Dolores Delgado, la primera designación que parte en dos al CGPJ en la última década
Los cinco anteriores fiscales avalados por el poder judicial español recibieron en el peor de los casos un solo voto en contra frente a los siete de la elegida por Sánchez.
Si en términos de juramento hubiera que poner un nombre al aval que prestó ayer el Consejo General del Poder Judicial, a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado éste sería «por imperativo legal». Así salió adelante ayer, por una mayoría de 12 vocales frente a siete, el informe del CGPJ que la ley exige para ocupar la más alta representación del Ministerio Público. Aunque el Consejo está formado por veinte vocales más el presidente, dos de los ubicados en el sector conservador faltaron ayer a la cita. De ahí que solo votaran los presentes y una ausente, la progresista Pilar Sepúlveda, que lo hizo por videoconferencia.
En un momento en el que el Poder Judicial está sufriendo la mayor campaña de desprestigio por parte de un gobierno en democracia, el de ayer fue el segundo acto de rebelión del Consejo después del comunicado emitido el día anterior por los ataques del vicepresidente Pablo Iglesias, que mintió al decir que la justicia española está siendo «humillada por los tribunales europeos». Sólo Javier Moscoso, el único precedente de fiscal general que pasó directamente del Ejecutivo (de Felipe González) a la jefatura del Ministerio Público en 1986, tuvo una votación tan fragmentada, en su caso 13 a 6, más avales incluso que Delgado.
Sólo en el plano legal
Pese a que se preveía un pleno convulso en el que parte del sector conservador estaba dispuesto a plantarse si no se buscaba una fórmula que permitiera poner de manifiesto que esta propuesta de fiscal general «excede todos los límites» por su evidente politización, prevaleció el sentido institucional. De esta forma, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, logró consensuar un texto que en solo dos líneas condensaba el sentir mayoritario: la propuesta se aprueba porque cumple los requisitos legales: tener más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión y ser jurista español de reconocido prestigio, un concepto subjetivo que, salvo casos flagrantes, el CGPJ no ha entrado nunca a valorar.
Lesmes eliminaba una frase que sí fue empleada en propuestas anteriores, en concreto en los casos de los cuatro fiscales generales que han pasado el examen con este Consejo, en las que se afirmaba que los méritos del candidato en cuestión «determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento». El texto que el presidente ha llevado esta tarde al Pleno concluye de la siguiente forma: «A la vista de la documentación referida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada». Ninguna referencia a la idoneidad. Dicho de otra forma, Delgado cumple simplemente los requisitos legales.
Lo avalaron así el presidente del órgano, autor de única propuesta debatida; los vocales conservadores Ángeles Carmona y Rafael Fernández Valverde, y los progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo.
La «lealtad institucional» de la que quiso hacer gala Lesmes al emitir este informe –preceptivo, pero no vinculante–, no evitó que los siete vocales contrarios a dar su aval a la exministra formularan un voto particular en el que aseguran que no la consideran idónea para el cargo.
«Un serio impedimento»
«La autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal, puede resumirse en el antiguo proverbio inglés: no basta que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se hace justicia», señalan. A su juicio, la asunción de la responsabilidad de fiscal general del Estado «sin solución de continuidad», inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y de diputada del partido que sustenta al Gobierno proponente, «supone un serio impedimento» para garantizar a la ciudadanía la imagen de «autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al fiscal general del Estado».
La apariencia de imparcialidad y la percepción que de ella debe proyectarse a la sociedad queda comprometida, dicen, por las circunstancias que concurren en la candidata propuesta, que crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución, lo que comporta, a su vez, que «las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones», sostienen los conservadores Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart.
Y es que fuentes de este bloque discrepante ya señalaron ayer a ABC el conflicto de intereses que puede plantearse en el mandato de la fiscal general, que estuvo a punto de ser cesada por las grabaciones de Villarejo y que ahora, entre otros asuntos, «supervisará» ese caso o procedimientos, como el del «procés», en los que ha tomado parte desde la posición mantenida por la Abogacía del Estado, a la que se obligó a rebajar el delito de rebelión a sedición.
La vocal Concepción Sáez, designada a propuesta de Izquierda Unida, y la única que votó en contra de la ideoneidad de los fiscales generales (magistrados de la Sala Segunda del Supremo) José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, formulará voto concurrente, pero a favor de la idoneidad de la exministra.
Delgado, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene acreditados más de 28 años de servicios prestados en la carrera fiscal, desde su ingreso en febrero de 1990 hasta su nombramiento como ministra de Justicia en julio de 2018. Tras pasar por la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona y Antidroga, entre abril de 2004 y septiembre de 2005 estuvo destacada temporalmente en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y de junio a diciembre de 2006 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En enero de 2007 pasó a ocupar plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde ejerció sus funciones hasta que fue nombrada ministra.
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