LA CARA NEGRA DE LA CRISIS

Las Cariátides-Partenón-Atenas.Grecia

Un 32% de las personas sin hogar han perdido su techo este año.

El INE ha publicado un avance que cifra en 23.000 las personas sin vivienda que han pasado por centros asistenciales.
La pérdida del trabajo es la principal causa de perder su alojamiento.

Casi la mitad de las personas sin hogar llevan más de tres años en esa situación y un 32% han perdido el techo en este año. Este colectivo, de difícil recuento, se cifra en casi 23.000 personas, que son las que han pasado por centros asistenciales (de alojamiento o restauración), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 80% de estas personas son hombres y más de la mitad del total tienen menos de 45 años, situándose la edad media en 42. Las causas principales de estar sin techo son la pérdida del empleo (45%), no haber podido hacer frente a los pagos de la vivienda (26%) o la separación de la pareja (20%). Aunque los expertos saben que no siempre basta uno de estos motivos, sino que, por lo general, es la mezcla de varios de ellos la que lleva a esta situación.

La falta de red familiar es determinante, como indican las cifras: el 51% de ellos son solteros y el 28% separados o divorciados. Uno de cada 10 tiene hijos, pero la falta de dinero ha sido una constante en sus vidas y el 41% comparte la pérdida de algún familiar.

El 60% completó la educación secundaria y hasta un 11,8% alcanzó estudios superiores. Más de la mitad están buscando empleo y el 38% lo lleva buscando entre uno y tres años. El 17% desde hace más de tres.

Extranjeros y españoles se reparten casi mitad por mitad la estadística, 54% españoles, 45% extranjeros, de los cuales, el grupo más numeroso es el de los africanos. A pesar del carácter errante de estas personas, el 98% de los españoles están empadronados en un municipio, mientras que solo lo está el 77% de los extranjeros.

Teniendo en cuenta que estas cifras se extraen solo entre las personas sin hogar que han pasado por centros residenciales de municipios de más de 20.000 habitantes y que son mayores de 18 años, País Vasco, Galicia y Navarra son las comunidades donde más personas con estas características se han contado, en relación con la población (por cada 100.000 habitantes). Ceuta y Melilla, con 638 y 549 superan con creces los datos de las comunidades antes citadas, pero seguramente es debido a que se incluyen los centros de internamiento de inmigrantes.

A pesar de vivir en la calle o en centros asistenciales, un 11% perciben una renta mínima de inserción y un 2,2% aún cobran subsidio por desempleo. Un 8,4% percibe alguna renta por desempeñar algún trabajo y un 6,% tiene pensión no contributiva. Los demás reciben ayudas de ONG, familia o de gente anónima en la calle.

Las preferentes y subordinadas de las cajas rescatadas pierden 12.000 millones.

El dinero público inyectado en la banca española roza los 55.000 millones

Bruselas aprueba la reestructuración de cuatro grupos de entidades más

“Es difícil de explicar”, suele comenzar diciendo el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, cuando le preguntan por qué hay que inyectar en la banca el dinero público que haga falta mientras se recorta en todo —absolutamente todo— lo demás. Almunia presentó este jueves en Bruselas, coincidiendo con la esperada comparecencia en los juzgados del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el penúltimo capítulo relativo a las dificultades del sector financiero: cuatro grupos de cajas (Liberbank, Caja3, BMN y Ceiss) necesitan 1.865 millones de euros adicionales del rescate europeo a cambio de una dura reestructuración. El comisario, además, dejó dos cifras que resumen a la perfección la pequeña historia de esta fenomenal crisis financiera en su versión española. Una: el coste que asumen los contribuyentes españoles y europeos, casi 55.000 millones por ahora. Y dos: la factura para quienes invirtieron o se metieron sin saber exactamente qué hacían en preferentes, subordinadas y demás títulos agrupados bajo la eufemística denominación de capital híbrido, que asciende a 12.000 millones más.

Y sí, es difícil de explicar, pero al cabo la banca es el sistema circulatorio de la economía y sin sanear el sector la salida de la crisis es complicadísima, según los manuales al uso en Bruselas y en Madrid: España cargó con ese fardo mientras pudo (el Gobierno se gastó 13.000 millones) y el rescate europeo ha hecho el resto: con la operación de este jueves suma 41.300 millones, a cambio de duras condiciones tanto para el sector financiero como para el contribuyente de a pie, sometido desde hace meses a un reguero de recortes, subidas fiscales y demás cortesías de la crisis. En total, esos casi 55.000 millones que pasan a engrosar la deuda pública española.

