jueves, 31 de octubre de 2019
LA SUBIDA LINEAL DE LAS PENSIONES ES UNA INJUSTICIA.
siempre pensando....
QUIEN MÁS APORTÓ MÁS DEBE COBRAR.
Cuando alguien en un alarde de pureza personal comenta que, para dar solución al problema de las pensiones o para reducir la pobreza entre los mismos, deben ser todos pobres, debemos ponernos a temblar. ¿A quién hacen el juego con ese planteamiento de subida lineal de las pensiones?
Ya sé, es solo una opinión, que como toda opinión debe ser respetada ¡Pues no! En temas de cotización, los de arriba no deben perder un ápice de su sacrificio durante su vida laboral. Sí deben tratarse y estudiarse los casos de injusticia social o que por desempleo, enfermedad o no haber cotizado su empresario tengamos que revisar. Pero no todos y todas las que tienen menor pensión es por injusticia, sino porque no han querido cotizar más, guardándose el dinero o malgastándolo mientras que a los que se sacrificaron usted quiere quitarles en beneficio de estos últimos con un poco de cara dura.
Al igual que usted o ustedes plantean la subida lineal de las pensiones, podrían hacerlo con todo lo demás: funcionarios, cargos públicos y, por qué no, en todas las empresas. Que el jefe, ejecutivos, alta dirección, cirujanos, presidentes, reyes, alcaldes, médicos, profesores, oficiales... se les suba a estos linealmente para dárselo a los subalternos, peones, categorías más bajas, concejales, tropa... Que Messi y Cristiano Ronaldo cobren menos para dárselo al portero, masajista y al que corta las entradas... a que eso no es posible y sería mal visto. Para darnos una idea, cualquiera que trabaje o no se le deje trabajar, cualquiera que esté jubilado por edad, invalidad, discapacidad, dependencia... debe cobrar lo suficiente para vivir decentemente, pero jamás a costa de quien desarrolla profesiones de más calado, riesgo o se sacrifica aportando más para el día de mañana. Todo se hizo, ya está probado, cuando llegaron los sindicatos de clase, se puso en marcha en empresas públicas que ese abanico salarial fuera más pequeño, con subidas lineales o inversas, pero resulta que, si ganan casi igual los oficiales o puestos de responsabilidad que los demás de menos responsabilidad, quizá nos falten argumentos para primar y compensar a los mejores, a los que producen más y hace que todos se esmeren para alcanzar categorías o resultados mejores. No se puede gratificar la mediocridad. ¡Sí! la discapacidad, dependencia o enfermedad, pero este no es el caso.
Es cierto, nada tiene que ver con las pensiones, pero sí. Resulta que alguien ha pasado su vida laboral en puestos y categorías de más responsabilidad, riesgo y esfuerzo, donde el sueldo, la capacidad, profesionalidad y lo cotizado iban de la mano y deben ir de la mano.
Hay que estudiar caso por caso, seguramente existirán injusticias y a estas sí hay que subirles lo que merecen. De todo, me quedo en la petición de los pensionistas vascos, tiene que existir una pensión mínima decente. Pero de ahí a quitárselo a quienes se han sacrificado y pagado, es tremendamente injusto.
Hay políticos que han estado pocos años ejerciendo, les queda pensión esplendida.
Hay reyes que se pegaron la vida padre, en vez de cobrar una pensión acorde con la riqueza de los demás, les queda la que sobra. Existe otro apartado del que nadie alude, el gasto en seguridad y prebendas de políticos, jueces, abogados, infantas, princesas, reyes eméritos y otras profesiones... incluso después de dejar la profesión, ¿acaso vale más la vida de estos que la de cualquiera de los demás españolitos de a pie? La vida es riesgo, a todos nos pueden atracar, insultar, agredir y asaltar, ¿pedimos la misma protección blindada que estos apoltronados y supervalorados profesionales del apoltronamiento perenne?
Don Rufo, además tiene que saber que coincidimos muchas veces en otras opiniones, es de agradecer que siempre esté aportando su punto de vista. En esto de lo lineal, no coincidimos, lo siento. Un abrazo.
El Imperio del Mal 10: El país latino que inspiró a Rusia y China a acab...
El Imperio del Mal 10: El país latino que inspiró a Rusia y China a acabar con la hegemonía de EEUU
CARTA A PEDRO SÁNCHEZ que todos deberían leer antes de votarle.
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Ultimo minuto EEUU, REACCIÓN REPUBLICANA ¡IMPEACHMENT! 31/10/2019
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CARTA A ABASCAL Y CASADO que todos deberían leer antes de votarles.
CARTA A ABASCAL Y CASADO que todos deberían leer antes de votarles.
LAS PETICIONES DEL VOTO POR CORREO PARA EL 10-N CAEN UN 30% RESPECTO A LAS ELECCIONES DE ABARIL.
Las peticiones del voto por correo para el 10-N caen un 30 % respecto a las elecciones de abril
Correos tramita casi un millón de peticiones de voto por correspondencia a falta de cerrar la última jornada para recoger la documentación.
A falta de que este viernes acabe el plazo para solicitar el voto por correspondencia, la sociedad estatal ha informado de que ya ha admitido un total de 918.455 peticiones de ciudadanos que desean ejercer por correo su derecho al voto en las Elecciones a Cortes Generales.
En las elecciones de abril, también a falta de un día para que se cerrara el plazo, Correos había gestionado 1.310.706 solicitudes, lo que supone una reducción del 29,92% en los actuales comicios. El dato definitivo de aquella campaña se elevó por encima de los 1,33 millones, y en las elecciones de junio de 2016 fue incluso más alta y llegó a los 1,46 millones.
El censo prepara la documentación
Hasta este jueves, Correos ya había entregado 815.646 solicitudes en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, la encargada de proporcionar la documentación electoral para ejercer el derecho al voto.
Las comunidades autónomas en cuyas Delegaciones del Censo se han entregado más solicitudes de voto por correo han sido Andalucía, con 140.913 peticiones; Madrid, con 135.681; y Cataluña, con 84.786 solicitudes.
Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el censo, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral tramitarán los envíos con la documentación electoral a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente.
Correos distribuye dicha documentación y se responsabiliza de realizar al menos dos intentos de entrega en mano al propio destinatario, dejando el aviso para que vaya a recogerla a su oficina en caso de no haber sido posible realizar la entrega en persona.
El solicitante tiene de plazo hasta el viernes, 8 de noviembre, para depositar el sobre con su voto en cualquiera de los cerca de 8.600 puntos de admisión con que cuenta Correos en toda España, en su horario habitual y, como máximo hasta las 14 horas, de acuerdo con la decisión de ampliación adoptada por la Junta Electoral Central.
322.000 electores ya han votado por correo
Hasta este jueves, la sociedad estatal ya ha puesto a disposición de los electores 567.585 documentaciones electorales e incluso ya se han admitido 322.140 votos por correo. En todo caso, Correos recomiendo no esperar hasta el último día y aprovechar la amplitud horaria de las oficinas postales.
De hecho, para agilizar la gestión del voto por correo, las oficinas postales abrirán este domingo de 9:30 a 14:30 horas y, a partir del lunes, ampliarán su horario de atención al público: abrirán media hora antes y cerrarán una hora más tarde para agilizar el voto por correspondencia. Estas medidas se completarán con la apertura de las 112 oficinas en las que se prevé mayor afluencia de forma ininterrumpida de 8 de la mañana hasta las 21:30 de la noche.
Para llevar a cabo estas tareas, Correos ha realizado 4.050 contratos de refuerzo para oficinas y reparto y está poniendo todos sus medios logísticos y tecnológicos al servicio de la gestión de las actividades que tiene encomendadas en los procesos electorales.
Otras tareas de Correos
La colaboración de Correos en las Elecciones se extiende también al reparto de las tarjetas de inscripción en el censo y a los envíos de propaganda electoral, además de las comunicaciones a miembros de las Mesas Electorales, envío a los Ayuntamientos de la lista del censo, recogida de documentación el día de las elecciones, etc.
Así, la Sociedad Estatal está distribuyendo las 34.870.482 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto el 10 de noviembre, en las que figuran los datos de su inscripción en el censo, así como el colegio y la mesa de votación correspondiente.
Además, desde el 25 de octubre hasta el 8 de noviembre, Correos repartirá los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones que concurren a los comicios.
LA GENTE ESTA CANSADA DE ESTOS POLITICOS EGOISTAS E INEPTOS.
CASADO ABRE LA CAMPAÑA CON UN ATAQUE DIRECTO A SÁNCHEZ
Casado abre la campaña con un ataque directo a Sánchez por defender la plurinacionalidad de España: «Está inhabilitado para ser presidente»
El presidente del PP inicia en Sevilla su carrera hacia las urnas y se ofrece como «garantía» de desbloqueo.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha elegido Sevilla para encender la mecha de esta nueva campaña electoral. Los populares miran al 10 de noviembre con el objetivo de superar la barrera de los cien diputados. «Hay partido», ha asegurado Casado esta mañana en el Foro ABC. El líder de los populares ha culpado a Sánchez del bloqueo y ha pedido la unidad del voto de centro-derecha en torno al PP.
