“Son las casas más caras de la historia: nos han hipotecado la vida”
Montserrat Gil y Arantxa Mejías perdieron su vivienda pública cuando la adquirió el fondo buitre Fidere, perteneciente a Blackstone.
Hace 15 años, Montserrat Gil López, que ahora teine 46, se instaló en su casa, en la calle de Salvador Allende, en el distrito madrileño de Carabanchel. "El 3 de agosto de 2003, la propia Ana Botella organizó un convite en el barrio para entregarme la casa", recuerda Gil. “Organizaron un catering y nos dijeron que era como si nos hubiera tocado la lotería, nos entregó las llaves en su mano”. Gil y su familia fueron beneficiarios de una de las viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), ya que cumplía con los requisitos que pedía el Ayuntamiento: “Los requisitos principales eran que tuvieras menos de 35 años —la idea era ayudar a independizarse a la gente joven—, estar empadronada en Madrid y tener un trabajo”.
Una década después, en 2013, y sin que nadie le notificase nada, Gil descubrió que su vivienda ya no era pública sino que había sido vendida al fondo buitre Fidere, dentro del conglomerado de Blackstone. “Me enteré de la venta por los medios de comunicación”, dice Gil. "Nunca me imaginé que quien me había dado la casa me la iba a acabar quitando".
Cuando se instaló, Gil pagaba 340 euros al mes de alquiler. Además, la EMVS le aseguraba el derecho a adquirir el inmueble. Justo después de la venta del piso al fondo, no solo desapareció ese derecho, sino que también sufrió una fuerte subida del alquiler: a 800 euros al mes.“Tras tres años, no pudimos pagarlo más", cuenta. El mismo año que su casa dejó de pertenecer a la EMVS, su marido, que trabajaba como barrendero municipal, fue despedido: "Qué casualidad, ¿no?".
Además de con su marido, Gil vive en su casa de Carabanchel de 70 metros cuadrados con sus dos hijos —Laura y Javi, de 26 y 16 años, respectivamente—, y con su nieta Mía, de 6. Desde 2016 no paga la renta mensual: "Nos han querido desahuciar tres veces. Y el 18 de febrero lo volverán a intentar", relata, "mis hijos me preguntan a menudo por qué nos quieren quitar la casa. Dicen que si es porque somos pobres". A pesar de que ha sido duro, Gil estaba ayer contenta: “No sé si la sentencia del Tribunal de Cuentas puede solucionar nuestros problemas, pero es una satisfacción. Hemos vivido una realidad muy dura: conozco gente que se ha quedado en la calle y a algunos que se han suicidado porque no podían más”, relata Gil, que pertenece al colectivo STOP desahucios.
"Hay vecinos que se han tenido que ir. Otros que han sido desahuciados. Muchas familias han luchado, pero otras han tenido que desistir. También hay gente que simplemente desapareció: ante la vergüenza de no poder pagar la casa, se fueron y nunca lo dijeron”, resume Arantxa Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS. "Son las casas más caras de la historia: nos han hipotecado la vida", agrega Mejías, de 29 años y que trabaja de secretaria. Ella es otro de los rostros detrás de las 1.860 viviendas públicas que el Ayuntamiento de Ana Botella vendió a fondos buitre. Por esa venta, concretamente por vender por debajo del precio de mercado los pisos públicos, Botella y siete de sus ediles han sido condenados por el Tribunal de Cuentas a abonar casi 23 millones de euros, unos 2,8 millones cada uno.
“Cuando vendieron nuestra vivienda, cambió todo”, dice Mejías, que también vive en Carabanchel. Reside ahí con sus padres desde hace más de 13 años. “Cuando finalizó el contrato de mis padres, hace dos años, nos llegó un burofax diciendo que teníamos que abandonar la casa”, recuerda Mejías. “Fueron las peores navidades de nuestra vida. De hecho, pensamos que fue una venganza porque yo ejercía como portavoz de la plataforma de afectados”. Mientras a otros vecinos, como a Gil, les subieron el alquiler tras la venta –“Hubo subidas de hasta el 40%”, dice Mejías-, a la portavoz de afectados por la venta de viviendas de la EMVS y a su familia les invitaron a irse. “Fuimos a juicio y conseguimos las mismas condiciones que el resto de vecinos: un incremento en el alquiler, pero la posibilidad de quedarnos”, recuerda Mejías. Ahora, tiene un contrato que cumple en 2020: “Vivimos con la incertidumbre”.
“A pesar de todo, hoy estoy muy contenta y satisfecha”, reconoce Mejías, “cuando me enviaron la noticia, esta mañana, pensé que era una inocentada”. Considera que el fallo del Tribunal de Cuentas, que puede ser recurrido por los condenados, “nos da todavía más la razón”. “Es previsible que Botella y su equipo recurran, pero incluso eso es indignante: que asuma su responsabilidad", pide Mejías, “la decisión que tomaron generó un doble perjuicio: por un lado a las personas que vivíamos allí; por otro, a todos los ciudadanos". Por eso, al igual que otras organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Vivienda, Mejías pide que la venta sea revertida y que las viviendas vendidas por debajo del precio de mercado vuelvan a ser públicas. Mejías también afea a la exalcaldesa Botella que se haya escudado en que ella no tenía los detalles de la venta realizada en 2013: “Si la alcaldesa de una ciudad no tiene información ni responsabilidad es una incompetente y no debería haber ostentado ese cargo”.
¿COMO ES POSIBLE QUE LOS POLITICOS VEDAN LAS CASAS SOCIALES A FONDOS BUIETRES?AHI ES DONDE CARMENA TIENE QUE LEGISLAR PARA PPROTEGERLAS.
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