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viernes, 25 de agosto de 2017

LA POLICIA HABÍA PINCHADO EL TELÉFONO DEL IMÁN EN EL 2005


La Policía pinchó el teléfono del imán de Ripoll en 2005 porque trabajaba para Al Qaida.
Abdelbaki es Satty estaba vinculado al Grupo Islámico Combatiente Marroquí y a Ansar Al Islam. Se dedicaba a «dar cobertura» a los movimientos de terroristas en España y Europa.
Hace al menos 12 años que el cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils trabajaba en España con el objetivo de matar occidentales. En el año 2005, agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional pidieron autorización al juez Fernando Grande-Marlaska -actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- para intervenir su teléfono.
La Policía Judicial argumentó que el marroquí Abdelbaki es Satty estaba vinculado con dos organizaciones terroristas integradas en la red de Al Qaida, Ansar Al Islam y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, responsable este de la masacre del 11-M.
El magistrado autorizó la intervención telefónica en un auto dictado el 19 de octubre de 2005 con este razonamiento jurídico: «La proporcionalidad, necesidad e idoneidad en la observación del teléfono 678... utilizado por Abdelbaki es Satty se infiere de la gravedad de los hechos objeto de imputación, así como las sospechas fundadas sobre su vinculación al Grupo Terrorista Ansar Al Islam».
Fernando Grande-Marlaska añadía que Es Satty «puede actuar como intermediario a la hora de dar apoyo logístico para las redes terroristas, al mantener contactos con ciudadanos árabes que se dedican a la falsificación de documentación en el ámbito de la delincuencia común, con el objetivo de dar cobertura a la salida de elementos terroristas por territorio español y europeo».

Apoyo logístico

Es decir, Abdelbaki es Satty era un importante peón del área logística de los citados grupos terroristas. Doce años después consiguió, por desgracia, liderar su propia célula, la de Ripoll.
Esta investigación se derivó de las pesquisas abiertas a raíz de los atentados cometidos en la Casa de España en Casablanca (Marruecos) el 16 de mayo de 2003, a cargo del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (hubo 45 muertos). La Policía comenzó a seguir a Hassan Mourdoude y a Ahmed Said Hsissni, que vinieron a España desde Siria, donde habían sido detenidos. Aquí se asociaron con Abdeladim Akoudad, que estaba integrado en los grupos terroristas norteafricanos. Siguiendo a estos presuntos terroristas fue como los agentes de la Policía se toparon con Abdelbaki es Satty, encargado entonces de darles cobertura.
Esta causa, denominada operación Camaleón, fue incoada por el juez Baltasar Garzón el 14 de febrero de 2005, pero el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco disfrutó de una excedencia y sus sumarios quedaron a cargo de Grande-Marlaska, hasta su reincorporación, el 30 de junio de 2006. A esta investigación se unió la operación Chacal, investigada por la Guardia Civil, en la que también apareció el nombre de Abdelbaki es Satty. Esto se debe a que el radical que luego sería imán de Ripoll continuó su trayectoria criminal integrándose en la célula presuntamente terrorista de Vilanova i la Geltrú.
El líder de este grupo era el gerente de una mezquita de la localidad barcelonesa, el marroquí Mohammed Mrabet. Según las investigaciones de la lucha antiterrorista, Es Satty fue uno de los discípulos a los que Mrabet adoctrinó.
Pese a los esfuerzos de los agentes, el juez y la Fiscalía no pudieron procesar a Abdelbaki es Satty. El 23 de octubre de 2007, Baltasar Garzón dictó auto de procesamiento contra 22 imputados, entre ellos Mrabet, de los que finalmente fueron juzgados solo nueve. En enero de 2009 la Audiencia Nacional absolvió a cuatro acusados y condenó a los otros cinco, entre ellos el adoctrinador de Es Satty, que, como desveló ABC, tuvo como abogado al actual cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens.
Al final, no solo no se procesó al autor intelectual de los atentados de Barcelona y Cambrils, sino que todos los condenados terminaron libres. Las defensas recurrieron y lograron que el Tribunal Supremo anulara toda la causa en 2011. El alto tribunal recogió que hubo pinchazos telefónicos sin autorización judicial y que algunas declaraciones se obtuvieron «bajo presión». Tildó las acusaciones de «vagas, imprecisas y notoriamente especulativas».
¿Y AHORA A QUIÉN LE PEDIMOS RESPONSABILIDADES?¿ A LOS DIFUNTOS?
 

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