Casado empieza la campaña con ataques directos a Sánchez por el bloqueo, por sus pactos con los independentistas y por defender la «plurinacionalidad» de España. En este inicio de campaña, el candidato de los populares ha hecho un llamamiento a los votantes de centro-derecha para que se unan en torno al PP, como única forma, ha dicho, de vencer a Sánchez.
Según el PP, unas 1.200 personas han acudido a este primer acto en Sevilla. «Estamos en una campaña electoral a pesar del PP, estamos en otros proceso electoral porque ha querido Pedro Sánchez, quien aún no ha recibido la confianza de las Cortes para ser presidente del Gobierno», ha explicado el líder de los populares. «Sánchez debe su cargo a Junqueras, Torra, Podemos y Bildu, que se abstuvo para que fuera presidente», ha recordado Casado.
«España está bloqueada porque ha querido la izquierda, porque ha querido Sánchez. Y nosotros somos la única garantía de desbloqueo. Ya lo hemos hecho», ha señalado, en referencia a los pactos en Andalucía, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Castilla y León.
«Si el PP saca un escaño más que el PSOE, conseguiremos pactar, desbloquear y sacar a España de la parálisis», ha prometido el candidato de los populares.
Casado ha pedido el voto útil del centro-derecha, porque «cualquier voto que no vaya al PP irá dirigido a hacer posible que Sánchez siga en La Moncloa».
NO QUEREMOS MAS COMEDORES YA SON BASTANTES TRES VECES MÁS QUE EN ALEMAMIA CON EL DOBRE DE POBLACIÓN.
UNA AVERÍA EN PLENO VUELO LE DA UN GRAN SUSTO A SÁNCHEZ
Una avería en pleno vuelo obliga a Pedro Sánchez a cancelar su visita a Murcia
El avión sufrió una "despresurización" en la cabina tras despegar de la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
El secretario general y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha tenido que cancelar su visita prevista a Los Alcázares (Murcia) este mediodía por problemas técnicos con el avión que lo desplazaba desde Madrid.
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VA A TENER QUE DEJAR ELAVIÓN QUE TANTO LE GUSTA.
CANADÁ IMPIDE OTRA VEZ LA ENTRADA DE PUIGDEMONT.
Canadá impide otra vez la entrada a Puigdemont, que recurrirá a la justicia
El abogado del expresidente afirma que no le han concedido el permiso por las acusaciones pendientes en España.
Canadá no quiere a Carles Puigdemont en su territorio. El segundo intento del expresidente catalán por viajar al país norteamericano ha terminado como el primero: con una negativa a concederle la autorización electrónica de viaje (eTA, por sus siglas en inglés) necesaria para poder acceder legalmente. "Habida cuenta de las acusaciones pendientes en España, el funcionario de inmigración tenía motivos para creer que podía prohibirse su entrada en Canadá y ha rechazado su petición", ha señalado a este diario Stéphane Handfield, abogado de Puigdemont en Canadá. El letrado, especializado en inmigración y extradiciones, ha confirmado que recurrirán el veto ante el Tribunal Federal.
Puigdemont se encuentra a la espera de que la justicia belga se pronuncie sobre la orden de entrega a España por sedición y malversación, y debe recibir permiso cuando quiera salir del país. Junto a motivos sanitarios o financieros, la página web informativa sobre el trámite para viajar a Canadá cita entre los motivos por los que puede denegar el permiso causas de seguridad como "espionaje, actividades subversivas, violencia, terrorismo o ser miembro de una organización implicada en actos criminales". La solicitud se realiza cumplimentando un formulario por Internet, y en la mayoría de casos se obtiene en solo unos minutos.
Según el diario canadiense La Presse, el portavoz del Ministerio de Inmigración ha eludido hacer comentarios alegando que se trata del caso de un particular, pero la cuestión ya ha generado controversia. El primer ministro de Quebec, François Legault, se ha declarado "perplejo" por la decisión y ha pedido al Gobierno que aclare por qué se prohíbe la entrada al país al líder de Junts per Catalunya.
La intención de Puigdemont era participar este otoño en actos organizados por la Sociedad San Juan Bautista, una entidad independentista de la provincia francófona de Quebec fundada en 1834. La organización ya le invitó la pasada primavera, pero entonces tampoco pudo obtener el documento para viajar. La asociación anfitriona ha criticado duramente la decisión. "¡Vergüenza! ¡Vergüenza de Canadá! Con esta decisión Ottawa se presta a criminalizar la democracia. A criminalizar el ejercicio de un pueblo a decidir por sí mismo. Os lo anunciamos en primicia: el señor Puigdemont recurrirá esta injusticia ante los tribunales", lamentan en un breve comentario.
La organización quebequesa ha mostrado en repetidas ocasiones su cercanía al independentismo. Este mismo miércoles ha animado a sus miembros a acudir en Montreal a una "fiesta poética y musical en solidaridad con Cataluña". Según anuncian en su web, en el evento se entregará a los asistentes un lazo amarillo nada más llegar, y aunque es gratuito, pide que se realicen donaciones para financiar la caja de solidaridad con los políticos independentistas presos tras la condena del Tribunal Supremo español.
No es el único acto en el que la provincia francófona recuerda estos días la causa independentista catalana. El Parlamento de Quebec aprobó el martes una resolución en la que muestra su preocupación por las penas de prisión contra los dirigentes catalanes. Hace una semana, la oposición de los liberales, partidarios de respetar el ordenamiento jurídico de un país de la UE, paralizó esa moción, pero finalmente, una versión suavizada en la que desaparece la palabra condena ha sido adoptada por unanimidad.
En un comunicado publicado este miércoles, Puigdemont ha lamentado que Canadá no respete su "presunción de inocencia" y tome una decisión "precipitada". Además, ha agradecido el apoyo de la Sociedad San Juan Bautista frente a la negativa canadiense a dejarle entrar, y ha celebrado la moción aprobada por la Asamblea Nacional de Quebec sobre Cataluña.
La causa independentista, minoritaria en Quebec
Los sondeos de los últimos meses en Quebec indican que la causa independentista levanta entre el 30% y el 35% de los apoyos. En las elecciones provinciales de octubre de 2018, la Coalición Futuro de Quebec (CAQ por sus siglas en francés) arrasó en las urnas, en buena medida, gracias a un discurso que rompió el péndulo entre el Partido Liberal de Quebec (de inclinación federalista) y el Partido Quebequés (la formación independentista). La estrategia de la CAQ residió en presentarse como una fuerza de ímpetu nacionalista, pero sin intenciones de cortar los lazos con Ottawa. Esta inercia fue también utilizada por el Bloque Quebequés en los comicios federales del pasado 21 de octubre. La agrupación pasó de 10 a 32 asientos parlamentarios gracias a que Yves-François Blanchet, su líder, convenció a muchos quebequeses de volver a confiar en el partido. Asuntos como la defensa de la lengua francesa, la ley de laicidad y la autonomía en materia de inmigración, citados con frecuencia por el primer ministro quebequés François Legault, aparecieron también en el discurso de Blanchet para señalar las diferencias entre Quebec y el resto de Canadá. Eso sí, sin el sonido de tambores independentistas.
ES MUY PERTINAZ
ES MUY PERTINAZ
DETENIDO UN EMPRESARIO TRAS LA MUERTE DE DOS INMIGRANTES EN UN CORTIJO SIN AGUA NI LUZ.
Detenido un empresario tras la muerte de dos inmigrantes que tenía alojados en un cortijo sin luz ni agua
Los fallecidos murieron por la inhalación de monóxido de carbono de un brasero de leña en Granada.
Lo que parecía un gesto de solidaridad ha resultado ser un abuso contra dos trabajadores que ha acabado en tragedia. La Guardia Civil ha detenido a Eduardo G. L. por tener trabajando sin contrato a dos hermanos de Senegal a los que alojaba en un cortijo en la Sierra de Yegen (Granada) en el que no había luz ni agua, ni tenía las mínimas condiciones para ser habitado. La Guardia Civil acusa al detenido de un delito contra el derecho de los trabajadores tras la muerte de ambos.
Los dos hermanos fallecieron el miércoles pasado en el cortijo por inhalación del monóxido de carbono procedente de la fogata que habían encendido para calentarse. Ambos se encontraban en España en situación irregular, según ha informado la Guardia Civil. Las víctimas llevaban casi dos meses trabajando en la recolección de tomates y de habichuelas verdes en la plantación del detenido. Cobraban 45 euros al día de los que el empresario descontaba alojamiento y comida. Un portavoz de la Guardia Civil ha aclarado que la detención de Eduardo G. L. no ha sido por el fallecimiento de los dos hermanos, sino por el hecho de tenerlos sin contrato y alojados en pésimas condiciones.
