Un juez ordena a Carmena devolver los 23 millones que se apropió de Funespaña
El Ayuntamiento ha ocultado la sentencia que obliga a repartir los dividendos con el exsocio privado cuando remunicipalizó la Funeraria. La nueva empresa municipal alega que no puede pagar porque tendría que endeudarse
La transparencia no está siendo la esencia del Gobierno de Manuela Carmena, sobre todo en aquello que concierne a sus grandes y polémicas remunicipalizaciones: Bicimad y la Funeraria. Sobre esta última, la auditoría externa que el otro día olvidó incluir Ahora Madrid en la comisión de Cuentas –imposibilitando cerrar el presupuesto de 2017 de forma inédita– es reveladora: el Ayuntamiento ha callado que la Justicia le obliga a entregar a Funespaña los dividendos que le corresponden y que se apropió cuando hizo pública la Funeraria.
La empresa auditora subraya en su informe, además, el hecho de que las tres demandas interpuestas por el exsocio contra la sociedad municipal «pueden tener un impacto significativo en la situación financiero-patrimonial de la entidad». Y tanto, la nueva Funeraria que reconvirtió el ex delegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato alegó ante el magistrado «iliquidez de activos y necesidad de endeudamiento para el pago al socio privado de dicho dividendo».
El documento realizado por ATD Auditores Sector Público descubre que el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid dictó sentencia el pasado 5 de marzo ordenando a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios entregar los dividendos que le corresponden a Funespaña, el socio privado de la anterior sociedad mixta, representado en su mayoría por Mapfre.
«Abuso de derecho»
El magistrado Moisés Guillamón Ruiz estima así parcialmente la demanda de esta entidad al declarar nulo el acuerdo que adoptó unilateralmente el Ayuntamiento en abril de 2016 –ya que era dueño del 51% de la empresa– de no repartir los dividendos con cargo a reservas voluntarias. Se quedó así con 47,4 millones de euros sin dar a Funespaña los 23 millones que le correspondían al pertenecerle el 49% de la compañía. Para justificar que se adueñaba de esta cantidad, Sánchez Mato se apoyó en un informe elaborado por Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra (Cemosa) realizado en 2015 para justificar la desprivatización, donde se señalaba que los cementerios y tanatorios necesitaban una inversión de 23 millones de euros.
El magistrado considera el informe de Cemosa inválido, «una prueba de parte realizada ad hoc para el procedimiento, ajeno a la vida social y contrario a los propios actos de la sociedad». «Aprecio que existe un abuso de derecho por ausencia de necesidad razonable para decidir no repartir los beneficios de la sociedad estando próxima su extinción, ya que el socio minoritario tiene derecho a participar en las ganancias», establece Guillamón.
Ciudadanos lo advirtió
«Ya se lo advertimos a Ahora Madrid en 2016: dejaban muchos temas pendientes con la municipalización. Cuando la sentencia sea firme habrá que devolver una cantidad importante que se determinará de forma objetiva, llegue o no a los 23 millones», manifiesta la concejal de Ciudadanos Silvia Saavedra. Su compañero Miguel Ángel Redondo muestra su preocupación ante la pérdida facturación de la funeraria –4,6 millones de euros menos– y de su cuota de mercado –caída de ocho puntos– y el resultado de la sentencia: «Desde que se remunicipalizó está costando millones de euros a los madrileños. Ahora puede costar entorno a 20 millones más».
Lo que no acepta el juez es la petición de condena para distribuir los beneficios en los términos solicitados: un importe bruto por acción de 1.382,49 euros. Entiende que es la Junta General la que ha de hacer el reparto. El Ayuntamiento ha recurrido el fallo.
DIME DE QUÉ PRESUMES Y TE DIRÉ DE QUÉ CARECES,ES BASTANTE VERDAD.
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