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viernes, 20 de enero de 2017

ALTOS CARGOS, COBRAR POR NO TRABAJAR.

Tres millones de euros para pagar en España el ‘paro’ de los altos cargos.


Exministros y exconsejeros de empresas públicas cobran hasta dos años después de abandonar su puesto retribuciones que llegan a 10.000 euros al mes. El último, Pedro Morenés.

En algo más de cuatro años, 26 altos cargos entre ministros, secretarios de Estado y presidentes y consejeros de entidades del sector público estatal han cobrado más de tres millones de euros en indemnizaciones por razón de abandono del cargo, lo que se conoce también como el paro de los altos cargos.
Las retribuciones van de los casi 4.600 euros mensuales que cobra un exministro hasta los cerca de 10.000 que percibe el expresidente de una comisión nacional. Los últimos en solicitar esta retribución han sido cuatro altos cargos que salieron tras el último cambio de Gobierno: el exministro de Defensa, Pedro Morenés; su exnúmero dos (secretario de Estado), Pedro Argüelles; el exsecretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo y el exsecretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Solo determinados altos cargos tienen derecho a esta indemnización o pensión, que reciben durante los dos años siguientes al cese. Son los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado, el fiscal general del Estado, los máximos responsables de los organismos reguladores y el jefe y secretario general de la Casa del Rey.
Este paro se entiende como una forma de compensarles por el hecho de que, debido al régimen de incompatibilidades actual, no pueden trabajar en la empresa privada de su sector durante los dos años posteriores a su cese. Se trata, en resumidas cuentas, de evitar las puertas giratorias. El sueldo equivale al 80% de su retribución cuando estaban en activo.

"Una rareza en Europa"

Las indemnizaciones por abandono del cargo son una rareza en Europa, asegura Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Además de España, solo Austria y Noruega contemplan estas cantidades. "En el caso de Portugal, se le proporciona al expresidente de la República", añade. En su opinión, los presidentes del Gobierno sí deben cobrarlas si la ciudadanía quiere "aislarlos de actividades y enriquecimientos".
"La indemnización tiene su origen en una ley antigua", explica el catedrático, la de presupuestos generales del Estado para 1980, que recogía el régimen que tenían las pensiones o indemnizaciones por cese. En la actualidad se contempla en la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo, de 2015.
Hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia se desconocía quién cobraba el paro de los altos cargos—que no es automático; hay que solicitarlo— y a cuánto ascendía. Ahora se publican estas compensaciones, pero no en todos los casos. Además de los altos cargos, también las reciben algunos directivos y máximos responsables de empresas públicas. El Ministerio de Presidencia no respondió a las preguntas de EL PAÍS sobre los criterios para publicar unos casos y otros no. En España, también los parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, cobran indemnización cuando cesan.
"Los altos cargos tienen la prohibición de trabajar en todo aquello vinculado con su antiguo puesto; de ahí la indemnización. Pero los términos de esa prohibición son muy laxos. Un ejemplo es Elena Salgado, exvicepresidenta de Zapatero, que se fue al consejo de Administración de Endesa Chile. Es un régimen muy laxo y muy peculiar", asegura González García.
Hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia se desconocía quién cobraba la indemnización de los altos cargos y a cuánto ascendía porque no se hacía público. Desde el año 2012, la compensación es incompatible con cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas, aunque la docencia está excluida. Los exaltos cargos deben solicitar la prestación; no es automática.

Exaltos cargos millonarios

José Manuel Soria, exministro de Industria, lleva cobrando la prestación desde mayo de 2016, cuando dimitió tras el escándalo de los papeles de Panamá. Hasta ahora ha percibido algo más de 37.000 euros.
Otro exministro, José Ignacio Wert, en este caso de Educación, también solicitó la indemnización cuando abandonó su puesto para convertirse, por designación del Gobierno, en embajador de España en la OCDE. Solo percibió un mes de sueldo, el tiempo que transcurrió entre su salida del Ejecutivo y la llegada a París para ocupar su nuevo puesto en la organización donde también trabaja su esposa y número dos de Educación cuando él era ministro, Montserrat Gomendio.
Todos los partidos criticaron en su momento el nombramiento de Wert, que se iba a una de las mejores embajadas de la representación exterior de España, con un sueldo de 10.000 euros al mes más gastos de representación, residencia oficial y piso de 500 metros cuadrados.
Se da la circunstancia de que el exnúmero dos del Ministerio de Defensa es el alto cargo que más patrimonio declaró en 2012, cuando entró a formar parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Argüelles aseguró en su declaración, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, que poseía un patrimonio de 18 millones de euros. Los exministros Morenés y Soria declararon contar con un patrimonio de más de un millón de euros cada uno.
El grueso de las indemnizaciones que el Portal de Transparencia ha publicado desde que la Ley de Transparencia entró en vigor, hace dos años, corresponden a consejeros, presidentes y vicepresidentes de las comisiones que se integraron en octubre de 2013 en la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las compensaciones van desde los 4.693 euros brutos mensuales del exconsejero de la Comisión Nacional del Sector Postal, Manuel Guillermo Varela, a los 9.955 euros brutos del expresidente de la CNMV, Julio Segura.