En la mañana del miércoles pasado, Eduardo G. L. llamó a la Guardia Civil a media mañana para avisar de que en un cortijo de su propiedad habían fallecido dos personas a las que había alojado un par de días por caridad, porque se los había encontrado paseando por Yegen y le habían pedido cobijo. Alegó que “no tenían donde ir y hacía mal tiempo”. La investigación ha confirmado lo que en el pueblo ya se sabía: que esa versión no coincidía con la realidad. Ni se trataba de una acogida altruista ni eran desconocidos. Trabajaban con él desde septiembre recogiendo la cosecha de su finca y los tenía alojados en esas condiciones todo ese tiempo, aprovechándose de su situación irregular.
Además, lo ocurrido la mañana del miércoles, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de las muertes, tampoco se parece a lo que Eduardo G. L. refirió a los agentes. Él les dijo que había pasado por el cortijo a media mañana a visitar a sus inquilinos y que se encontró con los dos cuerpos. La realidad, según la Guardia Civil, es que un tercer hermano de los fallecidos –que también trabajaba sin contrato para el empresario y que vivía en condiciones similares en una especie de cueva junto al cortijo– descubrió los cuerpos en uno de los dos dormitorios de la casa sobre las seis de la mañana. A esa hora avisó a Eduardo G. L. quien, de inmediato, acudió al lugar. El empresario instó al hermano a que abandonara el cortijo para que no lo detuviera la Guardia Civil por falta de documentación. Aprovechándose de esa situación, según fuentes cercanas al caso, el empresario alejó a quien podía contar la verdad a los agentes y lo llevó en su vehículo a que tomara un autobús que lo llevaría a Roquetas (Almería) donde vivía un cuarto hermano.
José Antonio Gómez, alcalde de Alpujarra de la Sierra –Ayuntamiento del que depende Yegen– , ha relatado que, según su información, podría haber más trabajadores en el cortijo aquella noche, aunque este es un dato que no confirma la Guardia Civil. El alcalde ha explicado además que “las intoxicaciones por monóxido de carbono son frecuentes en la zona: "Cada invierno tenemos un caso o dos de fallecidos por ello”.
MUCHOS EMPRESARIOS NO TIENEN CORAZÓN.
VOX PIDE QUE SE APLIQUE LA PRIORIDAD NACIONAL.
Vox pide que se aplique la “prioridad nacional” para discriminar a los extranjeros
Abascal asume la bandera de "los españoles primero" de grupos abiertamente xenófobos.
Vox ha ampliado su objetivo y ya no solo tiene en el punto de mira a los inmigrantes irregulares sino también a los extranjeros que residen legalmente en España. El líder del partido ultra, Santiago Abascal, defendió este miércoles en Ceuta la “prioridad nacional” en el acceso a las viviendas de protección social, las subvenciones al alquiler y todo tipo de ayudas sociales. “Estamos hartos de que a los españoles se les discrimine en su propia casa”, clamó Abascal, quien añadió que, “por cada persona extranjera a la que se ayuda, hay un joven español que no puede irse de casa de sus padres”.
El principio de “prioridad nacional” supone un giro en el discurso de Vox que le acerca a las posiciones de grupos xenófobos como Democracia Nacional, España 2000 y Hogar Social, que han hecho tradicionalmente bandera del lema “los españoles primero”. En las 100 medidas para la España Viva que el partido ultra presentó en octubre de 2018 en Vistalegre y que sigue constituyendo su catecismo ideológico, ya que no ha presentado programa electoral ni a las elecciones del pasado 28 de abril ni a las del próximo 10 de noviembre, no hay ni sombra de esta idea.
El documento del partido ultra propone la deportación a sus países de origen de los inmigrantes ilegales (aunque sean menores de edad) y de los legales que cometan delitos graves o reincidan en delitos leves. También aboga por excluir a los inmigrantes ilegales de la atención sanitaria y establecer el copago para los legales que lleven menos de 10 años de residencia. Nada más.
En los últimos días, sin embargo, Abascal ha alimentado la idea de que los extranjeros (sean legales o no) se benefician de las ayudas sociales en perjuicio de los españoles, cuando la realidad es que estas se conceden en función del número de hijos, los ingresos familiares y otros baremos objetivos.
El pasado domingo, en un mitin, leyó la lista de adjudicatarios de ayudas a la vivienda de la Comunidad de Madrid, subrayando los apellidos que a él no le parecían españoles, y pasando por alto el hecho de que muchos extranjeros de origen han adquirido la nacionalidad española y otros son españoles de nacimiento aunque sus ascendientes no lo fueran.
Cuando se le preguntó por estas palabras, Abascal negó que hubiera dicho que las personas con apellido extranjero no fueran españolas, pero agregó que “es evidente que las ayudas al alquiler se han producido fundamentalmente a personas extranjeras o de origen extranjero” y que esto “a muchas personas no les preocupa”, pero sí a Vox, que quiere saber cuántas son porque esta información, a su juicio, “se ha ocultado” por parte de la Administración.
La discriminación de los extranjeros comunitarios va en contra de los tratados de la Unión Europea. Se da la circunstancia de que destacados dirigentes de Vox son de origen extranjero, como Rocío Monasterio (cubana) o Javier Ortega Smith (argentino) y otros tiene apellidos centroeuropeos, como el eurodiputado Hermann Tertsch.
HAY QUE USAR EL SENTIDO COMÚN
CONDENADOS POR ABUSOS SEXUALES Y NO POR AGRESIÓN, A LA VIOLACIÓN GRUPAL EN MANRESA.
Condenados por abusos sexuales y no por agresión los autores de la violación grupal de Manresa.
La Audiencia de Barcelona considera que la víctima se encontraba "en estado de inconsciencia", por lo que los acusados no tuvieron que usar "violencia o intimidación.
La violación grupal de una adolescente de 14 años en Manresa no es agresión sexual, sino abuso sexual. La sección 22 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco de los seis acusados a penas de entre 10 y 12 años por abuso sexual y abuso sexual continuado a una menor, pero no contempla, como pedía la Fiscalía, elevar la pena a agresión sexual. Esta sentencia sigue la estela de la polémica que se inició con el caso de La Manada de Pamplona, a los que la Audiencia Provincial de Navarra condenó en abril de 2018 por abuso sexual continuado. El Supremo elevó la condena el pasado junio y lo consideró una violación múltiple.
El grupo de Manresa violó por turnos a la víctima, que había tomado alcohol y drogas ( "algún porro de marihuana", según los hechos probados) y estaba inconsciente, en una fábrica abandonada en el camino Torres d'en Vinyes durante un botellón en 2016. "No pasó desapercibido" para ninguno de los congregados que la joven era menor de 16 años y que estaba en estado de inconsciencia, prosigue la sentencia.
El tribunal admite que el crimen fue "extremadamente intenso y especialmente denigrante", pero no se puede tipificar como agresión sexual porque la menor estaba inconsciente y no hubo violencia ni intimidación, elementos necesarios para catalogar los hechos de esa manera. Los agresores, reza la sentencia, "pudieron realizar los actos sin usar ningún tipo de violencia o intimidación para vencer una oposición que no existía".
En las sesiones del juicio, celebradas en julio, la víctima declaró que recordaba solo parte de lo ocurrido, pero que uno de los principales acusados, Bryan Andrés —el que empezó la cadena de violaciones por turnos de 15 minutos— la obligó a tener sexo mientras esgrimía una pistola. En la sentencia queda recogido, no obstante, que era otro de los implicados, Marco Antonio, quien tenía en las manos "lo que parecía una pistola".
La joven declaró en el juicio que uno de los acusados, Bryan Andrés, le dijo que tenía que hacerle una felación a él y a Maikel Pascual, otro de los implicados en el crimen. La joven aseguró que accedió porque Maikel y Bryan se pasaban una pistola y se sintió intimidada. Sin embargo, el Tribunal no contempla, entre los hechos probados, que se utilizase la pistola para intimidar a la víctima. Los magistrados sostienen que no se puede saber "con certeza si aquello que la víctima dijo que iba recordando acerca de lo que ocurrió, los flashes de ciertas escenas que mencionó, son efectivamente una rememoración tardía de las percepciones sensoriales conservadas en la memoria o fruto de la interiorización del relato sentido por otras personas".
El Tribunal considera que se trata, inequívocamente, de un delito de abuso sexual. "Ha quedado acreditado que la víctima, mientras que se producían los hechos, y desde el momento antes hasta horas después de lo sucedido, se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación (...). Se está ante la hipótesis que considera abusos sexuales no consentidos, aunque en este caso el consentimiento sería irrelevante atendiendo a la edad de la víctima", sostiene el tribunal en la sentencia, que no es firme.
