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viernes, 11 de agosto de 2017

JUANA RIVAS QUEDA ACORRALADA JUDICIALMENTE.


Asesora de Juana Rivas confía en que el TC pueda velar por el "interés superior" de los hijos
                         Concentración a favor de Juana Rivas en Maracena (Granada)
Juana Rivas queda acorralada judicialmente y con pocas vías legales para no entregar a sus hijos .
La defensa ha pedido de nuevo amparo al Tribunal Constitucional después de que la Audiencia de Granada haya desestimado el incidente de nulidad
Hay voces que cuestionan su asesoramiento legal porque el proceso puede volverse en su contra: "Si la condenan por sustracción de menores, puede perder la patria potestad", explica la letrada Carmen Varela.
"La clave no es cuestionar la decisión de Juana", si no "preguntarnos qué está fallando en el sistema para que haya tenido que tomarla", explica la abogada Patricia Orejudo
Acorralada, pocas salidas legales le quedan a Juana Rivas. La Audiencia Provincial de Granada ha desestimado este jueves el incidente de nulidad presentado por su defensa para evitar la entrega de sus hijos al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones. Una pieza más del rompecabezas que empuja a la mujer, en paradero desconocido desde hace más de dos semanas, a un callejón sin salida desde el punto de vista jurídico, según las expertas consultadas.
Sobre ella pesa una orden de detención dictada el pasado martes por el titular del  Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada. Lo había pedido la defensa de su expareja al no presentarse a comparecer ante el juez por un presunto delito de sustracción de menores. Al huir el 26 de julio con ellos, Juana Rivas incumplió la orden judicial que le obligaba a devolverlos a Italia y una posterior denuncia de su expareja activó la maquinaria penal.
Ahora su defensa ha pedido una vez más amparo al Tribunal Constitucional. Ya lo hizo el pasado 31 de julio, pero los magistrados lo inadmitieron porque aún tenía abierta la vía que acaba de resolver la Audiencia. "Es posible que vuelva a dictaminar lo mismo y concluya que no ha agotado la vía judicial ordinaria", explica la abogada especialista en violencia machista, Eva Pérez. Se refiere a que todavía hay una denuncia que ella puso contra él al venir de Italia y que, según la defensa, está a la espera de ser enviada al país trasalpino.
En la resolución de la Audiencia de Granada, los magistrados dictaminan que los niños deben regresar a Italia y que sea un juez de allí el que decida la situación. "Desde el punto de vista de la jurisdicción territorial, es allí donde deben decidirse las medidas paternofiliales –custodias, visitas...–. Con la ley en la mano, son los tribunales italianos los que deben pronunciarse sobre ello. En este sentido, los españoles están cumpliendo con la legalidad", explica Pérez. 
Las letradas consultadas por este medio inciden en que la situación ha llevado a Rivas a estar acorralada judicialmente y califican de "enormemente complicadas" las soluciones para la mujer, que está sujeta a que el proceso se vuelva en su contra. "Con la huida, tiene dos frentes abiertos. Por un lado, cumplir con la orden de retorno de los niños –el ámbito civil– y por otro, el presunto delito que puede estar cometiendo tras la denuncia del padre –ámbito penal–. Si la condenan por sustracción de menores, puede perder la patria potestad", explica Carmen Varela, abogada especializada en Derecho de Familia en el bufete Círculo Legal. 
Esta experta apuesta por una mediación "en la que ella se persone con los menores y se acuerde con la otra parte la restitución de los niños a cambio de una rebaja de la pena". En el caso de que se personara sin los niños, "podría confirmarse deliberadamente lo que ahora está en fase de investigación, es decir, el delito de sustracción de menores. Y el juez podría tomar medidas", apunta Pérez.

Quince días en paradero desconocido

La huida de Juana Rivas es una de las aristas fundamentales del caso, que ya intenta resolver el Estado mediante la orden enviada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los puestos fronterizos para evitar que salga del país. Una decisión sobre la que se debate estos días mientras se cuestiona el asesoramiento legal que ha recibido.
Para Patricia Orejudo, abogada de Women's Link Worldwide, este tipo de debates son una forma "de juzgar si lo ha hecho bien o mal sin preguntarnos qué es lo que lleva a una mujer a colocarse en una situación en la que, sin duda, no quiere estar". Para la letrada, "la clave no es cuestionar la decisión de Juana", si no "preguntarnos qué está fallando en el sistema para que haya tenido que tomarla". 
Orejudo asegura que "independientemente del asesoramiento legal que tenga, la decisión es suya". Los abogados, prosigue Pérez, "debemos informar, desde el punto de vista de la deontología profesional, de las consecuencias de hacer una cosa u otra. Pero en última instancia, la decisión es de ella. En este caso ha sido una decisión desesperada".
Para Varela, sin embargo, la huida "le ha complicado mucho la situación" y asegura que una posibilidad "hubiera sido poner una demanda para pedir unas medidas cautelares urgentes en España alegando grave riesgo para los menores". Un riesgo que no reconocen los magistrados que han visto el caso, que se basan en un informe psicosocial de una psicóloga que evaluó al niño mayor y que así lo concluye.

El riesgo para los menores

La defensa de Juana Rivas siempre ha alegado que  el menor debería haber sido evaluado por la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, ubicado en el Instituto de Medicina Legal. Estas unidades son equipos especializados formados por médicas, psicólogos y trabajadores sociales. De hecho, la ley de protección a la infancia establece que las decisiones relevantes que afecten al menor deben contar "con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados".
El informe, en el que el menor afirma que  "no le importaría pasar los meses de verano con su padre, pero vivir con él no", concluye que hay "una vinculación afectiva y segura del menor con ambos progenitores". Cuando es preguntado por el conflicto entre ambos, esgrime: "Que siempre ha estado con ella y que se siente mucho mejor con ella. No se quiere separar de su madre [...] su padre le daba voces a su madre, a veces no la dejaba salir de casa [...] Él allí no estaba bien cuando estaban juntos, él sufría mucho porque se llevaban mal".
Para garantizar el interés superior de los menores, Eva Pérez asegura que la Fiscalía "podría haber tomado determinadas medidas porque siempre se habla de este principio, pero al final queda diluido. Sin embargo, el papel de la Fiscalía es crucial y su labor es velar por ese interés". En base a su experiencia afirma que "nunca se ha encontrado ningún caso de violencia de género en el que los menores no sean víctimas. Lo cierto es que Juana Rivas está en una enorme encrucijada: como profesional le diría que se entregase y como madre, no", concluye.
ESTA POBRE MADRE VA A  PAGAR POR TODOS LOS QUE COMETEN GRANDES DELITOS SON INMUNES,VA SER UN CHIVO EXPIATORIO SE VA CEBAR CON ELLA PARA DAR EJEMPLO¿ A QUIÉN? ME PREGUNTO.

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