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viernes, 16 de septiembre de 2016

LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO

José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucia declara como imputado en el Tribunal Supremo por el caso de los eres.

La gestión de lo público.


En el caso de los ERE, la Justicia debe continuar el procedimiento con independencia y con la mayor diligencia posible.

La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que instruye el caso de los ERE, en el que pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación. En el escrito se piden diversas penas para seis exconsejeros y 18 altos cargos de la Junta de Andalucía.
Sin entrar en la oportunidad de la presentación del escrito en estos momentos, o en la gradación de las penas solicitadas, hay que defender que la Justicia tiene que llegar hasta el final a la hora de determinar si los servidores públicos han gestionado con honradez el dinero de todos y si han controlado la administración eficaz de su Gobierno. En este caso, se trata de dilucidar si hubo o no una decisión política que favoreció el desvío de 855 millones de euros dedicados a financiar expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía entre 2001 y 2010.
Los afectados sostienen que todo fue legal y que Chaves y Griñán hicieron lo que cabía esperar de ellos en cuanto a responsabilidad pública: abandonar la vida pública cuando fueron imputados y darse de baja en el PSOE. Sin embargo, el magistrado sospecha que la Junta montó un sistema opaco y arbitrario para distribuir esos fondos, sin que existiera un sistema fiscalizador eficaz.
La Justicia debe continuar el procedimiento con independencia y con la mayor diligencia posible. No estamos hablando de un caso de corrupción propiamente dicha, sino de presuntas irregularidades en la gestión y el control de fondos públicos. Es urgente determinar las responsabilidades penales y asegurarse de implementar sistemas que aseguren la mejor utilización del dinero público, con transparencia y equidad.
HAY QUE ADMINISTRAR LO PÚBLICO COMO PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD.

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