Hay un episodio de los hechos probados, sin embargo, que plantea dudas respecto a la inconsciencia de la menor, tal como subraya la catedrática en Derecho Penal de A Coruña, Patricia Faraldo. Dice así: "Cuando ya se habían marchado la mayor parte de los reunidos, Bryan Andrés y Maikel, al mismo tiempo, cogieron a XXX, liberaron sus respectivos penes de los pantalones y los posaron en la cara de la chica para que ella les masturbase, chupándolos, consiguiendo satisfacer sus deseos libidinosos con la felación que ella les hizo". Según Faraldo, "para mantener que estuvo inconsciente en todo momento, este episodio se debería haber descrito de otra manera. Me deja perpleja". La catedrática considera además que el hecho de que uno de los condenados invitara al resto a entrar a la caseta (Bryan Andrés "le dijo ahora podían entrar ellos", según la sentencia), debería haber supuesto "que se le considerara inductor de los hechos de los demás, lo que significaría una pena mayor".
La Fiscalía, que empezó acusando a los agresores de un delito de abusos sexuales, terminó rectificando y, en la última sesión del juicio, elevó la petición de pena para los seis acusados: de entre 10 y 12 años para cada uno de ellos, pasó a solicitar entre 14 y 15 años por agresión sexual. El fiscal consideró entonces que los seis acusados actuaron de forma organizada y que aprovecharon su superioridad numérica para "intimidar" a la víctima. Los magistrados no han pasado por alto este cambio de posicionamiento de la Fiscalía y, en el fallo, han mostrado su "sorpresa", por la modificación de calificación jurídica del ministerio fiscal en sus conclusiones, porque la prueba practicada en el plenario apoyaba su calificación provisional de abusos sexuales y, en cambio, "no aportó elementos que justificaran mutar los abusos en agresión sexual, en los trámites de conclusiones”.
Sobre la edad de la víctima —tenía 14 años cuando se produjeron los hechos—, el Tribunal rechaza la declaración de los acusados, que aseguraban que desconocían que era menor de edad. "En el juicio oral, celebrado tres años después de los hechos, el Tribunal ha podido comprobar que el aspecto físico de aquella chica sigue teniendo una apariencia de adolescente incipiente, que no llegaría aún a los 16 años", reza la sentencia. Los magistrados son tajantes: "Si no hicieron nada para cerciorarse de este dato fue porque les resultó indiferente".
El tribunal ha impuesto para dos de los acusados, Bryan Andrés y Maikel Pascual, la pena más elevada, de 12 años, al considerar que en su caso se dio una situación de continuidad donde, estando ellos dos con la joven en la misma escena, le pidieron “prestación sexual”. A Daniel David Rodríguez, Yordanis de Jesús Campo y Walter Diego Claudio, los magistrados los condenan a 10 años por un delito de abuso sexual.
Otros dos jóvenes juzgados por estos hechos han sido absueltos. En uno de los casos, no ha quedado acreditada su participación en el delito de abusos sexuales. En el otro, que según el relato de la Fiscalía se masturbó mientras miraba cómo los demás violaban a la chica, aunque no participó directamente, ha considerado que no se ha probado el delito de omisión de impedir delitos del que estaba acusado.
La sala, que ha absuelto a todos a todos los acusados del delito de amenazas, ha fijado en 12.000 euros la indemnización a la víctima, de forma conjunta y solidaria, al considerar que “el ataque a la indemnidad sexual de la víctima fue extremadamente intenso y especialmente denigrante, y además, se produjo sobre una menor que se encontraba en situación de desamparo”.
Esta sentencia recuerda al caso de La Manada de Pamplona, que fue polémico por el mismo motivo. Primero la Audiencia de Navarra y después el Tribunal Superior de Justicia de Navarra condenaron a los cinco autores de la violación de una joven a nueve años de prisión por abuso sexual y no por agresión. Ambos fallos generaron multitud de protestas en toda España, los partidos políticos se manifestaron en contra de la decisión judicial e incluso el Gobierno anunció que iba a modificar la legislación. La decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que cambió la calificación de los hechos y elevó las penas. Sentenció que La Manada cometió una violación continuada en grupo y castigó a los cinco autores de la violación a 15 años de cárcel. El alto tribunal entendió que la joven sufrió una "situación intimidante" que hizo que ella misma "adoptara una actitud de sometimiento", los acusados se "aprovecharon" de estas circunstancias para atacar a la joven.
La sentencia sobre el ataque de La Manada de Pamplona en julio de 2016 generó una amplia protesta en las calles y provocó que el Gobierno, entonces del Partido Popular, decidiera revisar el concepto de violencia que figura en el Código Penal para los casos de violación. El Gobierno del PSOE hizo suya la iniciativa del PP y, en julio de 2018, anunció una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos no dependan de la interpretación de los jueces. La comisión de codificación, a la que se encargó un dictamen sobre la cuestión, propuso la desaparición de la actual distinción entre abuso y violación y que se considere violación cualquier agresión sexual con penetración no consentida.
LA JUSTICIA ESTÁ COMO LA POLITICA DESMADRADA
JUSTICIA PAGARÁ 50.000 EUROS A UNOS ABUELOS PRIVADOS DE VER A SUS NIETOS.
Justicia pagará 50.000 euros a unos abuelos privados de ver a sus nietas.
La exnuera incumplió los derechos de visita y el juez no hizo nada por ejecutar la sentencia. No han podido relacionarse con las niñas en 14 años: “El dinero no compensa”.
Los abuelos tienen derecho a disfrutar de sus nietos. No se les puede privar de ello aun cuando el matrimonio de los hijos haya sido conflictivo y acabe en divorcio. Ramón y Margarita, ambos de 76 años, abuelos de dos niñas y vecinos de un pequeño municipio de Tarragona, han mantenido una larga y tortuosa batalla judicial con su exnuera para que esta les dejase ver a sus dos nietas. Lograron que un juez les diese la razón frente a la madre de las niñas y le ordenase dejar a los abuelos estar con ellas al menos un día cada dos semanas. La nuera se negaba en redondo y desobedeció reiteradamente la orden judicial. El juzgado dejó pasar los años y nunca llegó a ejecutar su propia decisión. El conflicto ha traído consecuencias.
La Audiencia Nacional ha condenado a Justicia como responsable patrimonial de la inacción del juez, que no llegó a ejecutar su orden de que los abuelos podían estar con sus nietas
La Audiencia Nacional, en una novedosa sentencia del magistrado José Félix Méndez Canseco, ha ordenado al Ministerio de Justicia, como responsable patrimonial de la inacción del juez y de la larga duración del proceso, que indemnice a cada uno de los abuelos con 25.000 euros, más los intereses legales.
“El dinero no compensa lo mucho que hemos pasado, tantos pleitos y sin poder estar con ellas ni verlas crecer”, dice Ramón que, como su esposa, lleva 14 años sin poder ver a sus nietas. La pareja ha perdido toda esperanza. Una de las niñas tiene ahora 18 años; la otra, 16. “No hay derecho, todo ha sido muy injusto”, se quejan. “Nos han robado la vida de nuestras nietas; cuando nos miramos, sabemos que nos faltan ellas”, describe Ramón.
La madre de las niñas no solo impidió a los abuelos ver a las nietas. Hizo lo mismo con el padre, lo que derivó, en septiembre de 2018, en otra sentencia de la Audiencia en la que se condena al ministerio a pagar otros 48.000 euros al padre. Tras un divorcio contencioso, la exesposa de Jordi también se opuso a que viese a las menores.
Los abuelos acudieron a un juzgado de Cataluña el 22 de noviembre de 2007, cuando su hijo y su entonces nuera se estaban divorciando. Había tensión entre ellos. Ella pedía a su expareja una pensión de 700 euros y él ofrecía 200: el juez de familia la zanjó en 400. La madre denunció al padre por supuesto abuso a una de sus hijas. Y un juez ordenó su alejamiento de las dos menores y le abrió diligencias penales.
El padre de las niñas fue absuelto por la Audiencia de Tarragona, que tildó la denuncia materna de “seriamente inquietante”. Jordi no pudo estar con sus hijas durante los ocho años que duró el proceso judicial. Y cuando un juez le autorizó estar con ellas, las niñas ya no querían verle.
La madre no cejó de obstaculizar las autorizaciones judiciales para el padre y los abuelos. Uno y otros acabaron arrojando la toalla tras muchos años de pleitos “e impotencia”, subraya Jordi. Con los años, las niñas fueron creciendo y negándose a ver a su padre y a sus abuelos paternos. Jordi lamenta la duración del proceso, que debió resolverse con mucha más celeridad. Le duele que sus padres, “sin tener culpa de nada”, se hayan visto privados de sus nietas. “Al margen de si la responsabilidad del conflictivo divorcio fue de ella o mía”, dice.
La madre no cejó de obstaculizar las autorizaciones judiciales para el padre y los abuelos. Uno y otros acabaron arrojando la toalla tras muchos años de pleitos “e impotencia”, subraya Jordi. Con los años, las niñas fueron creciendo y negándose a ver a su padre y a sus abuelos paternos. Jordi lamenta la duración del proceso, que debió resolverse con mucha más celeridad. Le duele que sus padres, “sin tener culpa de nada”, se hayan visto privados de sus nietas. “Al margen de si la responsabilidad del conflictivo divorcio fue de ella o mía”, dice.
