Capricho de la naturaleza"La Vejez"(foto J.A-Miyares)
Patrulleras gibraltareñas y la Guardia Civil se enfrentan en la bahía de Algeciras.
Han salido esta noche al paso de tres pesqueros de Algeciras para impedirles echar las redes.Esto ha provocado una confrontación con embarcaciones de la Guardia Civil que protegían a los pescadores.
Patrulleras de la Royal Gibraltar Police y de la Royal Navy han salido esta noche al paso de tres pesqueros de Algeciras para impedirles echar las redes en aguas próximas a la colonia, lo que ha provocado una confrontación con embarcaciones de la Guardia Civil que protegían a los pescadores.
Según han confirmado fuentes del sector pesquero, los tres barcos de Algeciras se aproximaron sobre las 21.00 horas a la bocana sur del puerto de Gibraltar con la intención de echar las redes.
Antes de hacerlo, cuando encendieron los luceros de sus barcos para iluminar el fondo de mar y echar las redes, se han aproximado varias patrulleras de la Royal Gibraltar Police, haciendo pasadas a su alrededor a gran velocidad, lo que ha provocado momentos de gran tensión e incluso, según las fuentes, de peligro.
Inmediatamente se han acercado al lugar varias embarcaciones y un helicóptero de la Guardia Civil para proteger a los pescadores, tal y como el gobierno español les ha encomendado.
También ha acudido al lugar una embarcación de la Royal Navy, que ha realizado varias comunicaciones por radio con la Guardia Civil para instar a los agentes a que abandonaran la zona.
Se trata de uno de los incidentes más graves de los que se han producido en las aguas próximas a la colonia desde el pasado mes de marzo, cuando la policía gibraltareña comenzó a hostigar a los pesqueros españoles que faenan en la zona basándose en un acuerdo suscrito en 1999.
El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha esgrimido que ese acuerdo era ilegal porque iba contra una ley medioambiental local de 1991 que prohíbe la pesca en la zona con redes.
El incidente se produce un día después de que Picardo y la cofradía de pescadores de La Línea suscribieran un "memorandum de entendimiento" por el que los pescadores se comprometían a faenar únicamente con el palangre y a no desafiar la ley gibraltareña en tanto una comisión de expertos independientes analizaba que tipo de artes se pueden utilizar en la zona, ya que los pescadores españoles alegan que las suyas son legales en la UE.
Este acuerdo invitaba a sumarse a los pescadores de Algeciras, que no participaron en la reunión de ayer y que hoy han salido a faenar.
Rajoy no convence a sus socios para que el BCE intervenga de urgencia.
El presidente insistió en que la liquidez es “más urgente, de enorme importancia en este momento, mucho más que el diseño futuro de la UE”
Agobiado por la presión de los mercados, que mantiene la prima de riesgo española próxima a los 500 puntos, el presidente español, Mariano Rajoy, llegó al Consejo extraordinario celebrado anoche en Bruselas con el propósito de convencer a sus homólogos europeos de la urgencia de una intervención contundente del Banco Central Europeo (BCE), que frene la escalada del tipo de interés que debe pagar España por financiar su deuda. Seis horas después, se marchó con las manos vacías. Alegó que se trataba de una cumbre informal, en la que no estaba previsto adoptar decisiones sino preparar los acuerdos que deben tomarse a finales de junio. Y agregó que, en realidad, los mandatarios europeos no tienen posibilidad de dar instrucciones al BCE, celoso de su independencia.
¿Por qué se empeñó entonces en plantear una demanda imposible? Porque, según sus palabras, la liquidez es la cuestión “capital, de enorme importancia en este momento, mucho más que el diseño futuro de la UE”, alegó. Porque se pueden hacer todas las reformas y sacrificios que se quieran, “pero si las deudas públicas no se pueden sostener, tenemos un problema”, añadió.
Amnistía Internacional destaca en su informe anual el uso excesivo de fuerza policial con el 15-M.
"La policía antidisturbios golpeó con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y había disparado proyectiles de goma contra ellos", señala."España siguió desoyendo" las peticiones para que ponga fin a la detención incomunicada de los sospechosos de terrorismo, dice la organización.También sostiene que "continúan efectuándose controles discriminatorios de identidad, centrados en personas pertenecientes a minorías étnicas".AI considera la primavera árabe como una oportunidad perdida."La crisis en España puede afectar a los derechos humanos".Recortes a la libertad de información en España.
Amnistía Internacional (AI) ha destacado este miércoles las denuncias "sobre uso excesivo de la fuerza" por parte de los policías en las manifestaciones de los "indignados" del Movimiento 15-M celebradas en toda España entre mayo y agosto de 2011 para reclamar un cambio político y social.
En su informe anual, con datos relativos a 2011, la organización pro derechos humanos también señala que "España siguió desoyendo" las peticiones para que ponga fin a la detención en régimen de incomunicación de los sospechosos de terrorismo y continuaron produciéndose "controles discriminatorios de identidad, centrados específicamente en personas pertenecientes a minorías étnicas".
AI destaca en la información general relativa al país el movimiento de los "indignados" que a partir del 15 de mayo de 2011 comenzó a organizar manifestaciones y acampadas de protesta en todo el país para exigir "cambios en el sistema político y económico y en las políticas sociales sobre empleo, educación y salud".
En cuanto a la actuación de las fuerzas del orden en esas protestas, AI se hace eco de que en Barcelona se recurrió a agentes antidisturbios de la policía regional catalana para dispersar a los manifestantes concentrados el 27 de mayo. "Los informes médicos y las imágenes de vídeo confirmaron que la policía antidisturbios había golpeado con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y había disparado proyectiles de goma contra ellos", señala.
También menciona el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido golpeadas por la Policía en Madrid cuando participaron en una manifestación en agosto pasado.
Redadas racistas
En el apartado de "tortura y otros malos tratos", AI también menciona que dos policías fueron condenados a 27 meses de prisión por la tortura de un estudiante de Trinidad y Tobago, mientras que a final de año otros dos acusados de la muerte de un nigeriano durante su expulsión de España no habían sido juzgados.
AI, por otra parte, pone de manifiesto que "España siguió desoyendo los llamamientos de los organismos internacionales de derechos humanos para que dejara de aplicar la detención en régimen de incomunicación a los sospechosos de delito de terrorismo". "Las personas sometidas a este régimen podían permanecer recluidas hasta 13 días y en ese tiempo no tenían acceso a un abogado de su elección ni podían consultar con el de oficio de manera confidencial, tampoco tenían acceso a un médico de su elección y no podían comunicar su paradero a su familia", apunta el informe.
AI sostiene que en 2011 "continuaban efectuándose controles discriminatorios de identidad, centrados específicamente en personas pertenecientes a minorías étnicas, y se emprendían acciones judiciales, acusándolos de obstruir el trabajo de la policía, contra activistas de la sociedad civil que mantenían bajo observación estos controles".La organización destaca cómo pese a que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial "instó a España a poner fin a los controles de identidad basados en criterios étnicos o raciales", a final del año "las autoridades seguían negando tal práctica y no se habían tomado medidas para erradicarla".
También se hace eco de las normativas aprobadas en diferentes municipios para prohibir el uso del velo integral en espacios y edificios públicos.
En otros apartados, AI destaca que en 2011 murieron 60 mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas, aumentó el número de migrantes irregulares llegados por mar y seguían pendientes las investigaciones sobre 13 casos de presuntos delitos de derecho internacional cometidos fuera de España contra ciudadanos españoles, o basados en el principio de jurisdicción universal.
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