¿Es la Justicia española independiente del poder político?
Como para cada nombramiento hace falta una mayoría de 3/5, en la práctica, los eligen por acuerdo los dos grandes partidos, el PP y el PSOE. Y aquí está el pastel que todos persiguen. Porque controlar el Consejo significa controlar también los nombramientos, entre otros, de los magistrados del Tribunal Supremo o los presidentes de los tribunales superiores de Justicia.
El interés político es evidente. Javier Gómez Bermúdez sabe mucho sobre presiones políticas a la Justicia. Fue presidente de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional. A su espalda, uno de los casos con más implicaciones políticas de los últimos años: el 11-M. Abiertamente conservador, se convirtió en objeto de la persecución de quienes alentaban la teoría de la conspiración. No le gusta dar entrevistas, pero hace una excepción con laSexta Columna.
Según él, las presiones políticas existen, pero son indirectas. "No te llama el político, pero sí el amigo del político. Te tientan", asegura. Además de las tentaciones, también hay recomendaciones que llegan negro sobre blanco, en la prensa diaria. "Yo no he tenido ni un solo día sin presión mediática en los últimos 8 años y no se consigue nada presionando a un juez", confiesa Gómez Bermúdez.
Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y viajero consumado, no ha ayudado a la imagen de la Justicia.
Tuvo que dimitir por, presuntamente, pagar con dinero público viajes privados a hoteles de lujo de Marbella. Su principal defensor fue el Ministro de Justicia, para quien la polémica incluso fortalecía a Dívar. Pero la presión social acaba antes con la resistencia del propio Dívar antes que con la del ministro.
El otro gran símbolo de la politización de la Justicia es el Tribunal Constitucional. Con forma de búnker por fuera, dentro se gobierna a base de trincheras. Es el órgano que tiene la última palabra sobre las leyes que aprueba el Parlamento. Por eso, aunque debería ser independiente, es el centro de las iras de todos los políticos.
En el se recurren las leyes más polémicas: la del aborto, la del matrimonio homosexual o el Estatut de Cataluña entre otras muchas. Controlar este Tribunal significa, por tanto, quitarse muchos problemas a la hora de gobernar. Por eso, se ha convertido en campo de encarnizadas batallas políticas.
Como en el Consejo del Poder Judicial, es imprescindible el acuerdo de PP y PSOE para nombrar a la mayoría de sus miembros. Y es demasiado frecuente que eso no ocurra. Consecuencia: los políticos bloquean su funcionamiento y la renovación de la mayoría de sus miembros. Hay una sorpresa más: sólo dos de sus 10 integrantes deben ser jueces.
VAMOS QUE ESTÁ TODO CLARO, LOS SEPARATISTAS VAN ESTAR EL VIERNES EN ALA CALLE, SÓLO CON LA PROMESA DE QUE VAN A SER BUENOS CHICOS Y VAN A PORTARSE BIEN HASTA QUE SALGAN POR LA PUERTA DE LA CÁRCEL.
ESTA ESPAÑA NUESTRA NO TIENE MUCHO FUTURO, CADA VEZ ESTAMOS MÁS INMERSOS EN UNA CLOACA POLÍTICA.
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