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viernes, 21 de abril de 2017

EL JUEZ EMVÍA A LA CÁRCEL A LA MANO DERECHA DE IGNACIO GONZÁLEZ

Edmundo Rodríguez Sobrino saliendo hacia la Audiencia Nacional

El juez envía a prisión a la mano derecha de Ignacio González en la trama Lezo.


Edmundo Rodríguez está acusado del fraude en la adquisición por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña que ocasionó un agujero de 25 millones de dólares.

Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de la empresa editora de La Razón y señalado como la mano derecha de Ignacio González en la trama Lezo, ingresará en las próximas horas en prisión por orden del juez Eloy Velasco tras prestar declaración durante dos horas, según informa Efe. El magistrado lo considera una pieza clave en la fraudulenta adquisición por parte de la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid de una compañía en Brasil que causó un agujero al erario de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros). En aquella operación bajo sospecha se utilizaron empresas interpuestas afincadas en Uruguay y se registraron transferencias de fondos hasta cuentas en Suiza. La investigación también ha revelado un importante patrimonio inmobiliario de Rodríguez Sobrino en el extranjero, además de depósitos bancarios en el país helvético que regularizó en la amnistía fiscal, según un auto del juzgado citado por EFE.
Edmundo es considerado por los investigadores como uno de los personajes claves de la trama. Actual consejero delegado de Audiovisual Española 2000, editora de La Razón, presidía Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), la empresa que desde Colombia se encargaba de gestionar al resto de las compañías del Canal en el continente americano. La cercanía entre Rodríguez Sobrino e Ignacio González se evidenció en el viaje que ambos hicieron a este país sudamericano en 2008 y en el que se produjo el polémico espionaje al hoy expresidente madrileño. En aquellas grabaciones se veía a ambos con unas bolsas sospechosas que, según aseguraron más tarde, solo contenían unas toallas.
Con Rodríguez Sobrino al frente de Inassa, esta adquirió en 2013 la mercantil brasileña Emissao Engenharia e Construcao, para lo cual se valió de una compañía instrumental radicada en Uruguay. Es una de las operaciones investigadas ahora por el juez Velasco dentro de la Operación Lezo, ya que el Canal de Isabel II pagó por dicha compañía más de 31 millones de dólares y un mes después su valor era la mitad para quedar reducido a sólo 5 millones poco después. Pese a ello, siguió en su puesto, hasta que su nombre apareció vinculado a varias sociedades offshore de Hong Kong creadas en Panamá. Entonces fue destituido por Cristina Cifuentes, actual presidente de la Comunidad de Madrid.
La investigación ha revelado que Rodríguez Sobrino ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal, según se refleja en un auto del juez Velasco. En dicho escrito judicial se detallan también algunas de las "numerosas" operativas de blanqueo de capitales en paraísos fiscales de la trama. Así, se apunta a que a través de una de sus hijas, también imputada en la causa, Rodríguez Sobrino controla un importante patrimonio en el extranjero, con viviendas en Colombia, República Dominicana y Londres. Las pesquisas también ha sacado a la luz la existencia de cuentas en Reino Unido y en la Isla de Jersey -un pinchazo telefónico reveló su preocupación por un ingreso en libras que debía realizar su hija “"con discreción”- y su participación en un negocio inmobiliario en Colombia en 2011 y 2013, está última en el mismo año de la compra fraudulenta de la sociedad brasileña. En 2016 mantuvo una reunión con el directivo de un banco para abordar una inversión de 10 millones de euros, según detalla el auto.
Antes de Edmundo Rodríguez Sobrino, declaró su secretaria, Clarisa Guerra Soto, a la que el juez Velasco ha puesto en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado todos los meses. El magistrado tiene previsto tomar declaración a lo largo de este viernes a otros cinco detenidos, entre ellos Ignacio González y Javier López Madrid.
ESTOS SEÑORES QUE SE ENRIQUECIERON ILÍCITAMENTE, ROBANDO LO PÚBLICO DEBEN DE DEVOLVER LO RABADO Y PAGAR SU ESTANCIA EN LA CÁRCEL, YA NOS HAN PERJUDICADO BASTANTE AL RESTO DE LOS EMPAÑOLES,LA CÁRCEL CUESTA UNOS 2.000 EUROS AL MES POR RECLUSO, QUE SE PAGA CON DINERO PÚBLICO.

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