La Fiscalía de Madrid investiga la posible revelación de secretos del fiscal Stampa a Podemos en el caso Dina
La apertura de estas diligencias paraliza el expediente que ya había abierto la inspección de la Fiscalía General.
El fiscal superior de Madrid ha abierto diligencias de investigación penal (previas a la judicialización de una causa) para esclarecer los hechos que se recogen en la denuncia presentada la semana pasada por Vox contra los protagonistas del caso Dina por revelación de secretos.
Como entre los denunciados está el fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, quien supuestamente filtró a la abogada de Podemos Marta Flor, informaciones que estaban secretas, su aforamiento determina la competencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
En una nota, el Ministerio Público precisa que las diligencias de investigación incoadas «no suponen tomar postura sobre la existencia del hecho delictivo», y que su objeto es «determinar, esclarecer y concretar los hechos denunciados».
El decreto de incoación designa como instructor al teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, quien, una vez practicadas las diligencias pertinentes, las elevará a la Jefatura con el correspondiente resumen-propuesta.
La incoación de las diligencias de investigación supone, hasta su conclusión, la suspensión del expediente que se tramitaba ante la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado respecto del mismo fiscal, quien mantenía una estrecha relación con la abogada de Podemos Marta Flor.
La semana pasada Vox presentó una denuncia en Fiscalía contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; su exasesora Dina Bousselham, la abogada de Podemos Marta Flor y el fiscal Stampa por delitos de denuncia falsa, estafa procesal, revelación de secretos, tráfico de influencias, estafa procesal y tráfico de influencias.
La formación de Abascal señalaba en su escrito que aunque el origen del caso Dina se encuentra en la denuncia interpuesta por Bousselham sobre el robo de su móvil, se están revelando hechos que ponen en entredicho la veracidad de esa denuncia, pues se han detectado contradicciones en las declaraciones de los implicados y la investigación judicial, «que muestra que Pablo Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta de teléfono y su contenido», por lo que pudo cometer un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos contra ella.
Vox recordaba que en el procedimiento judicial están incorporados los mensajes del chat interno del servicio jurídico de Podemos que demostrarían los contactos con los Fiscales Anticorrupción que llevaban el procedimiento, por lo que, a su juicio, «todo obedece a una estrategia política debidamente orquestada por Iglesias de la que Podemos se beneficiaria de la causa contra Villarejo, estando, entonces (el robo de la tarjeta fue en 2015), próximas las elecciones».
VAYA JUSTICIA QUE TENEMOS.
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