¡VAYA PAIS DE PANDERETA Y UN GOBIERNO INJUSTO¡

Las murallas de Chaves-Portugal(foto J.A.Miyares

Los inspectores se rebelan contra la ampliación de la amnistía fiscal.

Señalan que no respetarán la interpretación de Hacienda que permite pagar menos del 10% para limpiar rentas ocultas
También niegan que no vayan a realizar comprobaciones de las declaraciones
El PSOE califica la medida como injusta

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la asociación mayoritaria del sector, ha advertido este miércoles de que no va a cumplir con las recomendaciones que ha realizado la Dirección General de Tributos sobre la amnistía fiscal que permite a los defraudadores regularizar su situación pagando incluso menos del 10% del capital evadido para ejercicios prescritos. La IHE recuerda que el informe de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, no es vinculante y justifica su rechazo en que estas indicaciones van en contra de la legislación actual.

En este sentido, advierten de que "considerar, sin base normativa alguna, que se deben deducir las deudas, o lo que es aún más grave, que debe descontarse el capital que se haya obtenido con rentas prescritas del pago del 10% de los activos ocultos, es una interpretación incorrecta, al ir más allá de lo dispuesto en la norma".

En su opinión, la interpretación que se recoge en el informe de que los capitales obtenidos con rentas prescritas no tributan y de que los defraudadores que estén en esta situación únicamente tendrá que pagar el 10% por los intereses y dividendos de los últimos tres años, "supondrá tasas efectivas de tributación ridículas para los grandes evasores fiscales". De hecho, calculan que esta rebaja hará "extremadamente complicado" alcanzar el objetivo recaudatorio previsto de 2.500 millones de euros.

"Si el Gobierno o las Cortes consideran que debe facilitarse esta “Regularización Fiscal”, lo que deben hacer es cambiar las leyes", añaden.

Sobre la afirmación que hace laDirección General de Tributos en el informe en la que asegura que Hacienda no vigilará a los defraudadores que se acojan a la amnistía, los inspectores señalan que éste no es el "órgano que debe determinar qué comprobaciones puede o debe realizar el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria". En este punto, la AIH añade que las declaraciones especiales que permiten a los evasores regularizar su situación "son comprobables por la inspección, salvo que se modifiquen las leyes", insisten.

Por último, los inspectores ponen de relieve que la recaudación de la Agencia Tributaria ha caído hasta mayo en 3.500 millones de euros, respecto del mismo periodo del año anterior. "Esto se debe no sólo a la caída del crecimiento económico, sino también al desmoronamiento de la conciencia fiscal de los contribuyentes, derivada en parte de la amnistía fiscal, y a la falta de medios e impulso en la lucha contra el fraude fiscal", advierten.

En su opinión, sin embargo, "es imprescindible revertir esta situación y no agravarla con recortes indiscriminados en la Agencia Tributaria y potenciando la amnistía fiscal". Y la situación es factible de empeorar, vaticinan, lo que tendría "consecuencias graves" al poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit público.

El diputado socialista encargado de asuntos de Hacienda, Pedro Saura, ha criticado con dureza la amnistía fiscal. Los socialistas han recurrido ante el Tribunal Constitucional la medida y han presentado una demanda ante el contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional para paralizar el proceso de regularización hasta que decida el Constituicional. Saura ha censurado que "el Gobierno de mayores facilidades a los defraudadores para acogerse a la amnistía fiscal". Saura considera que "se ahonda en la indecencia, en la injusticia y en el error puesto que defraudar al Estado puede resultar ahora más barato mientras que para la mayoría de los ciudadanos se suceden los recortes, se impone el copago farmacéutico y se aumentan los impuestos"

Francisco Verdú renuncia a su cargo de consejero delegado de Bankia.

Considera que su presencia perjudica a Bankia. Era el único ejecutivo que quedaba de la época del expresidente Rato porque fue ratificado por los nuevos gestores

Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia y el único de los 33 imputados por la Audiencia Nacional que todavía estaba en el equipo de José Ignacio Goirigolzarri, presidente, ha presentado su renuncia. A corto plazo no está previsto que nadie le sustituya en el cargo. La entidad ha comunicado la salida de Verdú en un escueto comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El hasta ahora consejero delegado está imputado, junto a otros 32 consejeros, después de que el juez Fernando Andreu haya admitido a trámite la querella de UPyD tras el informe de Anticorrupción.

Verdú se incorporó oficialmente a Bankia a finales de junio, justo antes de que la CNMV aprobara el folleto de salida a Bolsa de Bankia, que dio su salto al parqué el 20 de julio de ese año. Es el único alto ejecutivo que siguió en la cúpula después de que el anterior presidente, Rodrigo Rato, dejara su cargo.

El juez cita como imputados a Rato, Olivas y Acebes por el ‘caso Bankia’.