Mientras Jordi estuvo imputado por la denuncia de la madre de las niñas, los abuelos paternos alegaron su derecho a estar con las pequeñas. Lograron que un juez les diese la razón en una sentencia de 2007 que establecía que, con independencia del conflicto matrimonial, los abuelos paternos tenían derecho a disfrutar de sus nietas. Pero esa orden judicial nunca se ejecutó. Y las veces que se intentó, acabó en drama. “Hicimos viajes de 200 kilómetros para verlas, llamábamos a la puerta y ella nunca nos abrió”, cuenta Ramón. “Nos hemos perdido verlas crecer... ¿De qué sirve ahora que la justicia nos dé la razón si lo que se ordenó nunca se cumplió?”, se pregunta el abuelo con rabia.
Ni el padre ni los abuelos han podido estar con las niñas desde el año 2007. Las menores ya han crecido y no quieren estar con su familia paterna
Larga espera
Para que se cumpliese esa orden judicial, Ramón y Margarita enviaron al juez numerosos escritos a lo largo de muchos años recordándole que su exnuera persistía en no dejarles ver a las menores. El Estado ha sido ahora condenado por la pasividad del juez (que no responde personalmente por su inacción), quien alegó en su defensa que la demora en ejecutar la sentencia se debía a problemas “estructurales del juzgado”.
Los abuelos pidieron inicialmente a Justicia, por el daño psicológico, un total de 200.000 euros. El ministerio les dio la razón, pero solo les ofreció 20.000 euros, 10.000 para cada uno.
A través del abogado Igor Fernández Barceló, Ramón y Margarita recurrieron el ofrecimiento de Justicia ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que ha sentenciado que los abuelos deben ser indemnizados, no con 20.000 euros los dos, sino con 25.000 cada uno, por las “indebidas dilaciones del juez” en ejecutar su propia sentencia. “Ya se han hecho mayores y seguimos sin saber nada de ellas. La justicia ha sido muy lenta... Han pasado los años y ha habido mucho sufrimiento. Tenemos 76 años y hubiéramos querido estar con ellas antes de morir, pero el tiempo ha pasado y me temo que nos moriremos con ese disgusto”, dice Ramón.
“¿El dinero? Nos hemos gastado más en abogados”, añade su hijo Jordi, resignado. Y alberga una intuición: “Creo que cuando pasen los años, mis hijas podrán pensar por sí mismas, sin influencias, entonces podré hablar con ellas y contarles todo...”.
A través del abogado Igor Fernández Barceló, Ramón y Margarita recurrieron el ofrecimiento de Justicia ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que ha sentenciado que los abuelos deben ser indemnizados, no con 20.000 euros los dos, sino con 25.000 cada uno, por las “indebidas dilaciones del juez” en ejecutar su propia sentencia. “Ya se han hecho mayores y seguimos sin saber nada de ellas. La justicia ha sido muy lenta... Han pasado los años y ha habido mucho sufrimiento. Tenemos 76 años y hubiéramos querido estar con ellas antes de morir, pero el tiempo ha pasado y me temo que nos moriremos con ese disgusto”, dice Ramón.
“¿El dinero? Nos hemos gastado más en abogados”, añade su hijo Jordi, resignado. Y alberga una intuición: “Creo que cuando pasen los años, mis hijas podrán pensar por sí mismas, sin influencias, entonces podré hablar con ellas y contarles todo...”.
“Esto no habría pasado en un juzgado especializado en familia”
“La gran víctima silenciosa son los niños”, afirma María Pérez Galván (Sevilla, 64 años), miembro de la junta de gobierno de la Asociación Española de Abogados de Familia, que agrupa a unos 2.200 letrados. La organización reclama una jurisdicción específica. “Este caso [que unos abuelos no puedan ver a sus nietas en 14 años porque no se ejecute la sentencia] probablemente no se habría dado en un juzgado especializado en familia. Ahora hay ciudadanos de primera, en capitales de provincia, con juzgados específicos, y de segunda, en pueblos, con juzgados mixtos que tratan todo tipo de asuntos, desde un conflicto de vecinos a violencia de género”, prosigue la letrada, con más de 30 años de experiencia. “Todo el mundo tiene el mismo derecho a juez, fiscal, equipos psicosociales y abogados especializados”.
En 2018, hubo 99.444 divorcios, separaciones y nulidades, según el INE. La mayoría de casos no son conflictivos, pero los que se enconan son muy problemáticos, según esta abogada. Reclama que en materia de familia “no haya vencedores ni vencidos, sino pactos razonables”. Y aconseja buscar asesoramiento, que además impida que los procesos se alarguen. “El derecho de familia es algo vivo, los niños crecen, se hacen adolescentes, las relaciones cambian y su voluntad hay que oírla”.
Pide sobre todo sentido común. “El incumplimiento del régimen de visitas va muy unido al odio, a la venganza. Pero no es común que tarde tantísimo en ejecutarse una sentencia”, señala. “Quizás la reclamación de un abuelo para ver a sus nietos pueda demorarse de cuatro a seis meses en un juzgado de familia, dos o tres años en uno mixto”, sigue. Pero reconoce que es más fácil solicitar la ejecución de sentencia cuando se incumple una obligación económica que un régimen de visitas. “En el primer caso, se embarga la nómina. ¿Pero qué ocurre en el segundo? Faltan medios, técnicos y humanos, en los juzgados, personal que vigile el cumplimiento y ayude a entender a las partes que debe primar el interés del menor”, añade.
La abogada sostiene que los casos de abuelos que piden un régimen de visitas para ver a sus nietos comenzaron cuando se aprobó el divorcio, en los años ochenta, pero que han ido aumentando, sobre todo desde 2015, cuando el Código Civil estableció que no pueden impedirse sin “justa causa” las relaciones personales del menor con sus parientes y allegados. Lo que no son comunes son las indemnizaciones, especialmente en casos de familia: “El ciudadano acaba muy quemado psicológicamente”.
SÍ Y QUIÉN LA PONE EN PRACTICA,MUCHAS LEYES QUE NO SE PUEDEN CUMPLIR
En 2018, hubo 99.444 divorcios, separaciones y nulidades, según el INE. La mayoría de casos no son conflictivos, pero los que se enconan son muy problemáticos, según esta abogada. Reclama que en materia de familia “no haya vencedores ni vencidos, sino pactos razonables”. Y aconseja buscar asesoramiento, que además impida que los procesos se alarguen. “El derecho de familia es algo vivo, los niños crecen, se hacen adolescentes, las relaciones cambian y su voluntad hay que oírla”.
Pide sobre todo sentido común. “El incumplimiento del régimen de visitas va muy unido al odio, a la venganza. Pero no es común que tarde tantísimo en ejecutarse una sentencia”, señala. “Quizás la reclamación de un abuelo para ver a sus nietos pueda demorarse de cuatro a seis meses en un juzgado de familia, dos o tres años en uno mixto”, sigue. Pero reconoce que es más fácil solicitar la ejecución de sentencia cuando se incumple una obligación económica que un régimen de visitas. “En el primer caso, se embarga la nómina. ¿Pero qué ocurre en el segundo? Faltan medios, técnicos y humanos, en los juzgados, personal que vigile el cumplimiento y ayude a entender a las partes que debe primar el interés del menor”, añade.
La abogada sostiene que los casos de abuelos que piden un régimen de visitas para ver a sus nietos comenzaron cuando se aprobó el divorcio, en los años ochenta, pero que han ido aumentando, sobre todo desde 2015, cuando el Código Civil estableció que no pueden impedirse sin “justa causa” las relaciones personales del menor con sus parientes y allegados. Lo que no son comunes son las indemnizaciones, especialmente en casos de familia: “El ciudadano acaba muy quemado psicológicamente”.
SÍ Y QUIÉN LA PONE EN PRACTICA,MUCHAS LEYES QUE NO SE PUEDEN CUMPLIR
ESPAÑA ACOGERÁ LA CUMBRE DEL CLIMA DE LA ONU CANCELADA EN CHILE POR LAS PROTESTAS
España acogerá la cumbre del clima de la ONU cancelada en Chile por las protestas
Pedro Sánchez se ofrece a celebrar la reunión que el país latinoamericano tuvo que suspender.
España se ha ofrecido a acoger la cumbre del clima de Naciones Unidas (la denominada COP25) que Chile ha tenido que suspender debido a las protestas multitudinarias que han colapsado las calles de Santiago. El presidente Sebastián Piñeira ha informado este jueves de que Pedro Sánchez se puso en contacto este miércoles con él para ofrecerse a acoger esta cita, que está previsto que se celebre entre el 2 y el 13 de diciembre y a la que se espera que asistan unas 25.000 personas.
