Limpiar un vertedero ilegal de Jordi Pujol Ferrusola costará hasta 159 millones.
El Supremo obliga a la Generalitat a vaciar y restaurar la zona ocupada por la instalación, con la que el hijo del expresident hizo un pelotazo de 5,3 millones gracias a sus contactos.
La Generalitat de Cataluña tendrá que gastarse hasta 159 millones de euros en limpiar y restaurar la antigua cantera de arcilla ocupada por un gigantesco vertedero ilegal con el que Jordi Pujol Ferrusola hizo a principios de la pasada década un pelotazo de 5,3 millones de euros, según los documentos consultados por EL PAÍS. La instalación, llamada Vacamorta y situada en Cruïlles, en el turístico Baix Empordà (Girona), ocupa una superficie de 15,4 hectáreas y en algunas zonas los residuos alcanzan los 70 metros de profundidad. Un vaciado de estas dimensiones —ordenado por una sentencia firme del Tribunal Supremo de 2014— obligará a retirar 2,9 millones de desechos y tierras contaminadas. Para ello, serán necesarios 143.000 viajes de camión —a un ritmo de uno cada cinco minutos durante cinco años—, según el anteproyecto encargado por la Generalitat.
El destino de los residuos ni siquiera está claro, ya que el volumen a trasladar llevaría al límite de su capacidad a los tres vertederos existentes en Cataluña y quizá sea necesario abrir otro nuevo. Fangos procedentes de depuradoras y plantas de tratamiento (49% del total), residuos industriales (27%) y restos de obras (13%) son los desechos más abundantes en Vacamorta.
No hay precedentes de una operación parecida tan gravosa en España. Limpiar los lodos de la catástrofe de Aznalcóllar, por ejemplo, costó a la Junta de Andalucía apenas 90 millones de euros. En relación con la población de Cataluña (7,5 millones), el vaciado de Vacamorta tendrá un coste en fondos públicos de unos 20 euros per cápita.
El anteproyecto estudia cinco alternativas, aunque solo dos de ellas serían hoy viables —y no sin problemas— con los medios de la Generalitat, teniendo además en cuenta que el Gobierno catalán ya está incumpliendo los dos años que el Supremo fijaba para vaciar la instalación. Esas dos opciones suponen la salida de Vacamorta de 120 camiones al día cargados con 20 toneladas de residuos, en 250 jornadas de trabajo anuales de 10 horas. A este ritmo, serían necesarios 4 años y 10 meses.
25,7 millones de litros de gasoil y “fuertes olores”
El estudio de impacto ambiental que acompaña el anteproyecto del vaciado de Vacamorta revela las grandes repercusiones para el medio ambiente que tendrá la operación. El estudio calcula que los trabajos liberarán a la atmósfera “entre 180.000 y 350.000 metros cúbicos de biogás”, formado en “un 46% por metano”, causante del efecto invernadero. También destaca que el traslado de los residuos consumirá hasta 25,7 millones de litros de gasoil y alerta sobre los “fuertes olores” que los desechos provocarán “en la zona y las poblaciones cercanas al recorrido de los camiones”.
La conclusión del informe es que la forma de reducir al máximo el impacto al medio ambiente sería sellar los residuos y dejarlos donde están.
La conclusión del informe es que la forma de reducir al máximo el impacto al medio ambiente sería sellar los residuos y dejarlos donde están.
La alternativa 1A, con un coste de 159,5 millones de euros, prevé llevar todos los residuos al vertedero de Riba-roja d‘Ebre (Tarragona), una instalación a punto de ser estrenada y situada literalmente en la otra punta de Cataluña (a 320 kilómetros). Esta opción, además, reduciría la vida útil del nuevo vertedero de 24 a solo seis años, ya que los residuos de Vacamorta llenarían casi dos tercios de su capacidad.
La opción 1B, en cambio, divide los residuos de Vacamorta entre tres vertederos: el de Riba-roja, el de Tivissa (a 275 kilómetros, también en Tarragona) y el de Hostalets de Pierola (a 157 kilómetros, en Barcelona). Esta opción, presupuestada en 146,8 millones de euros, colapsaría en poco tiempo —15 meses y tres años, respectivamente— los dos últimos, lo que además bloquearía su uso para las industrias locales.
Ante esta situación, el anteproyecto se inclina por el plan 1C, que supone la creación de un nuevo vertedero más cercano a Cruïlles —en un radio de 60 a 80 kilómetros—. Esta opción, sin embargo, tiene dos problemas que cuestionan su viabilidad. La primera, admite el propio anteproyecto, es que retrasaría cinco años el vaciado de Vacamorta —tiempo necesario para tramitar y construir el vertedero—, lo que choca con los plazos fijados por el Supremo. A ello habría que sumar la dificultad de consensuar en la actual situación política de Cataluña una ubicación que no se tope con una fuerte oposición social. Esta opción sería la más barata —81 millones—, aunque la estimación no incluye los costes del nuevo vertedero.
