UN GOBIERNO PERDIDO

EL PENSADOR

 

QUE ANDA DANDO TUMBOS.

Con la declaración de estado de alarma por el Gobierno de la nación y la aplicación de la medida de confinamiento por un decreto ley bastante discutible jurídicamente, nos encontramos un desarrollo normativo ciertamente confuso de los sectores y actividades que continúan prestando servicios, y así, a los asesores laborales y fiscales nos han declarado sector esencial. Aunque mucho más grave es que nuestros “preclaros y eficaces” dirigentes no están dispensando los equipos de protección individual (mascarillas, guantes...) a los profesionales que mantienen día a día la lucha contra el traído y llevado COVID-19, por lo que mi queja va en otro sentido.

Lo que los gobernantes tienen claro, con independencia de su especialidad, la propaganda, es que paralelamente al primer problema a abordar, la cuestión sanitaria, que siguen afrontándola con improvisación y mentiras, la crisis derivada del estancamiento económico ha de ser soportada por todos menos por ellos; pero sobre todo por los “malos de las películas comunistas”: las empresas privadas. Y detrás de ellas, dado que el tejido empresarial español está compuesto en un 95 por ciento por empresa de menos de 50 trabajadores, lo soportamos nosotros, sus asesores.

Cómo no vamos a ser sector esencial en esta crisis si, en primer lugar, existe una “pandemia legislativa” de normas nominales que, en primera instancia, tenemos que interpretar sobre la marcha; explicarlas y aplicarlas a las empresas, desgraciadamente sobre la base de la inseguridad jurídica y la incapacidad de la Administración: desde la tramitación por vía de urgencia de ERTE, acogiéndose a causa de fuerza mayor, soportando la falta de respuesta expresa y anticipándonos a la posterior prohibición ¿legal? de las extinciones contractuales por causas objetivas relacionadas con el COVID-19, a la obligación trasladada de formular solicitudes colectivas de los trabajadores de la empresa afectados por ERTE ante el SEPE. Además de emitir los correspondientes certificados individuales (por cierto, que en la página web de este servicio se encomienda vivamente a los trabajadores a que no llamen a las oficinas, que permanecen cerradas). Y pasando por las peticiones de abono extraordinario de cese de actividades de los autónomos o las peticiones anunciadas y aún no habilitadas de suspensión de las cuotas del RETA de los próximo tres meses, cargando un 0,5 por ciento (después de haber cobrado la cuota de marzo), en un plazo iniciado el 1 de marzo, en 10 días naturales (cuando 4 de ellos son festivos). Y en el ámbito fiscal, de las peticiones de aplazamiento de pagos a cuenta, IVA y retenciones (modelo 111) en una peculiar forma que recarga el 3 por ciento de interés a partir del tercer mes, aunque la solicitud solo contempla pedir el plazo de seis meses, al asesoramiento sobre los teóricamente aprobados créditos ICO (pero a cargo de los bancos, que aún no saben en qué condiciones se deben aprobar), pasando por la interpretación de las medidas aplicables a las situaciones de vulnerabilidad económica a los efectos de moratoria hipotecaria, crédito de financiación no hipotecaria y bonos sociales.

Pero, sobre todo, cómo no vamos a ser sector esencial, no en segundo sino en principal lugar, dado que los gobernantes no han establecido las fórmulas adecuadas, empleadas en los países afectados por la crisis del COVID-19, de suspensión automática de los plazos de pagos de cotizaciones e impuestos, nos necesitan a los asesores, no estratégica sino tácticamente para que las empresas paguen sus impuestos en tiempo y forma y ellos puedan aplicarlos adecuadamente (léase no ver reducidos sus ingresos, cuando no ha habido ninguna propuesta de renuncia a dietas o bajada de sus salarios por no estar trabajando).

Sí, soy, somos esenciales para convertirnos en los cooperadores necesarios de los pagos de impuestos y cotizaciones a realizar porque los gobernantes no son capaces de aprobar las medidas que las empresas (y sus trabajadores) verdaderamente necesitan para afrontar la crisis económica derivada de la sanitaria y proveer el futuro del día después del confinamiento. Y, al igual que los profesionales sanitarios prefieren tener los equipos de protección individual a recibir aplausos genéricos a las 20 horas, yo prefiero una Administración eficaz como ordena el artículo 103.1 de la Constitución y renuncio a los aplausos.