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viernes, 10 de febrero de 2017

CONDENA A LOS CULPABLES DE LA TRAMA GÜRTEL.

Correa, Crespo y El Bigotes, condenados a 13 años de prisión por la trama Gürtel de Valencia


Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo del PP, ha sido sentenciada a nueve años de cárcel.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia ha convocado el próximo martes a los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, para decidir si los envía ya a prisión. El tribunal los ha condenado este viernes a 13 años de cárcel a cada uno por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) convocados por la Generalitat valenciana.
En total han sido condenados 11 de los 13 enjuiciados por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad y asociación ilícita. La exconsejera de Turismo del PP en la etapa del expresidente Francisco Camps, Milagrosa Martínez, apodada La Perla, ha sido sentenciada a una pena de nueve años de prisión, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, ha sido condenado a seis años de cárcel. La también exconsejera Angélica Such, y Juan Bover, exjefe jurídico de la Agencia Valencia de Turismo, han sido absueltos.
Los jueces avalan el trabajo realizado por el primer instructor de la causa, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y las grabaciones realizadas por el denunciante, el exconcejal popular de Majadahonda José Luis Peñas.
Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Su interposición implicaría la suspensión del ingreso en prisión de todos los condenados hasta que se resuelva, salvo que alguno de ellos manifieste que quiere empezar a cumplir la pena ya. El Supremo tarda en torno a un año en resolver. Hasta entonces la Fiscalía o el PSPV-PSOE, que ha ejercido la acusación popular, pueden solicitar el ingreso en prisión provisional alegando que existe riesgo de fuga por lo elevado de las penas.
Con ese objetivo, la Fiscalía ha pedido al tribunal que ha enjuiciado los hechos que llame a las partes para decidir la adopción de medidas cautelares. Los jueces han convocado a Correa, Crespo, Pérez y el resto de miembros de la trama el martes y a los demás condenados, el miércoles.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha entregado a las 9.00 de este viernes a los abogados la sentencia, de 558 páginas. La causa, vista para sentencia en abril de 2016, examinó las adjudicaciones durante cinco años seguidos del diseño, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en Fitur y otros certámenes turísticos por cinco millones de euros.
Durante el juicio, los acusados negaron los amaños, así como haber contado con información privilegiada de las convocatorias públicas. Argumentaron que las ofertas presentadas por Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, ganaron los concursos por ser las más originales y creativas. La exconsejera Milagrosa Martínez estaba acusada de recibir un reloj de la marca suiza Hublot valorado en 2.400 euros por amañar los contratos a favor de la red de Francisco Correa. "Lo compré yo y pone Hublot, pero es de imitación", dijo durante el juicio. La fiscal manifestó su sorpresa por el hecho de que Martínez hubiera tardado más de cuatro años en dar esta explicación. El tribunal la condena ahora por cohecho y destaca "el grado de corrupción que durante su mandato llega a imprimirse a toda la materia de contratación de su departamento".
El fallo firmado por los magistrados Pilar de la Oliva (presidenta del Tribunal Superior valenciano), Antonio Ferrer y Juan Climent, concluye que los cabecillas de Gürtel crearon una organización empresarial "ex profeso" con el fin de "obtener, tras manipular, alterar e influir a su favor" concursos públicos.
Las mercantiles del grupo "carecían completamente de los medios personales y materiales" para ejecutar las convocatorias que ganaban, por lo que subcontrataban los trabajos a terceras empresas, señala el tribunal. La red se lucró "mediante la aplicación de unos márgenes desproporcionados, la duplicación de partidas y la inclusión de partidas inexistentes" que la Generalitat aceptó "sin llevar a cabo un control efectivo".