Por último, el anteproyecto estudia otras dos opciones, las denominadas 2A y 2B, que implican un cambio radical. Se trata en ambos casos de aplicar la tecnología denominada llamada “minería de vertedero”: procesar en origen los residuos para obtener de ellos todos los materiales, como metales, a los que se puede dar un nuevo uso. Este sistema, sin embargo, tiene el problema de que es muy lento —llevaría 37 años procesar todos los residuos—, algo que choca con la sentencia del Supremo y las demandas de las entidades que han logrado el cierre de Vacamorta en los tribunales, como la Plataforma Alternativa al Vertedero de Cruïlles (PAAC).
Pese a los enormes costes económicos y ambientales del plan, la Generalitat ni siquiera prevé limpiar el vertedero en su totalidad. El Gobierno catalán interpreta que la sentencia del Supremo solo la obliga a retirar los residuos depositados a partir de 2003. Completada toda la operación, quedarían en la zona aún más de 330.000 toneladas correspondientes a los materiales acumulados entre 2000 y 2003, que serían sellados y cubiertos de tierra.
Esta interpretación es rechazada por la PAAC, la entidad ecologista CEPA y el Ayuntamiento de Cruïlles, que preparan unas alegaciones conjuntas al anteproyecto para exigir al Gobierno catalán el vaciado total de Vacamorta. El anteproyecto del vaciado está aún en fase de exposición pública.
Un pelotazo teledirigido en secreto desde paraísos fiscales
El vertedero de Vacamorta es uno de los negocios investigados por la Audiencia Nacional en el caso Pujol. La Fiscalía Anticorrupción considera que Jordi Pujol Ferrusola —como ya hizo con otro vertedero situado en Tivissa (Tarragona)— utilizó las influencias que tenía en la Generalitat y en Convergència (CDC) para sacar adelante un proyecto que siempre que ha llegado a los tribunales ha sido declarado ilegal. La primera vez fue en julio de 2002, solo dos años después de su apertura y tras un recurso presentado por la Plataforma Alternativa al Vertedero de Cruïlles.
Un juzgado de Girona anuló la licencia de actividad concedida en 2000 por la Generalitat y declaró ilegal la instalación. Entre otras razones, por estar a solo 400 metros de una urbanización. La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ordenó la clausura del vertedero en febrero de 2003. El cierre, sin embargo, apenas duró un mes y medio. La Generalitat, apoyándose en un cambio legislativo, concedió de nuevo la autorización ambiental al vertedero en abril de ese año. La PAAC volvió a recurrir a los tribunales y en 2006 el TSJC volvió a darle la razón.
Por entonces, Pujol Ferrusola ya no era propietario del vertedero. Entre 2003 y 2004, él y sus dos socios locales habían vendido el 80% negocio a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por 13,2 millones de euros. Oculto en una larga cadena de sociedades instrumentales que terminaba en la Isla de Man —un conocido paraíso fiscal— y tras invertir 277.000 euros, Pujol Ferrusola ingresó con la venta del vertedero 5,5 millones, según destapó hace dos años EL PAÍS y ha confirmado un reciente informe de la Agencia Tributaria.
FCC gestionó el vertedero desde entonces y hasta 2014, cuando la Generalitat ordenó su clausura tras la sentencia firme del Supremo, que confirmó la del TSJC de 2006.
QUE LO PAGUE ÉL Y SE LE MULTE DEBIDAMENTE ¿QUÉ PASA CON LOS PUJOLS QUE LA LEY LOS PROTEGE TANTO?
Un juzgado de Girona anuló la licencia de actividad concedida en 2000 por la Generalitat y declaró ilegal la instalación. Entre otras razones, por estar a solo 400 metros de una urbanización. La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ordenó la clausura del vertedero en febrero de 2003. El cierre, sin embargo, apenas duró un mes y medio. La Generalitat, apoyándose en un cambio legislativo, concedió de nuevo la autorización ambiental al vertedero en abril de ese año. La PAAC volvió a recurrir a los tribunales y en 2006 el TSJC volvió a darle la razón.
Por entonces, Pujol Ferrusola ya no era propietario del vertedero. Entre 2003 y 2004, él y sus dos socios locales habían vendido el 80% negocio a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por 13,2 millones de euros. Oculto en una larga cadena de sociedades instrumentales que terminaba en la Isla de Man —un conocido paraíso fiscal— y tras invertir 277.000 euros, Pujol Ferrusola ingresó con la venta del vertedero 5,5 millones, según destapó hace dos años EL PAÍS y ha confirmado un reciente informe de la Agencia Tributaria.
FCC gestionó el vertedero desde entonces y hasta 2014, cuando la Generalitat ordenó su clausura tras la sentencia firme del Supremo, que confirmó la del TSJC de 2006.
QUE LO PAGUE ÉL Y SE LE MULTE DEBIDAMENTE ¿QUÉ PASA CON LOS PUJOLS QUE LA LEY LOS PROTEGE TANTO?
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