Fuentes del Ejecutivo español explican que la decisión política de celebrar la cumbre en Madrid está tomada y consensuada con los principales protagonistas, esto es Chile, España y la ONU. Sin embargo, la decisión formal, según aclara una nota de La Moncloa, se tomará en Bonn (Alemania) la próxima semana en una reunión de la Mesa de Gobierno de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fuentes de la ONU detallan que la propuesta se está analizando ahora pero que formalmente el cambio de sede debe aprobarlo el denominado bureau de la cumbre.
Sin embargo, el Ejecutivo español da por hecho que la cumbre será en Madrid. Fue Sánchez quien, a pesar de estar en funciones y a las puertas de unas nuevas elecciones, se puso en contacto directamente con Piñera para ofrecerle esta posibilidad, que el chileno agradeció y acogió enseguida. Después hablaron las ministras de Medio Ambiente —la española Teresa Ribera y la chilena Carolina Schimdt— y también los gabinetes de los presidentes para ponerse de acuerdo en los detalles. Por último, la ministra chilena comunicó la propuesta ya consensuada a Naciones Unidas. Pese al cambio de sede, Chile quiere mantener la presidencia de la cumbre para coordinar estas negociaciones internacionales.
La COP25 —siglas con las que se conoce a la 25ª edición de la conferencia sobre cambio climático que se organiza bajo el paraguas de Naciones Unidas— parece hasta ahora maldita. Esta reunión, en la que se esperaba que participaran alrededor de 25.000 personas entre negociadores de casi 200 países, miembros de ONG, de empresas, políticos y trabajadores de medios de comunicación, se tenía que celebrar este año en Latinoamérica, ya que cada edición se intenta llevar a un continente distinto. Brasil era el país que se había ofrecido hace más de dos años a acoger la cita pero, cuando ganó las elecciones Jair Bolsonaro, este país retiró su oferta. Bolsonaro, que incluso amagó con retirar a Brasil del Acuerdo de París contra el calentamiento global, se ha convertido en uno de los villanos medioambientales internacionales junto a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Tras la retirada de Brasil, durante la anterior cumbre climática —celebrada en diciembre de 2018 en Katowice (Polonia)— Chile se ofreció a acoger la reunión, que ahora se ve obligada a anular. Costa Rica también se ofreció como posible candidata, aunque finalmente dio un paso atrás al argumentar que no podía hacerse cargo del coste de esta cita. Sin embargo, Costa Rica sí acogió en octubre la llamada pre-COP, una reunión preparatoria de la cita de Chile de diciembre.
La conferencia que ahora acogerá Madrid debe servir para que los negociadores de esos 200 países terminen de cerrar el reglamento de desarrollo del Acuerdo de París contra el calentamiento, que se empezará aplicar durante la próxima década.
Además, se espera que se incremente el número de países que se comprometen a elevar sus planes de recorte de emisiones de efecto invernadero, que, de momento, no son suficientes para que el calentamiento global se quede dentro de unos límites manejables. Al mismo tiempo, estas cumbres son un lugar de encuentro y de presentación de los últimos informes climáticos de expertos, empresas y ONG.
NO SÉ SI SERÁ PRUDENTE CON EL TEMA DE CATALUÑA
EL CONGRESO VOTA A FAVOR DEL ROCESO DE IMPEACHMENT A TRUMP.
El Congreso vota a favor del proceso de ‘impeachment’ a Trump con la oposición frontal de los republicanos
La mayoría demócrata de la Cámara baja saca adelante las normas para poner en marcha el juicio parlamentario al presidente.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves, gracias a la mayoría demócrata, las reglas del juego con las que se va a resolver la investigación para un posible impeachment o destitución del presidente, Donald Trump. El proceso entra ahora en un estadio formal, con los mimbres propios ya de un juicio parlamentario en toda regla: algunas audiencias en abierto, derecho de defensa para el mandatario, al que se acusa de haber presionado a Ucrania para perjudicar a su rival político Joe Biden.
El de esta mañana fue el primer voto formal sobre este proceso excepcional y sirvió para evidenciar lo partidista de este proceso: 231 demócratas y un independiente votaron a favor de la investigación, mientras que en contra lo hicieron 194 republicanos y dos demócratas. Tras semanas de especulaciones, de críticas anónimas de algunos legisladores, ha quedado claro el cierre de filas de los conservadores en torno a su presidente y que las únicas gritas, mínimas, se dan precisamente en las filas demócratas.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, activó las pesquisas el 24 de septiembre al trascender las maniobras de Trump para intentar que Ucrania investigase a su rival político, el exvicepresidente Joe Biden, y al hijo de este por sus negocios en el país, lo que perjudicaría electoralmente al precandidato demócrata Biden. La ristra de comparecencias desde entonces, a puerta cerrada, han revelado hasta ahora que Trump se sirvió de una diplomacia paralela —en la que su abogado personal, Rudy Giuliani, desempeñaba un papel fundamental— para influir en Kiev.
El proceso entra ahora en una fase completamente distinta, con comparecencias públicas y defensa formal por parte de los abogados de Trump. Lo votado este jueves establece las normas y procedimientos, que los republicanos consideran injustos, ya que, entre otras medidas, permiten a los demócratas -gracias a su mayoría en la Cámara- vetar algunas comparecencias que no consideren pertinentes. Pelosi defendió la justicia de las normas aprobadas, similares, aseguran los demócratas, a las establecidas en su día para Richard Nixon o Bill Clinton.
Esta es la tercera vez en la historia que Estados Unidos pone en marcha el juicio político contra un presidente, un proceso excepcional que conlleva la destitución en el caso de que se le halle culpable de algún delito o falta grave. La justicia estadounidense establece que los mandatarios no pueden ser imputados mientras se encuentran en el cargo, así que sus acusaciones deben verse en el Capitolio. Nunca ha salido adelante hasta ahora: Nixon dimitió por el Watergate antes de que el caso se votase y los otros dos, Clinton -por el caso Lewinksy en 1998- y Andrew Johnson ganaron la votación fnal en el Senado. Ese es el escenario probable también para Trump, ya que aunque los demócratas probablemente votarán a favor de los cargos penales contra el mandatario en la Cámara baja, que controlan, el veredicto final se decide en el Senado, de mayoría republicana.
LA COSA NO PINTA BIEN PARA TRUMP
LA JUNTA ELECTORAL INICIA UN EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA SÁNCHEZ
La Junta Electoral inicia un expediente sancionador contra Sánchez por usar La Moncloa para una entrevista «electoralista»
Pablo Montesinos (PP): «Es intolerable el uso electoral de La Moncloa y de las instituciones públicas por parte de Sánchez».
La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido abrir un expediente sancionador contra Pedro Sánchez por la entrevista que concedió a La Sexta tras la exhumación de Franco. Cuestionando además que en dicha entrevista se produjeron manifestaciones «electoralistas», además de que posteriormente se colgó en la web de La Moncloa junto a la transcripción de la misma. Es decir, tanto por sus mensajes como por utilizar «medios institucionales para hacerla y difundirla».
Desde el PP, el portavoz de la campaña y vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha calificado de «intolerable» el «uso electoral» que Sánchez ha hecho de La Moncloa.
Aunque la JEC considera que las declaraciones de Sánchez no incumplen el artículo 53 de la Ley Electoral, «atendiendo a las circunstancias que rodean la entrevista de referencia, así como al hecho de que ya se efectuó en fecha reciente apercibimiento a todos los miembros del Gobierno para que se abstuviesen de vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el proceso electoral», se ha decidido la apertura de un expediente sancionador.
La Junta Electoral ha tomado esta decisión después de que el pasado 17 de octubre se advirtiese ya a los miembros del Gobierno en funciones que se abstuvieran de hacer declaraciones electoralistas porque, si no, les abrirían procedimiento sancionador.
Asimismo, la Junta ha decidido incoar otro expediente a la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá. En su caso por haberse referido desde esa tribuna con fines electorales a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
En ambos casos el apercibimiento viene motivado a partir de una denuncia del PP. La JEC recuerda que todo el Ejecutivo en funciones ya estaba apercibido por vulnerar la neutralidad en dos ruedas de prensa del Consejo de Ministros.
En el caso de Sánchez la JEC dice, sobre el uso de las salas de La Moncloa para las entrevistas, es allí donde Sánchez concede la gran mayoría, que esa cuestión por sí sola «podría no determinar la vulneración», pero sí entienden que «la escenografía en la que se desarrolla, con utilización de símbolos y elementos públicos, conlleva poner al alcance de uno de los contendientes de las elecciones la posibilidad de utilizar medios institucionales que no están disponibles para los restantes candidatos, con el consiguiente quebrantamiento del principio de igualdad de armas», justifica el árbitro electoral.
En el PP, Pablo Montesinos ha subrayado que «Pedro Sánchez es el primer presidente de la democracia expedientado por la Junta Electoral Central». El portavoz de la campaña del PP ha destacado que «su uso electoral de La Moncloa, de las instituciones públicas, es intolerable, como ha denunciado durante las últimas semanas el Partido Popular. Desde el Consejo de Ministros al CIS pasando por los decretos ley».