Fernando Andreu admite a trámite la querella de UPyD tras el informe de Anticorrupción

La denuncia apunta a cinco posibles delitos, entre ellos estafa y apropiación indebida

Miguel Fernández Ordóñez, Julio Segura y el auditor declararán como testigos

El caso Bankia, o cómo el hasta hace poco cuarto mayor banco español pasó de publicar unos beneficios de 304 millones a necesitar meses después un rescate estatal de 23.465 millones (unos 500 euros por ciudadano), ya está activado en la vía judicial. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó este miércoles un auto en el que asume investigar la querella de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 miembros de los Consejos de Administración de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

Andreu avanza, sin fijar fechas, que llamará a declarar a estas 33 personas como inculpadas y les advierte que deberán acudir asistidos de abogado. Entre ellas están el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, al expresidente de la Comunidad Valenciana José Luis Olivas y al exministro Ángel Acebes, los tres del PP. La admisión de la querella ha causado gran preocupación en dicho partido y en el Gobierno.

En 49 folios, el auto de Andreu reproduce los distintos pasajes supuestamente delictivos que contiene la querella de UPyD y observa en ellos indicios de una “defraudación” que “habría producido, o podido producir, una grave repercusión en la economía nacional” y un “perjuicio para una generalidad de personas” de diferentes partes de España. El juez asume su competencia, avalada por la Fiscalía Anticorrupción, esgrimiendo, entre otros factores, el tamaño de Bankia y el coste del rescate y concluye que su quiebra ha podido “desestabilizar todo el sistema financiero del país”.

Andreu reclama toda una batería de documentos a diferentes organismos y al propio grupo bancario. En concreto, quiere información de detallada de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde el 1 de enero de 2008 en favor de los consejeros y directivos y sus familiares y en favor de los grupos políticos que han participado en la elección de los consejeros de las siete cajas que formaron BFA. También quiere toda la información sobre las prejubilaciones, pensiones, seguros de vida, retribuciones e indemnizaciones abonados a los consejeros y altos directivos.

A la CNMV le pide el expediente de la oferta pública de suscripción por la que Bankia salió a Bolsa y el folleto de emisión de dicha operación, delictiva según la querella. Tampoco deja al margen al Banco de España, al que solicita los documentos de la inspección desde el 1 de enero de 2011, el plan de capitalización presentado en enero de 2012, los informes relativos a las retribuciones de los consejeros y directivos de Bankia y BFA desde el 28 de diciembre de 2010 (cuando el Estado, través del FROB, inyectó 4.465 millones), así como el plan de saneamiento alternativo elaborado por Rato poco antes de su dimisión.

Como testigos declararán el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y el socio de Deloitte responsable de la auditoría de Bankia, Francisco Celma.

Anticorrupción ha remitido a Andreu un informe en el que apoya que asuma la querella de UPyD, si bien se opone a las medidas cautelares que se piden en ella: por ejemplo, la exigencia de fianzas o la intervención judicial del grupo bancario. El juez ha convocado para el día 23 de julio una comparecencia en la que oirá a las partes y tomará una decisión. Bankia está nacionalizada, por lo que no es previsible que Andreu la coloque bajo su control.

Anticorrupción, “a título indicativo”, y UPyD coinciden en que en el caso Bankia pueden concurrir delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales y administración fraudulenta, castigados con penas que irían entre los dos años y seis meses y los 15 años de cárcel. La Fiscalía, sin embargo, matiza que “en este momento inicial de la instrucción de la causa, con todas las diligencias pendientes de práctica, no es posible establecer si efectivamente se han producido hechos penalmente relevantes y, en consecuencia, tampoco imputar conductas delictivas a determinadas personas físicas sobre la base de su pertenencia al consejo de administración de BFA o Bankia”

Según Anticorrupción, esa mera pertenencia al consejo sirve como punto de partida de una investigación, pero es “insuficiente para la atribución de conductas delictivas concretas”. Por ello, la Fiscalía estaba en contra de llamar a declarar como imputados a los exconsejeros hasta avanzar en la investigación y ver si se puede “acotar el alcance de la imputación a todos o solo a parte de los consejeros e incluso a otras personas que no ostenten dicho cargo”.

El juez repasa los posibles delitos en su auto. El de falsedad vendría dado si se demuestra que “los consejeros de Bankia y BFA distorsionaron las cuentas de ambas entidades a fin de dar la impresión o crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo que les sirvió para mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse la confianza de los inversores en la salida a bolsa”.

El delito de administración desleal resultaría, opina el juez, de “la existencia de un perjuicio económicamente evaluable a todos y cada uno de los accionistas de Bankia” por la supuesta “disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad” fruto de una “gestión social en la que habría prevalecido el favor político al rendimiento económico, mediante una serie interminable de de ruinosas inversiones”. El tercer delito que se imputa, el de manipulación para alterar el precio de las cosas, radicaría en que “los consejeros, directivos y gestores de Bankia elaboraron y difundieron diversa documentación (...) que arrojaba una imagen de la sociedad absolutamente irreal (...) para lo cual no dudaron en manipular la información existente”, según la querella.

Sobre la administración desleal en relación “con las prejubilaciones y blindajes autoconcedidos por los consejeros de las cajas”, el juez señala que se trata, si llegase a probarse, “de una grosera infracción de los deberes de transparencia, fidelidad y lealtad”.