Esa cifra no es más elevada porque Bruselas y el Gobierno han acordado que los accionistas, titulares de preferentes, deuda subordinada y otros instrumentos de capital híbrido de las cajas rescatadas contribuyan a su reestructuración asumiendo unas pérdidas totales de 12.000 millones, según los datos que avanzó este jueves la Comisión. Con ese quebranto para los poseedores de las controvertidas preferentes y demás —al igual que con la venta de activos, las ampliaciones de capital o las transferencias de activos perjudicados al banco malo, que suman 6.000 millones adicionales—, Bruselas persigue una de sus obsesiones: reducir al máximo la cuenta para los contribuyentes.

Los inversores en esos productos tendrán que aceptar fuertes quitas, que se irán en algunos casos por encima del 50%. Almunia se negó a dar la cuantía definitiva —“eso le corresponde al Gobierno”—, pero dejó clara la filosofía al respecto: “En el caso español hay titulares de preferentes y de otros productos que, por decirlo suavemente, fueron engañados; pensaban que eran productos seguros y ahora se encuentran con que tiene que sufrir un fuerte descuento”. Explicó que habrá fórmulas para compensar a las víctimas de esos abusos o engaños, básicamente la vía legal o los arbitrajes. Pero no dinero público: “Esas compensaciones no deben ser sufragadas por los bolsillos de los contribuyentes estonios, eslovacos, holandeses o belgas”, cerró. En plata: el Ejecutivo no puede recurrir alrescate europeo para taponar esa vía de agua, que le puede dar problemas en la calle.

Junto a las grandes cifras que resumen las malas noticias relacionadas con la banca, Bruselas aprobó también duras reestructuraciones para cuatro grupos de cajas: Liberbank, BMN, Caja3 y Ceiss. Esas cuatro entidades, junto con las cuatro ya nacionalizadas —capitaneadas por Bankia— son un compendio de todos los males que aquejan al sector. El tamaño de su balance aumentó a toda prisa, con préstamos a empresas y familias pero sobre todo al sector inmobiliario, a constructores y promotores, financiados con depósitos hasta que la velocidad que se requería para hinchar la burbuja obligó a acudir a los mercados mayoristas, lo que las deja expuestas a problemas derefinanciación. En sus órganos de gobierno había claros vínculos “entre la esfera política y la gestión”, en palabras de Almunia. Ahora, la necesidad de fondos públicos lo cambia todo: la Comisión aprobó una profunda reestructuración que obliga a Caja3 (fruto de la fusión de cajas aragonesas, de Burgos y Badajoz) a dejar de existir como entidad independiente al ser absorbida por Ibercaja. Ceiss se venderá (Caja España y Duero están en pleno proceso de fusión con Unicaja) y BMN y Liberbank cotizarán en Bolsa en un plazo de cinco años. En todos los casos se exigen fuertes recortes del balance —más despidos y cierre de oficinas— y se les obliga a replegarse a sus regiones de origen, a abandonar el negocio con promotores, a vender filiales y a aplicar los citados recortes a los titulares de preferentes y subordinadas. A cambio, BMN recibirá 730 millones; Ceiss, 604 millones; Caja3, 407 millones, y Liberbank obtendrá 124 millones.

En julio, el sistema financiero “estaba lastrado por la incertidumbre derivada de las potenciales pérdidas de los bancos por su exposición a la burbuja”, afirmó Almunia. Esa incertidumbre se va disipando: finalmente, ocho entidades han precisado en torno a 39.000 millones, muy por debajo de los 57.000 que se esperaban tras la auditoría de Oliver Wyman. Y aun así las cifras son mareantes, “demasiado elevadas”, insistió este jueves hasta en dos ocasiones Almunia; por números de ese calibre los expertos aseguran que el sector financiero, y no solo el español, tiende a privatizar los beneficios y a socializar las pérdidas. Los analistas apuntan también a otros motivos para explicar tanto la crisis financiera internacional como sus particularidades españolas: las puertas giratorias que existen entre política y banca. Tres de los últimos cuatro ministros de Economía, por ejemplo, tienen vínculos con el sector. Rato presidió Bankia; Pedro Solbes es asesor de Barclays, y Luis de Guindos fue consejero de BMN y presidente de la filial ibérica de Lehman Brothers.