en Les Corts Valencianes.

Sí que acudió un día, en julio, pero lo hizo de visita ocupando la mesa presidencial de un acto que protagonizó Alfredo Pérez Rubalcaba en Valencia. En total, 12.500 euros directamente a su bolsillo por no hacer nada. Más que un sueldo Nescafé.

En total, se calcula que todos los asesores de España cuestan a los ciudadanos 850 millones de euros.

Según relata el diario Las Provincias, la llegada del nuevo personal de confianza a Les Corts se produjo después de la victoria de Ximo Puig en el congreso socialista de Alicante tras derrotar al anterior secretario general del partido, Jorge Alarte.

Aquel triunfo se basó, según cuentan los medios locales, en una serie de promesas que Puig se ha visto obligado a cumplir pese a que "la caja fuerte está vacía". Las apreturas económicas de los socialistas valencianos son el principal quebradero de cabeza de la actual dirección, pero está claro dónde no ven a meter la tijera.

UPyD denuncia que PP, PSOE e IU impiden que se baje el sueldo de alcaldes y concejales

UPyD sigue siendo la nota discordante en muchos de los debates económicos a nivel local. La formación magenta ha solicitado en diferentes parlamentos autonómicos la bajada de sueldo de alcaldes y concejales para que no cobren más que un cargo autonómico o estatal. Pero la respuesta en casi todos esos foros está siendo la misma: nula.

Eso sucedió hace pocas fechas en la Asamblea de Madrid, donde el diputado y portavoz adjunto de la formación magenta, Ramón Marcos, denunció el desequilibrio existente. Así, poniendo como ejemplo el sueldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy -78.185 euros-, enumera los emolumentos de los alcaldes de Barcelona -110.000 euros-, Madrid -101.987 euros-, Zaragoza -92.000 euros-, Alcobendas -97.000 euros- o Las rozas -86.894 euros-. Sueldos que en su mayor parte han crecido en los últimos años un 30%, coincidiendo con los primeros recortes del Gobierno socialista y la congelación de la retribución de los funcionarios.

Los partidos cobran 16 millones de euros de dinero público cada tres meses.

Sin embargo, ni PSOE, ni PP, ni IU han querido apoyar la propuesta de rebajarse el sueldo tachando a la formación de Rosa Díez de "populista y demagoga". En ese sentido, David Pérez, diputado regional del PP en Madrid, alcalde de Alcorcón, y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, censuró la propuesta de UPyD al denunciar el doble rasero existente, ya que los concejales del partido magenta en Alcalá de Henares ganan más que muchos alcaldes de localidades más grandes de Madrid.

Los miembros de UPyD no comparten esa excusa, que en parte es cierta. Sí que es verdad que cobran sueldos superiores a alcaldes de otros municipios, como es el caso de Alcorcón, pero recuerdan que lo hacen porque, según señalan, PP, PSOE e IU han bloqueado con sus votos la posibilidad de debatir una moción que regule una bajada de salarios.

Tanto es así que todos ellos, al igual que los diputados nacionales de la formación, donan hasta un 20% de sus sueldos a ONGS ante la imposibilidad de conseguir bajarse los emolumentos.

La polémica cobra especial relevancia estos días en los que ha entrado en vigor la ley de incompatibilidad de sueldos decretada por el Gobierno el 13 de julio. Una medida que prohíbe cobrar la indemnización por dejar de ocupar un alto cargo a los políticos que tengan otros ingresos, pero que nada dice de los que cuentan con dos o más sueldos del erario. Y ese es el caso de una decena de alcaldes —como el de Zaragoza- que cobran su sueldo como alcalde y otro como senador.