Organización jerarquizada

La sentencia confirma la tesis que los investigadores han mantenido desde que en febrero de 2009 Garzón desarticuló la red. Esta actuaba de forma "jerárquicamente organizada" con Correa a la cabeza. Crespo actuaba por debajo en "directa colaboración" con el líder. Y Pérez, responsable del grupo en Valencia, se encargaba "de la obtención de los diferentes contratos, en definitiva de organizar en connivencia con el personal de la Generalitat las diferentes manipulaciones".
El Bigotes "mantenía estrechas y fluidas relaciones con importantes cargos públicos y políticos de la Comunidad Valenciana, lo que le facilitaba el acceso a los altos cargos y personal, en lo que a este proceso se refiere, de las Consejería de Turismo, Infraestructuras y Transporte, Medio Ambiente y la Agencia Valenciana de Turismo". Todas ellas con "poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de Fitur", indican los jueces.
La titularidad de las empresas de la red "se trató de ocultar mediante el uso de complejas estructuras societarias con la finalidad de enmascarar" a sus dueños, principalmente Correa, Crespo y Pérez. 
Los magistrados rechazan anular la causa como consecuencia de la grabación de conversaciones entre acusados y sus letrados en prisión, la decisión judicial por la que Garzón fue inhabilitado. Y avalan también los registros ordenados por el primer juez instructor del caso en 2009.

Otras piezas de Gürtel

El fallo previsiblemente marcará el resto de los procesos judiciales que los cabecillas tienen por delante. El sentido del pronunciamiento influirá, según coinciden varias fuentes jurídicas del caso, en su decisión de conformarse con las acusaciones de la Fiscalía en otras piezas de Gürtel para reducir penas o, como mínimo, evitar pasar más tiempo en el banquillo en los juicios que tienen pendientes.
La ley establece que en los supuestos de hechos conexos, como en este caso, las penas totales por cada delito no pueden superar el triple de la más grave. Así, en el caso de la malversación de caudales públicos, por el que el tribunal ha impuesto seis años de cárcel a Correa, Crespo y Pérez, el castigo máximo por todos los demás delitos del mismo tipo que se les atribuyen en otras piezas separadas de Gürtel no podrá exceder los 18 años a cada uno de los acusados.
Juan Carlos Navarro, que ha defendido a Correa en el juicio de Valencia, ha considerado "muy desproporcionada" la condena. "La sala estaba contaminada" al haber resuelto sobre cuestiones de fondo durante la instrucción, ha sostenido el letrado.
Peñas, el hombre que grabó en secreto a Correa y denunció el caso en 2007 ha manifestado "satisfacción y un cierto orgullo" por la sentencia. "Se han validado las grabaciones y el contenido de mi denuncia. La justicia ha dicho que dije la verdad", ha afirmado en conversación con EL PAÍS. "Empieza a hacerse justicia con mayúsculas contra la corrupción política en este país", ha declarado por su parte Ángel Galindo, el abogado del denunciante de la trama Gürtel.

Los acusados y sus condenas

Francisco Correa, cabecilla de Gürtel: 13 años de prisión
  • Pablo Crespo, número dos de la red: 13 años y tres meses años de prisión
  • Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama: 12 años y tres meses de prisión
  • Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo: 9 años de cárcel, 10 años de inhabilitación y 5.000 euros de multa
  • Angélica Such, exconsejera de Turismo: absuelta
  • Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo: seis años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta
  • Isaac Vidal, ex jefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo: siete años de cárcel, 10 años de inhabilitación absoluta
  • Jorge Guarro, ex jefe de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo: cuatro años de cárcel y 10 años de inhabilitación absoluta
  • Juan Bover, ex jefe del servicio jurídico de la Agencia Valenciana de Turismo: absuelto
  • Ana Grau, excoordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo: tres años de prisión y cuatro años de inhabilitación especial
  • Cándido Herrero, empleado de Orange Market: cuatro años y cuatro meses de cárcel
  • Mónica Magariños, empleada de Orange Market: tres años de prisión
  • Isabel Jordán, directiva de Special Event: seis años cárcel
PERO DEL DINERO NO SE SABE NADA.¿TAN DIFÍCIL ES OBLIGARLES A DEVOLVER LO ROBADO? NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA DE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA.

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