“El ministerio ha iniciado reformas que restringen derechos fundamentales”
Unos 300 jueces, fiscales y abogados protestan ante el ministerio por la situación de la Justicia´.
Los concentrados piden la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón
En un acto sin precedentes, jueces, fiscales y abogados se han concentrado en diferentes puntos de España para protestar por la situación de la administración de justicia y las medidas que está adoptando el Gobierno en esta materia. En Madrid la cita era ante el ministerio. Bajo el lema “RIP. Sin justicia no hay derechos”, unas 300 personas han reprobado normas como las nuevas tasas judiciales y han pedido mejoras en sus condiciones laborales.
Sobre las 13.10 empezaban a llegar los primeros asistentes a la concentración, prevista para las 13.30. Minutos después, al menos tres centenares se agolpaban ya a ambos lados de la calzada a la altura del número 45 de la calle de San Bernardo. Entre ellos se encontraban el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el magistrado decano de Madrid, José Luis González Armengol, o el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.
“El ministerio ha iniciado reformas legislativas, algunas ya culminadas, que restringen los derechos fundamentales y vulneran la tutela judicial efectiva”, apuntaba Rafael Fluiters, juez en el juzgado número tres de primera instancia de Madrid. Fluiters también criticaba que se esté intentando convertir el Consejo General del Poder Judicial en un “mero órgano consultivo”.
Entre pitos y al grito de “Gallardóndimisión”, la concentración ha llegado a invadir la carretera, obstaculizando el paso de vehículos, actuación que no ha gustado a algunos de los que se encontraban allí protestando. Finalmente, algo más de media hora después, agentes de la policía han formado dos cordones para mantener a los asistentes en las aceras.
Las asociaciones de jueces y fiscales han convocado concentraciones en las sedes judiciales de todas las capitales de provincia, pero algunos juristas han decidido venir a protestar a Madrid. Era el caso de Miguel Ángel Martín, magistrado del juzgado de lo penal de Valladolid. “No solo protestamos por nuestras condiciones de trabajo. También lo hacemos por los ataques contra la tutela judicial efectiva y los derechos de los ciudadanos, que cada vez se deterioran más”, señalaba.
“Esta es una concentración sin precedentes. Jamás pensamos que jueces y fiscales estaríamos unidos ante el Ministerio de Justicia para protestar”, añadía un grupo de fiscales que preferían no dar su nombre.
La convocatoria ha partido de jueces y fiscales pero ha contado con el apoyo del Consejo General de la Abogacía. El abogado Fernando Sánchez de la Llave coincidía en que “no se puede dejar sin derechos a los ciudadanos de a pie”. También se han acercado hasta San Bernardo algunos estudiantes, como José Hormigo. Este joven de 21 años, procedente de Estepona (Málaga), cursa cuarto de Derecho en la Universidad Complutense. “No tiene sentido que la justicia se restrinja en virtud del dinero que se tiene en el bolsillo cuando suele ser dinero lo que se va a reclamar. Habrá gente que se piense si interponer una demanda y entonces ya no estamos ante una justicia libre”, argumentaba sobre la ley de tasas.
Madrid ha leído un manifiesto ante los medios, el mismo que se ha leído en el resto de ciudades. El texto, que ha sido entregado en el ministerio, recoge una serie de reivindicaciones, como potenciar la estructura y las competencias del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, “rechazando cualquier modificación que mine su independencia”; aumentar la planta de jueces y fiscales “hasta alcanzar parámetros de la media europea”; inversión y adopción de medidas para “paliar el abandono en el que se encuentran juzgados y fiscalías debido a la ausencia de medios personales y materiales”, o el establecimiento de “tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la justicia”.
“Con estas propuestas hacemos un llamamiento a los responsables de justicia para que no sea vista como un problema. Queremos una justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación de la economía”, ha añadido Armengol.
El magistrado ha destacado el hecho de que por primera vez se haya organizado una agrupación de jueces y fiscales donde todas las asociaciones han consensuado un eje común. Ha advertido además de que la posibilidad de una huelga está sobre la mesa: “Vamos a hacer una valoración y la semana que viene se tomarán las medidas correspondientes para el mes de diciembre”.
Industria dice que “los consumidores, sus hijos y nietos” pagarán la deuda eléctrica.
El secretario de Estado de Energía habla de "oligopolio" y luego lo niega
Martí señala que la deuda eléctrica tardará 20 o 30 años en pagarse
El secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, ha asegurado este viernes en el Senado que los consumidores, "sus hijos y sus nietos" van a tener que devolver la actual deuda eléctrica durante "20 o 30" años, y ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar el déficit de tarifa y evitar una "quiebra". "¿Sabe cuánto tiempo van a pagar nuestros hijos y nietos el exceso de primas y de déficit de tarifa? Veinte o treinta años", afirmó Martí en una comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado, en la que se mostró especialmente molesto con las críticas del senador socialista Jesús Alique a su gestión.
Martí atribuyó el déficit de tarifa a "decisiones regulatorias anteriores mal hechas", y consideró que su departamento se enfrenta a "un bache provocado por un endeudamiento no deseado", de modo que "el Estado tiene ahora que cubrir la deuda subiendo tarifas, poniendo impuestos eléctricos o atendiendo a un parón de energías porque no se pueden desarrollar más".
"Nos dicen que no tenemos política energética. La mejor política energética del país es poder pagar todos los costes. Se ha formado un déficit de tarifa tan grande que probablemente el sistema quebraría" si no se hubiesen adoptado las decisiones aprobadas este año por el Gobierno, señaló.
El secretario de Estado de Energía aseguró además que su departamento ha sido el primero en "quitar" dinero al "oligopolio" eléctrico, en concreto 3.000 millones, para evitar con ello una "quiebra" del sistema provocada por el abultado déficit de tarifa. "Por primera vez se quita al oligopolio de Endesa e Iberdrola 3.000 millones. Y usted dice que protegemos al oligopolio", afirmó Martí en respuesta a Alique. No obstante, en una intervención posterior negó haber reconocido la existencia de un oligopolio y elogió a las empresas del sector.
"No he reconocido ningún oligopolio. Son cinco empresas, grandes empresas generadoras, y miles de pequeños generadores. No he reconocido que haya oligopolio", aclaró el secretario de Estado, quien aseguró además que su departamento sí dialoga con el sector. "Le voy a mandar la relación mes a mes de las entrevistas que el director general de Energía, el IDAE y el secretario de Estado han tenido con el sector. Se va a asombrar y verá si dialogamos o no con el sector", afirmó.
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