El PSOE-A quiere que las comisiones de investigación del Parlamento no funcionen en campaña electoral
Los socialistas justifican esta propuesta «para evitar cualquier uso partidista que pudieran hacer los grupos parlamentarios»
El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz plantea que, en el futuro, las comisiones de investigación que se constituyan en la Cámara autonómica «no puedan versar sobre ningún hecho que esté inmerso en causa judicial», así como que, «cuando en el transcurso» del desarrollo de alguna de ellas «se convoquen procesos electorales de ámbito nacional o local», éstas se suspendan «durante los días establecidos de forma oficial desde el inicio de la campaña electoral hasta la celebración de elecciones».
Son algunas de las recomendaciones que el Grupo Socialista incluye en el voto particular que ha presentado frente al dictamen aprobado por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox en la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se someterá a votación el próximo miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz.
Además de detallar las discrepancias que mantiene con dicho dictamen, al que los diputados del PSOE-A votaron en contra en la referida comisión, el Grupo Socialista aprovecha su voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, para plantear una serie de «recomendaciones» de cara a futuras comisiones de investigación.
Así, el PSOE-A aboga por «constituir una comisión técnica, en el seno de la Comisión de Reglamento del Parlamento de Andalucía, compuesta por los servicios jurídicos de esta Cámara junto con juristas de reconocido prestigio, a propuesta de todos los grupos parlamentarios, a fin de elaborar una propuesta de Reglamentación de las Comisiones de Investigación del Parlamento de Andalucía, para que en su momento pudiera ser aprobado por el Pleno de la Cámara«.
Dicha modificación, «al menos», debería contener una serie de extremos que el Grupo Socialista enumera en su voto particular, comenzando por el de «garantizar que las futuras comisiones de investigación no puedan versar sobre ningún hecho que esté inmerso en causa judicial, hasta una vez concluido el mismo, a fin de poder determinar posibles responsabilidades políticas sin que se puedan ver vulnerados derechos constitucionales«.
Testimonios
«De esta forma se podrá contar con toda la información posible y con los testimonios que puedan dar luz sobre la misma», según defiende el Grupo Socialista, que plantea también que, «si una vez iniciada una comisión de investigación», se abren «diligencias de investigación, la misma será suspendida en el momento en que se encuentre, hasta la finalización de las actuaciones judiciales«.
El PSOE-A también aboga por que se garantice que, «cuando en el transcurso de una comisión de investigación se convoquen procesos electorales de ámbito nacional o local, ésta se suspenderá durante los días establecidos de forma oficial desde el inicio de la campaña electoral hasta la celebración de las elecciones».
Los socialistas justifican esta propuesta «para evitar cualquier uso partidista que pudieran hacer los grupos parlamentarios y garantizar, por tanto, la imparcialidad y la neutralidad de los trabajos de la comisión, así como de la propia institución«.
Otras recomendaciones que lanza en su documento el Grupo Socialista son que la presidencia de las comisiones de investigación que tengan lugar en el Parlamento de Andalucía sean elegidas, «de entre sus miembros, por una mayoría cualificada de tres quintos», así como que se garantice «el respeto a las personas comparecientes, la cortesía y la disciplina parlamentaria entre los miembros de la comisión, y el buen uso de los fines de la misma, sin que se puedan proferir o verter conceptos ofensivos al decoro de las personas intervinientes, de sus miembros o a los partidos políticos a los que pertenezcan«.
Finalmente, la relación de recomendaciones del Grupo Socialista se completa con una que pide «garantizar que en las futuras comisiones de investigación se extreme la colaboración y cooperación de la Administración de la Junta de Andalucía en el desarrollo» y el trabajo de las mismas, «atendiendo a los grupos parlamentarios en cuanto a los requerimientos de documentación, facilitando el uso de la misma y el acceso por medios telemáticos que faciliten su estudio y análisis».
Unidas Podemos
Por su parte, el grupo Unidas Podemos por Andalucía también ha introducido un epígrafe de recomendaciones en el voto particular que, asimismo, ha presentado contra dicho dictamen que salió adelante en la comisión de investigación con los votos a favor de PP-A, Cs y Vox.
Así, para la confluencia de Podemos e IU, «el curso de los acontecimientos» en los tres años de trabajo de la comisión sobre la Faffe «ha puesto en evidencia que, en el marco de la reforma reglamentaria emprendida, sería deseable acometer algunos cambios tendentes a mejorar los apartados relacionados con las comisiones de investigación, en aras a facilitar su agilidad y virtualidad como herramienta parlamentaria en toda su dimensión«.
«En cualquier caso, debe mediar una reflexión serena de todos los grupos parlamentarios sobre lo sucedido» en dicha comisión, sostiene Unidas Podemos en su voto particular, donde se defiende que, «sin reincorporar la honestidad política al acervo parlamentario como un elemento más, ninguna mejora reglamentaria ahorrará al pueblo andaluz espectáculos tan bochornosos como los acontecidos en las sesiones de esta o de ninguna otra comisión que se constituya en el futuro«.
Por otro lado, y al hilo de las materias objeto de investigación en las últimas comisiones de esa naturaleza que se han sustanciado en el Parlamento andaluz en las tres últimas legislaturas -sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, sobre los cursos de formación y la referida de la Faffe-, desde Unidas Podemos advierten de que, «en febrero de 2022, la Junta de Andalucía sigue sin contar con mecanismos transparentes y ágiles que permitan a la ciudadanía, a los agentes económicos y sociales, a los medios de comunicación o al Parlamento andaluz y al resto de instituciones, conocer la trazabilidad del dinero público, verificar su buen uso o garantizar el acceso al empleo público conforme a ley«.
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