"Está prohibido trabajar en tu área"

Ramon Companys i Sanfeliu percibió la indemnización durante los 24 meses posteriores a su salida del consejo de la Comisión Nacional del Sector Postal. "Tenía un contrato de alto cargo que era para seis años y nos echaron a los cuatro", explica al teléfono. "Cuando abandonas el puesto tienes prohibido trabajar en tu área de conocimiento; tienes muy acotados los trabajos que puedes hacer. Podría haber trabajado en cualquier empresa de correos, seguramente con un buen sueldo", añade.
Companys, ya jubilado, es técnico agrícola de profesión y durante más de 30 años ocupó distintos puestos de representación política en CDC. El último fue consejero del regulador del sector de Correos, que el Gobierno disolvió para fundir a todos los reguladores en la actual Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNCM). A los pocos meses de dejar de percibir la prestación, se jubiló.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) fue otro de los reguladores que se disolvió antes de que terminara el mandato de sus directivos y consejeros. Hace unos meses el Tribunal de Justicia de la UE consideró “contrario a derecho” el cese, en octubre de 2013, de Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea como presidente y consejero respectivamente. Podrían llegar a cobrar una indemnización por haber sido apartados de sus funciones sin motivo. 
Carmen Martínez Ten, médica de profesión, pasó 15 años en el Consejo de Seguridad Nuclear, nombrada por el PSOE. "Cuando abandonas el puesto no puedes trabajar en el sector eléctrico ni en toda la parte que controla el CSN, como en radiodiagnóstico u oncología médica", explica. Cuando dejó de cobrar la compensación se incorporó de nuevo a su puesto de funcionaria en Planificación Familiar del Ayuntamiento de Madrid.
A los pocos meses Ángel Gabilondo la llamó para formar parte de su lista para la Asamblea de Madrid, donde ahora es diputada. Martínez Ten cree que debe existir un periodo de incompatibilidad, pero mejor regulado y menos laxo. "Conozco casos de altos cargos que abandonaban el puesto y se incorporaban a las eléctricas", dice. Sobre las cuantías de la indemnización que ella misma percibió asegura: "No sé si les veo sentido. Quizá son excesivas".
 Más compensaciones en el sector público.
Un informe del Tribunal de Cuentas publicado en mayo de 2016 permitió conocer datos que, pese a la Ley de Transparencia, siguen sin ser públicos, como que entre 2012 y 2014 se produjeron 55 ceses en empresas públicas fiscalizadas con derecho a percibir prestaciones indemnizatorias o pensiones compensatorias. Las cobraron finalmente 45 directivos, por un importe total de 4,43 millones de euros.
El informe del Tribunal de Cuentas también criticó que se produjeran ceses de directivos públicos con la máxima indemnización días antes de la reforma laboral. De haberse producido unos días después, su despido hubiera sido muy inferior. 
El informe permitió conocer que el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cobró 348.751 euros cuando abandonó su puesto en 2012, el año de la intervención de Bankia. El Banco de España también pagó una indemnización a su anterior secretario general, José Antonio Alepuz, a pesar de que abandonó el cargo en 2011 “por voluntad propia para iniciar una nueva actividad”. Seis meses después, Alepuz fichó por La Caixa. 
ESTO SÓLO OCURRE EN ESPAÑA, CON TAL DESCARO, PERO NO TIENE ARREGLO, LA CULPA ES DE LOS POLÍTICOS QUE SON TODOS IGUALES, LOS VIEJOS COMO LOS  NUEVOS:¿CÚANDO DESPERTAREMOS, LOS EPAÑOLES Y VEAMOS QUE LA ÚNICA SOLUCIÓN ES TOMAR LAS CALLES, UN  DÍA SI Y OTRO TAMBIÉN?