Mario Draghi y Luis Linde
Informe insuficiente.
El Banco de España resume la crisis bancaria, pero no analiza la gestión.
El Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España entre 2008 y 2014 es un buen resumen, con explicaciones consistentes aunque demasiado generales, de las circunstancias que causaron el colapso de una parte del sistema bancario español (prácticamente quebraron o acabaron en fusiones traumáticas casi todas las cajas de ahorros). Pero, más allá de esfuerzo recopilador, poco hay en el informe que no se supiera ya. Brilla por su ausencia una comparación detallada entre las decisiones que se tomaron y las que pudieron haberse adoptado, con su correspondiente coste de oportunidad; un examen en profundidad de los procedimientos internos (del banco) de supervisión y control aplicados a las entidades rescatadas o quebradas, donde el informe del BE podía haberse extendido y lucido. Este no es exactamente el texto que esperábamos para entender la gestión política y técnica de la crisis bancaria, aunque servirá de punto de partida para análisis posteriores.
El informe sostiene que se hizo lo que se pudo hacer; y que si no se hizo más fue porque faltaron recursos legales e instrumentos supervisores y en 2011 recayó en una fase recesiva que nadie fue capaz de prever. Ninguna de estas conclusiones es inexacta —jugaron un papel importante— pero no apuntan al fondo de la gestión política de la crisis. Las autoridades políticas, económicas y financieras actuaron con retraso quizá porque carecieron de información precisa sobre la situación real de los balances de las cajas dañadas por la burbuja; y eso aunque los servicios de estudios oficiales (entre ellos el del BE) y privados insistieron en la sobrevaloración excesiva de los activos inmobiliarios. Es razonable suponer que si esa información, en tiempo y forma, hubiera existido, para lo cual era necesario conocer la situación de solvencia y morosidad de las entidades —tarea del supervisor—, quizá la crisis bancaria podría haberse afrontado antes o con mayor contundencia.
El informe tampoco ofrece una respuesta clara al modelo político de gestión de la crisis. El recurso a las fusiones (virtuales y reales) es una terapia blanda para tratar un profundo deterioro de los activos contaminados por el ladrillo, pero se justifica por la falta de recursos públicos y privados para apuntalar los balances dañados. En algún momento debió aparecer la evidencia de que las fusiones no detenían el deterioro financiero. Nada se dice los gravísimos problemas de Bankia, de los movimientos para cambiar la presidencia y propiciar la llegada de Rodrigo Rato, del grotesco baile de fusiones que acabaron en la pésima salida a Bolsa de la entidad, del descontrol de los sistemas de tasación, del caos corporativo en la Cajas, ni de por qué se permitió que un banco en la situación del Popular sorteara el cauce del rescate.
El BE tenía que responder a una pregunta básica: cual fue la información real que tenía el supervisor sobre los balances, del valor de los activos y del perímetro real de los daños catastróficos causados por el ladrillo. Y a sus ramificaciones lógicas: si la información era insuficiente, cuáles son las causas —ahí entrarían los procedimientos de inspección— y los remedios. Quizá los mecanismos europeos actuales tengan que debatirse. En este informe no lo ha hecho. Está a tiempo de hacerlo.
LOS ESPAÑOLES YA PAGAMOS INJUSTAMENTE AHORA LOS CULPABLES DEBEN DE PAGAR POR SUS NEGLIGENCIAS.
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