LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID ESPERANZA AGUIRRE DIMITE

Plaza Mayor de Madrid(foto J.A.Miyares)

Razones poco claras de una dimisión.

El cese de Aguirre, tras entrevistarse con Rajoy, da pie a sospechar que en su decisión hay algo más que motivos personales.

Razones poco claras sobre los motivos de su renuncia al cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, lo cual da pábulo a todo tipo de especulaciones. Conociendo su carácter y su pasión por la política, está claro que las razones de su cese deben de ser muy poderosas. Una de ellas puede ser su estado de salud, pero no el único ni quizás el más poderoso. Deben de existir otras causas relacionadas con su posición dentro del PP, en el que probablemente no encuentre ahora salida a sus aspiraciones.

Aguirre llegó a la presidencia madrileña en 2003 después de un oscuro episodio protagonizado por los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, cuya traición hizo que el socialista Rafael Simancas no pudiera encabezar un Gobierno de coalición del PSOE e IU. Eso fue lo que propició que Aguirre ganara las posteriores elecciones, convocadas tras el escándalo.

Esta veterana política ha gobernado Madrid con mano de hierro gracias a la cómoda mayoría absoluta de que disfrutaba en la Asamblea. Desde este puesto hizo frente a su competidor y correligionario Alberto Ruiz-Gallardón y también discrepó en más de una ocasión con Mariano Rajoy, jefe supremo del Partido Popular. Ha salido victoriosa no solo en las batallas electorales que ha afrontado, sino también a las peleas internas del Partido Popular. Jamás se ha mordido la lengua para decir lo que pensaba, en ocasiones de forma más radical de lo que sostenía la doctrina oficial de la dirección de su partido.

Pero llegados a este punto, Aguirre quizás ha sentido que su biografía ha llegado a un punto muerto, un punto quizás poco emocionante para ella, deseosa de romper el corsé de la Comunidad de Madrid. Su mano derecha, el vicepresidente Ignacio González, también daba desde hace meses señales de agotamiento y cansancio, como si el puesto se le quedase pequeño.

GRECIA QUIERE ALQUILAR 40 ISLAS

El Gobierno griego espera que la venta de activos del Estado pueda mejorar la mala situación económica.

Grecia ya no sabe que hacer para tratar de obtener recursos para paliar la crisis de deuda que padece. El último intento por parte del ejecutivo para obtener liquidez no es otro que alquilar algunas de las islas deshabitadas que rodean el archipiélago. Hasta un total de 40 de ellas se podrán obtener en régimen de concesión para los próximos 50 años.

La idea de poner a la venta estos pedazos de tierra no es nueva. En 2010 se generó un intenso debate en la república helénica, ya que la ley impide la venta de estos terrenos de titularidad pública, por lo que el Estado lo que hará ahora será cederlas en régimen de concesión durante un periodo de 50 años como máximo.

Las cifras que pretenden recaudar los enviados de la troika al país heleno oscilan entre los 25.000 y los 50.000 millones de euros a través de la venta de patrimonio, aunque por el momento solo han alcanzado los 1.800 millones, según publica en diario griego ekathimerini.com.

Grecia posee más de 500 islas deshabitadas de las más de 6.000 que conforman su archipiélago en el Mediterráneo. El precio de alguna de ellas varía desde el escaso millón de euros de la Isla Modi hasta los 150 millones de euros de la Isla de Patroklos, todas ellas de propiedad privada y que se pueden adquirir en la web Privatesislandsonline.com. Algunos de los actuales propietarios de las islas privadas son personalidades poderosas, como la heredera de la familia Onassis.

Takis Athanasopoulos, presidente del organismo de privatización, anunció que la venta de activos del Estado puede generar unos 1.900 millones de euros para el año 2015. Por el momento Grecia ya inició la semana pasada la privatización de puertos y servicios básicos, según informó Europa Press.

DOS EXALTOS CARGOS DEL PSOE COBRAN 12 MILLONES EN COMISIONES POR LA VENTA DE BARCOS A CHAVES

Javier Salas Collantes, expresidente del INI, y su socio están imputados por el cobro de comisiones, que también percibieron exmilitares venezolanos

Fue el gran contrato de Navantia, la naviera pública, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero: la construcción de ocho patrulleras militares por las que Venezuela ha pagado más de 1.200 millones de euros. El acuerdo se cerró de Estado a Estado, con la implicación directa de Zapatero, su ministro de Defensa, José Bono, y el presidente venezolano, Hugo Chávez. Pero este hecho no evitó que Navantia pagara 42 millones de euros a varios comisionistas venezolanos y españoles, un 3,5 por ciento del monto global del contrato.

Un juzgado de instrucción de Madrid mantiene imputados por tráfico de influencias y delito fiscal a los dos comisionistas españoles, Javier Salas Collantes, último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), que salió del Gobierno en 1996, y el que fuera su subordinado en el INI Antonio Rodríguez-Andía. Cada uno ha cobrado seis millones de euros. El INI que Salas presidió se transformó en la actual SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), que es dueña del cien por cien del capital de Navantia.

La venta de los buques se firmó el 28 de noviembre de 2005 en Caracas. Poco antes, el 30 de septiembre, Navantia firmó un acuerdo mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd., a la que otorgó una comisión del 3,5 por ciento de la venta, 42 millones de euros. A su vez, Rebazve contrató a Rodríguez-Andía, expresidente de la pública Trasatlántica, y le pagó doce millones de euros, de los que seis terminaron en cuentas del que fuera fuera su jefe en los primeros gobiernos de Felipe González, Salas Collantes.

Más comisiones

Rebazve, administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, también repartió en su país una parte de los 42 millones de euros que facturaron. Según fuentes conocedoras de la negociación, hay constancia documental de queCarvallo y Malavé destinaron «grandes cantidades de dinero» a exmilitares de la Armada de Venezuela. De hecho, otro grupo de exmilitares con importantes contactos en el ejército «bolivariano», liderado por el exoficial Luis Calderón -ya fallecido-, protestó porque las comisiones no les llegaron a ellos. Contrataron a un despacho de abogados español para que reclamara su parte a Navantia. La empresa pública se negó a abonar cantidad alguna «porque ya habían pagado una barbaridad a los de Rebazve», asegura a ABC una fuente que intervino en la operación.

Fuentes no oficiales de Navantia lo consideran «escandaloso»

Fuentes no oficiales de Navantia consideran «escandaloso» que se

pagaran 42 millones de euros en comisiones en una venta que se había cerrado de Estado a Estado: «Lo que hizo Salas Collantes lo podía haber realizado alguien de Navantia». La postura oficial de la naviera pública es que los comisionistas fueron necesarios.

Se trata de cuatro barcos «BVL» (Buque de Vigilancia de Litoral) y otros cuatro «POVZEE» (Patrullera Oceánica de Vigilancia de la Zona de Exclusión Económica). Sólo falta por entregar el último buque, que se está construyendo en el astillero venezolano Dianca con tecnología de Navantia.

Estados Unidos intentó vetar la operación. No lo consiguió con los barcos pero sí con una partida de aviones que la española CASA iba a fabricar y que incluían tecnología estadounidense.