Junts per Catalunya y ERC tratan de seducir a la CUP con una «multiconsulta» sobre una «Constitución» catalana.
El nuevo acuerdo plantea una «visión disruptiva del régimen autonómico» y propone a los antisistema la consolidación del gobierno «en el exilio» de Carles Puigdemont.
Junts per Catalunya (JpC) y ERC han logrado cerrar un acuerdo de legislatura que traladarán CUP en el que además de reivindicar una «visión disruptiva del régimen autonómico» proponen a los anticapitalistas la puesta en marcha de un proceso constituyente que acabe con una «multiconsulta» que avale la nueva «constitución» republicana.
El portavoz de JpC Eduard Pujol ha explicado que la negociación del documento ha sido «muy compleja». «Hay acuerdo y ayer a última hora, con el visto bueno de ERC, enviamos el documento a la CUP. Pedimos disculpas si no hemos sido lo suficientemente rápidos, pero la negociación ha sido muy compleja por la situación que nos encontramos», ha relatado Pujol en una entrevista con TV3.
El texto anunciado hoy parte de lo que ya pactaron las tres formaciones de cara a la investidura del entonces candidato a la Presidencia de la Generalitat Carles Puigdemont e insiste en el impulso de un proceso constituyente con la voluntad de seducir a los anticapitalistas. En este sentido, el propio Pujol ha agregado que la ciudadanía debe implicarse en este «gran debate». «El éxito o no de la legislatura pasa por este empoderamiento de nuestros ciudadanos», ha remachado.
El documento negociado entre JpC y ERC recoge el plan de legislatura y llega después de que los de Carles Puigdemont hayan reiterado que su candidato a la Generalitat es el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, aunque es una incógnita si podrá ser investido porque se encuentra en prisión preventiva y porque desde la CUP se resisten a hacer presidente a un candidato que no sea el propio expresidente cesado.
Entre otros elementos, el acuerdo habla de «construcción de la República», de la «restitución de las instituciones» o de de la voluntad de impulsar el «Espacio libre del exilio», el gobierno paralelo que pretende dirigir Puigdemont desde Bélgica. Asimismo, el documento especifica las funciones de los distintos órganos que deben capitanear la consolidación de una eventual república catalana. «Hagámoslo radicalmente, yendo a la raíz de los problemas, con una visión disruptiva del régimen autonómico, que nos lleva a la residualización y que se ha demostrado inviable para las ambiciones de un país que aspira a más, a mucho más», advierte el documento en sus primeras páginas.
Finalmente, el texto cuenta con un apartado en el que se habla de «proceso constituyente» y asegura que en caso de formarse un nuevo Ejecutivo catalán, este trabajará para redactar una propuesta de «constitución de la República Catalana». Asimismo, los partidos independentistas proponen que dicho proceso culmine con una «multiconsulta» en la que la ciudadanía se expresse sobre «cada uno (...) de los debates realizado».
En manos del juez Llarena
Como sucedió con la candidatura de Puigdemont, la de Sànchez tampoco estará exenta de trámites judiciales. Su condición de preso preventivo (recluso en la cárcel de Soto del Real) implica que el permiso para asistir al debate de investidura depende exclusivamente del juez Pablo Llarena, que instruye en el Tribunal Supremo la causa por rebelión contra miembros y ex altos cargos del anterior gobierno de la Generalitat.
Solo hay un precedente de un preso preventivo que se sometió a un debate de investidura: el etarra Juan Carlos Yoldi. En aquella ocasión, se le permitió asistir, aunque no fue él, sino José Antonio Ardanza, el elegido finalmente lendakari.
¿QUÉ ES, QUE EN ESPAÑA NO TIENEN LEYES PARA ACABAR CON ESTA SITUACION DE DESPRESTIGIO Y CUESTA TANTO DINERO A LOS ESPAÑOLES?, SE ESTÁN CARGANDO LAS AUTONOMÍAS, LA GENTE YA ESTÁ CANSADA DE TANTA ANARQUÍA INSTITUCIONAL.
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