PSOE y Podemos ignoran a los letrados y tramitan 20 enmiendas anticonstitucionales a los Presupuestos
En este paquete se incluye la enmienda para impedir los desahucios hasta el fin del estado de alarma
La presidenta de la Comisión de Presupuestos argumenta que deben ser los partidos y no un «grupo de letrados» quienes decidan qué se tramita en el Congreso.
PSOE y Unidas Podemos han decidido este martes ignorar el criterio de los letrados del Congreso y tramitar veinte enmiendas a los Presupuestos consideradas anticonstitucionales por los servicios jurídicos de la Cámara, entre ellas, la famosa propuesta de impedir los desahucios hasta el final del estado de alarma.
La decisión de continuar con su tramitación ha sido adoptada este martes por la Mesa de la Comisión de Presupuestos, con el voto a favor de los dos socios de la coalición y el desacuerdo de los populares.
Según ha intentado justificar la presidenta de este órgano, Pilar Garrido de Unidas Podemos, en rueda de prensa, debe primar el criterio «interpretativo» por encima del jurídico ya que deben ser los partidos quienes decidan qué debe tramitarse y no «un grupo de letrados».
El informe de los servicios jurídicos, al que ha tenido acceso ABC, señala como anticonstitucionales las dos enmiendas referidas a los desahucios presentadas por EH Bildu, ERC y Podemos. Y ello porque proponen modificar por esta vía la Ley de medias para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y el Real Decreto-Ley que regula prohibición de los desalojos. Esta fórmula pretende regular «el lanzamiento en determinados casos y afecta a relaciones jurídicas de derecho privado, lo que no tendría conexión directa con los ingresos y gastos públicos», advierte el informe.
Además, los letrados consignan como disconformes con la doctrina constitucional otras dos propuestas de EH Bildu, cuatro de ERC, seis de Ciudadanos, dos de Más País, una enmienda de Junts, otra del PNV, una del PP y una última de Teruel Existe.
Los servicios jurídicos de la Cámara recuerdan en su informe que el Tribunal Constitucional «ha establecido límites» sobre la delimitación de los Presupuestos y que estos «han de circunscribirse a la aprobación de ingresos y gastos y a la regulación de materias que guarden directa relación con dichos ingresos y gastos o contribuyan a hacer efectiva la política económica del Gobierno quedando excluidas cualesquiera otras materias».
Continúan advirtiendo que si no se respeta este criterio «se podría entender que la Ley (de Presupuestos) entra en contradicción con la citada jurisprudencia». «En definitiva, la regulación de materias situadas fuera de los mencionados contenidos, necesario y eventual, no estaría constitucionalmente permitida a la Ley de Presupuestos», concluyen.
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