«Que la izquierda no nos líe con sus problemas. El Partido Popular quiere movilizar a los españoles que buscan un futuro mejor. Somos la alternativa para superar la situación de bloqueo que atraviesa España», ha insistido Montesinos, tras conocer la noticia de la Junta Electoral.
También el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha subrayado que «Pedro Sánchez hace historia. La primera vez en la historia que la Junta Electoral expedienta a un presidente del Gobierno por saltarse la ley». «Pablo Casado es la única alternativa a este señor», sentencia.
VAYA EJEMPLO MAS NEFASTO
SÁNCHEZ APRUEBA UN REAL DECRETO PARA FRENAR LA REPÚBLICA DIGITAL CATALANA.
Sánchez aprueba un real decreto para frenar la «República digital» catalana
El presidente en funciones anuncia que el desarrollo de la Administración digital será controlado por el Estado .
El Consejo de Ministros aprueba este jueves un Real Decreto que pretende controlar el desarrollo en la red de las todas las administraciones públicas del Estado. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en una entrevista en Onda Cero que el objetivo es «poner punto final al proyecto del independentismo de la República digital».
Sánchez ha reconocido que es «evidente» que la Generalitat de Cataluña «ha avanzado» en ese proyecto, con lo que está nueva norma pretende que el desarrollo de la Administración digital sea «dirigido por el Estado».
El presidente en funciones ha asegurado que a partir de esta norma se establecerá que «todos los servidores deberán estar localizados en la UE y no en paraísos digitales». El objetivo es «controlar el potencial mal uso de la Generalitat» para que no utilice datos «para fines espurios», advirtiendo que no habrá «ni independencia online ni offline».
«Es verdad que, en los últimos años, se ha visto que el independentismo ha sufrido las fortalezas del Estado de derecho, intentando buscar aquellos reductos alegales o con lagunas legales y en el mundo digital. Es evidente que han avanzado en ese proyecto de república digital», ha reconocido Sánchez.
En un momento en el que los servicios de inteligencia están investigando también qué vínculos puede tener la dirigencia independentista con el denominado «Tsunami Democrático», ha dicho Sánchez que «el Estado de Derecho va a ser igual de contundente en el mundo digital que en el real».
miércoles, 30 de octubre de 2019
PEDIR LA LUNA....
FUERA DE TODA LÓGICA....
PARA COGER LA ESTRELLA.
Triste espectáculo el que, en mi opinión, estamos dando como país al mundo entero con los acontecimientos sucedidos en Cataluña en los últimos días. Si nos cuesta entender a los españoles lo que está pasando, ¿qué podrán pensar y preguntarse los demás?
Está superdemostrado que los políticos catalanes están vendiendo al mundo la imagen de ser "una sociedad oprimida y maniatada por un Estado opresor que los tiene colonizados contra su voluntad", y como consecuencia de ello los pobres malviven como pueden, y ahora, hartos de tanto atropello por parte de "la potencia opresora España", al no poder soportar más la injusticia, se han tirado a la calle en plan numantino dispuestos a todo antes que a seguir padeciendo la injusticia y el sometimiento al que el resto de los españoles los tenemos sometidos.
Yo no sé si son más inteligentes que el resto de los habitantes de la denominada piel de toro en que habitamos, pero lo que sí queda demostrado es que son más hábiles y astutos que el resto para llevar el agua a su huerto o el ascua a su sardina. No se puede entender que desde la Administración central del país, Gobierno y Estado, se esté aplicando la táctica de la medicina antigua de cura con cataplasmas.
En mi opinión, en Cataluña nos ha salido un tumor maligno y o lo extirpamos de raíz o la metástasis acabará llevándonos a todos por delante. Ya está bien de andar con arreglos y componendas. Alguien nos puede decir qué es lo que les falta a los catalanes que nos sobre a los demás. Yo creo que no. Están, como decimos en Asturias, refalfiaos. Tienen más que nadie del resto del país, y aun así, van de víctimas.
Durante décadas, el Estado español, por intereses del partido al que le tocaba gobernar en cada momento, en cuanto necesitaba el apoyo de los votos de quienes gobernaban en Cataluña iban cediendo competencias y privilegios de todo tipo en detrimento de los intereses del resto de los españoles, y hoy en pago a tanto blandengue y pasotismo, tenemos lo que tenemos.
En Cataluña, a tenor de lo que se ve y oye, hay una generación en pie, educada y formada en el odio a España, fruto de nuestro pasotismo y dejadez, y ahora estamos recogiendo los frutos de lo que durante décadas fuimos sembrando erróneamente. De otra parte, en mi opinión, algunos medios de comunicación no miden el problema en su justa dimensión y parece que tratan de minimizarlo incluso simpatizando con la idea de defender lo que los políticos radicales catalanes piden de establecer allí la república a las bravas.
No olvidemos que ellos son solo la parte del todo, y si han de hacerse cambios territoriales, lo normal es que sea el todo quien decida, y no la parte. Ante tanto disparate y despropósito, solo se me ocurre preguntar a los catalanes lo siguiente: ¿qué creen que les falta a ustedes que nos sobre al resto de los españoles para demostrar tanto descontento? Yo creo que nada: si acaso, realismo, responsabilidad y sensatez.
Ultimas noticias EEUU, TRUMP SIGUE CANTANDO VITORIA 30/10/2019
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Javier Villamor: "Más de un tercio de los eurodiputados trabaja por y pa...
Javier Villamor: "Más de un tercio de los eurodiputados trabaja por y para los intereses de Soros"
FIN EMISIÓN-LA MALDICIÓN POR FRANCO alcanza a Sánchez.
FIN EMISIÓN-LA MALDICIÓN POR FRANCO alcanza a Sánchez.
Espectacular INCIDENTE OVNI en Fort Benning
Publicado el 30 oct. 2019
Unos Orbs arremetieron contra 1.000 hombres que se encontraban en Fort Benning, solamente uno de ellos, pudo relatar los alucinantes sucesos de aquella noche en la que numerosos OVNIs invadieron las instalaciones en las que se encontraban.
¿Cuáles fueron los acontecimientos que rodearon este sorprendente suceso que nunca trascendió a la opinión pública?
¿Cuáles fueron los acontecimientos que rodearon este sorprendente suceso que nunca trascendió a la opinión pública?
LAS OPERADORAS COBRARÁN MEDIO MILLÓN DE EUROS POR CEDER LOS DATOS.
Las operadoras cobrarán medio millón de euros por ceder los datos al INE
Las compañías telefónicas defienden que pueden comercializar la información sobre sus clientes en la medida en que ha sido anonimizada y no puede identificarse a ningún usuario.
Las operadoras telefónicas cobrarán al Instituto Nacional de Estadística (INE) casi medio millón de euros por cederle los datos para que elabore un estudio sobre la movilidad de los españoles. Estas empresas explican que pueden vender sin problemas la información porque ha sido anonimizada. Es decir, no hay forma de conocer qué clientes están detrás de esas cifras y, por tanto, no se infringe de ningún modo la legislación de protección de datos.
Las tres compañías han lanzado unidades de big data e inteligencia artificial para comercializar esta información, siempre respetando la privacidad de los usuarios, explican fuentes de las empresas. La de Telefónica se llama Luca; la de Vodafone, Vodafone Analytics, y la de Orange, Flux Vision. Al INE le han ofrecido en consecuencia un servicio que ya existe. Los contratos figuran en la base de datos de licitación del instituto estadístico en fase de evaluación bajo el título “servicio de elaboración de información agregada y anonimizada sobre movilidad de la población a partir de datos de posicionamiento de teléfonos móviles contenidos en la base de datos”. Y los importes son de 163.615,86 euros para Luca; 185.000 para Vodafone y 150.000 para Flux Vision.
En el caso de la estadística experimental que prepara el INE, las compañías simplemente entregan al organismo el recuento anónimo y agregado de posiciones de móviles en las 3.500 celdas en las que se divide el territorio nacional con un mínimo de 5.000 habitantes por cada cuadrícula. Y el INE solo puede conocer los movimientos entre esas celdas. Nada más. Se trata de “tablas agregadas de resultados”, subraya el organismo en un comunicado publicado el martes. Es decir, resulta imposible identificar a las personas a partir de los datos facilitados. Y añade: “Los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal”.
En cuanto a la legalidad de esta práctica, según explican las propias operadoras, estas tienen la obligación de mantener durante 12 meses los datos de sus comunicaciones a disposición de los cuerpos policiales con la correspondiente autorización judicial. Pasados esos 12 meses, deben destruirlos o anonimizarlos. Ahora bien, una vez anonimizados pueden comercializarlos sin infringir la ley y sin que haga falta el consentimiento del usuario. “La anonimización de los datos con fines estadísticos o de investigación es un tratamiento lícito amparado por el marco jurídico vigente, tanto en materia de protección de datos como de servicios de telecomunicaciones”, subrayan fuentes de Telefónica.
