Detenido el presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por corrupción.
Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, es portavoz de la ejecutiva del PSOE valenciano.
El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez Gramage, ha sido detenido este miércoles junto a otras dos personas por su presunta implicación en un caso de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia por supuestas irregularidades en la contratación en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.
La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En abril, Ciudadanos presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestas ilegalidades en la contratación de cargos de alta dirección en Divalterra. Se trataba de siete contratos de alta dirección, con un coste para la empresa pública de 75.000 euros al año que, según la formación naranja, se habían realizado "apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". El objetivo, añadía la denuncia, era poder "elegir a aquéllos que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos, evitando con ello la convocatoria pública de la plaza". Los contratados pertenecían al PSPV-PSOE y a Compromís, los dos partidos que gobiernan la Diputación de Valencia junto a Esquerra Unida y València en Comú.
Las detenciones han sido llevadas a cabo en el marco de la llamada Operación Alquería, por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial. Los policías han efectuado registros en la Diputación de Valencia, las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.
El juez, según las mismas fuentes, ha autorizado la entrada y registro en varias viviendas particulares, incluida la del propio Rodríguez y de los otros dos detenidos. Entre estos se encuentran Ricard Gallego, jefe del gabinete de Rodríguez tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento, según fuentes cercanas a la investigación.
La empresa pública Divalterra, antes conocida como Imelsa (Impulso Económico Local Sociedad Anónima), tuvo un papel central en el caso Taula y la Corporación no ha logrado apartarla de la sombra del escándalo.
LA CORRUPCIÓN EN NUESTRO PAIS ES SISTÉMICA Y ENDÉMICA
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