Y en la misma línea se manifiesta el INE en su comunicado: “Se trata de una estadística sometida, como todas las que elabora el INE, a la Ley de la Función Estadística Pública, que garantiza el secreto estadístico y que cumple con todos los requerimientos de la ley de protección de datos”.
Según señalan fuentes de las compañías telefónicas, el uso que se está haciendo del big data en este caso es muy escrupuloso y contrasta con el que hace Google, que sí está aprovechando la información personalizada, por ejemplo a la hora de comercializar la publicidad según las búsquedas realizadas por cada usuario.
“Solo obtenemos información de que X dispositivos están conectados en la hora H en la antena Z. No recogemos ninguna información más”, indican fuentes de Vodafone. En todo caso, recuerdan que cualquier usuario de Vodafone puede retirar su permiso para el uso de Vodafone Analytics en la app MiVodafone, yendo al apartado “cuenta” y luego a “permisos”.
¿QUIÉN NOS GARANTIZA EL ANONIMATO?
800 PROFESORES UNIVERSITARIOS DENUNCIAN LA FALTA DE NEUTRALIDAD DE LOS RECTORES ANTE LA SENTENCIA DEL PROCÉS.
800 profesores universitarios denuncian la falta de neutralidad de los rectores ante la sentencia del ‘procés’.
Dos sindicatos estudiantiles convocan huelga en los institutos catalanes este miércoles y jueves, mientras continúa de manera indefinida en las universidades.
Varios centenares de profesores universitarios de toda España han redactado una carta abierta a los rectores de las universidades públicas catalanas para expresar su "radical desacuerdo" con el contenido "aberrante" del manifiesto de estas instituciones en favor de la libertad de los políticos independentistas encarcelados. En la misiva, promovida por los colectivos Foro de Profesores y Universitarios por la Convivencia y avalada por unos 800 docentes, según los impulsores, los firmantes rechazan la legitimidad de los órganos de gobierno para posicionarse políticamente en nombre de toda la comunidad educativa. "En modo alguno han sido elegidos por sus ideas políticas", reza la carta. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha apoyado a estos profesores: "No podemos permitir que las ideas de unos se conviertan en la mordaza de otros. Contra el control ideológico y por la convivencia en la universidad", señaló anoche el ministro en su cuenta de Twitter.
Isabel Fernández, la primera firmante de este manifiesto, ha considerado, en declaraciones a EL PAÍS, que hay una falta de "neutralidad" de los órganos de gobierno de las universidades. "Hay un grave problema de apropiación de la comunidad educativa. Las Administraciones no tienen libertad de expresión. Eso es un derecho de las personas", ha subrayado. Las universidades catalanas se posicionaron con el apoyo de los claustros en contra de la sentencia del procés y a favor de los líderes independentistas encarcelados, a quienes califican de "presos políticos". Para Fernández, el posicionamiento de las universidades no tiene sentido. "Yo creo que no tendría que haber pronunciamientos políticos. Las universidades tienen que fomentar el debate y la cohesión social. No pueden contribuir a incendiar más la sociedad", defiende.
Las rectoras y rectores de las universidades públicas catalanas emitieron el pasado día 14 de este mes, cuando se conoció la sentencia del procés, un comunicado muy similar en el que expresaban su "indignación por la situación que se vive en Cataluña", así como la "preocupación por las circunstancias personales que viven las personas afectadas por la sentencia". En el manifiesto, los rectores apelaban al diálogo "en el marco de la cultura de la paz y contrario al uso de cualquier tipo de violencia", y además recordaban que las universidades son comunidades formadas por personas con una considerable diversidad ideológica, "donde todas las ideas y manifestaciones tienen cabida". Algunas universidades, como la de Lleida, fueron más allá de la condena a la sentencia y aprobaron en su claustro otros puntos controvertidos. La de Lleida validó declarar persona non grata a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera y al magistrado Manuel Marchena, y también instó a crear una comisión de evaluación para revisar los contratos de suministros con criterios de "sostenibilidad, proximidad y compromiso con los valores democráticos". Un portavoz de la Universidad de Lleida ha puntualizado que también se votó un manifiesto de signo contrario al aprobado, pero ni siquiera la persona que lo presentó acudió al claustro a defenderlo.
El manifiesto de los rectores fue validado por los claustros, el órgano de máxima representación de la comunidad educativa. Sin embargo, señala Fernández, este organismo no está legitimado para dar valoraciones políticas en nombre de la comunidad educativa. "El claustro no es competente. No tienen la legitimidad. Nadie los ha elegido por razones políticas, sino porque eran competentes en políticas educativas".
Según los impulsores de la carta contra el posicionamiento de los rectores, la misiva cuenta con unas 800 adhesiones. Entre los firmantes figuran los catedráticos de Estadística de la UB, Josep M. Oller; de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Alfonso Ruiz Miguel; de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, Luis Míguez Macho; de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Málaga, José María Rosales y la catedrática jubilada de Historia Contemporánea de la UB, María Teresa Martínez de Sas. También suscriben la carta la política y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Internacional de Cataluña Montserrat Nebrera; el catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona Antonio Martin Artiles; y el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pública de Navarra, Fernando de la Hucha, entre otros.
"Yo he firmado la carta porque estoy harto de aguantar el uso torticero de las instituciones públicas. Las universidades tienen que ser un lugar de encuentro, diálogo e intercambio de ideas. No deben posicionarse ni meterse en temas políticos. La Universidad debe generar conocimiento y en cuestiones donde haya controversia, tiene que ser un foro de diálogo", insiste Álvaro Choi, profesor de Políticas Educativas de la Universidad de Barcelona. El docente sostiene que el posicionamiento de las universidades en la sentencia del procés puede ser por varios motivos: "En algunos casos es por la alineación de los equipos rectorales y decanales. Otros tienen miedo a ser señalados como traidores a la patria. Están secuestrados en este sentido. Y también influye que hay elecciones cerca y no quieren perder ese nicho de votantes".
Por su parte, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) rechazó valorar los manifiestos aprobados por los claustros pero recordó "que esos textos surgen a iniciativa de grupos concretos de claustrales, que los rectores, en cumplimiento de sus estatutos, tienen la obligación de someter a votación en el claustro".
Casi todas las universidades catalanas admitieron la semana pasada la reivindicación de los estudiantes movilizados contra el procés, que exigían un examen final, en lugar de la evaluación continua, para poder compatibilizar la actividad académica con la asistencia a las manifestaciones y participar de la huelga. Solo la Pompeu Fabra (Barcelona), la de Lleida y la Rovira i Virgili (Tarragona) no lo contemplaron en un principio, pero la primera de ellas cambió su postura ayer martes tras el encierro de 140 estudiantes bloqueando el acceso a los tres campus. El rector de la Pompeu, Jaume Casals, lanzó una nueva propuesta, por la que la UPF no aplicará la evaluación única de forma sistemática, sino que buscará alternativas para adaptar la evaluación a cada caso y según las particularidades de cada facultad. Tras debatir la propuesta del rector, los estudiantes terminaron el encierro a última hora de ayer en los tres campus. Además, este miércoles el Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona ha aprobado la modificación del sistema de evaluación después de días de negociaciones con los estudiantes. La de Lleida, por su parte, también se ha abierto a facilitar la evaluación única a los alumnos que lo pidan.
"Le estamos concediendo una posibilidad de evaluación adicional a un grupo de estudiantes y los estás favoreciendo sobre el resto de alumnos. Además, los estudiantes deberían hacerse responsables de lo que significa la huelga. Eso tiene un coste", valora Choi. El docente ha advertido de que si la "situación disruptiva" en las universidades se alarga en el tiempo, puede pasar factura al rendimiento y resultado académico final. "Puede haber una generación marcada que saldrá de la universidad con menos conocimientos", agrega.
Este miércoles, los rectores españoles han insistido en que sus colegas catalanes tienen "autonomía" en el gobierno de sus centros para garantizar "la pluralidad" en los campus, después de que los rectores catalanes apoyasen a los políticos presos por el procés en un comunicado conjunto e instituciones como la Pompeu Fabra cediesen a adaptar las evaluaciones a los estudiantes en huelga por el independentismo para evaluarles con una única prueba. Fuentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) han asegurado que "siempre han mostrado el máximo respeto por las normas fundamentales de convivencia que deben regir en todo momento un Estado democrático, así como por la autonomía universitaria como garante de las mismas en la pluralidad que representan nuestras comunidades universitarias".
La huelga estudiantil iniciada ayer martes se traslada este miércoles y jueves a los institutos catalanes. El Sindicat d'Estudiants (SE) y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han convocado un paro en secundaria —aunque el SE también lo convoca solo estos dos días en las universidades— que se suma a la huelga indefinida en los centros universitarios convocada por el SEPC a partir de ayer martes.
EL DESMADRE EN CATALUÑA ES MUY GRANDE E INSOPORTABLE