El presidente en funciones Mariano Rajoy a su llegada a la cumbre de la UE en Bratislava (Eslovaquia) el pasado viernes
Exteriores avisa de que el bloqueo político hace de España un “pato cojo” en la escena internacional.
Más de 40 tratados y 18 directivas se acumulan pendientes de su aprobación por las Cortes.
El pasado día 3, el presidente de EE.UU, Barack Obama, y su homólogo chino, Xi Ping, anunciaban en vísperas de la cumbre del G-20 en Hangzhou (China) la ratificación por sus dos países del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. El texto que trata de frenar el calentamiento global entrará en vigor cuando lo ratifiquen 55 países, causantes del 55% de las emisiones de efecto invernadero. Todas las fuerzas políticas apoyan el acuerdo, pero es difícil que España figure entre los países que harán posible su entrada en vigor, ya que el Gobierno aún no lo ha remitido al Congreso. Ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para saber si puede hacerlo, aun estando en funciones.
Este tratado es solo uno de los más de 40 pendientes de ratificación por las Cortes; entre otros, la participación en el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII), promovido por China como alternativa a los organismos financieros internacionales dominados por Washington; la prórroga de la Estación de la NASA en Robledo de Chavela; el nuevo convenio de Seguridad Social con Estados Unidos o una serie de acuerdos aéreos (India, México, Uzbekistán) o para evitar la doble imposición (México, Finlandia, Qatar).
Hay otros que no podrán aprobarse, ni siquiera con el visto bueno de la Abogacía del Estado, ya que su negociación ha quedado interrumpida o no ha llegado a arrancar: la limpieza de las tierras contaminadas por el accidente nuclear de Palomares (Almería), el establecimiento en Rota (Cádiz) de una base de helicópteros antidroga del Departamento de Estado norteamericano o la cooperación en materia de uso pacífico de la energía nuclear con India.
“La continuidad del Gobierno en funciones [por espacio ya de nueve meses] tiene unas consecuencias cada vez más graves en la proyección internacional de España, derivadas del bloqueo institucional que presenta a nuestro país como un lame duck [pato cojo, en alusión a la pérdida de poder de los presidentes de EE.UU en su segundo mandato] permanente”, advierte un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación al que ha tenido acceso EL PAÍS. “La limitación de la acción diplomática, la pérdida del perfil y de la capacidad de influencia y el freno a la toma de decisiones tienen consecuencias negativas para nuestro prestigio internacional y costes materiales directos”, subraya el documento. “Además, como potencia media, los espacios que España cede son rápidamente ocupados por otros países competidores”, advierte.
"El coste del no Gobierno"
El documento —titulado “El coste del no Gobierno”— ilustra con numerosos ejemplos las oportunidades perdidas por no tener un Ejecutivo con plenas competencias. Por ejemplo, el aplazamiento o suspensión de viajes del Rey a Arabia Saudí, Marruecos, Japón o Corea del Sur; y las visitas a España de jefes de Estado o Gobierno extranjeros como los de Argentina e Israel. Tampoco se han celebrado las periódicas cumbres de alto nivel con México, Turquía, Marruecos y Argelia; o con socios europeos como Francia, Italia, Alemania y Portugal, ni se ha reunido la Comisión Internacional de los Pirineos, que aborda la cooperación transfronteriza. “El bloqueo institucional que impide saber si habrá una continuidad de Gobierno invita a nuestros socios a dejar las relaciones en suspenso”, concluye.
“Nos vemos progresivamente excluidos de aquellos centros de poder en los que se toman las grandes decisiones. Se suceden las reuniones de mandatarios europeos e internacionales a las que normalmente acudirían los miembros del Gobierno español que son directamente marginados por no poder asumir los compromisos que se han de tomar”, advierte el documento. Su condición de presidente en funciones explicaría, según Exteriores, la ausencia de Rajoy en las dos cumbres celebradas por los líderes de Francia, Alemania e Italia, “que han formado un núcleo duro para guiar el futuro de la UE” tras el Brexit, “con reuniones frecuentes a las que España debería estar invitada”.
La marginación no se da solo en los escalones más altos de la acción diplomática. También en los medios y bajos. La presencia en grupos informales en organizaciones internacionales se va restringiendo y “los embajadores [españoles] ven como paulatinamente se les recibe con menor frecuencia en las Cancillerías extranjeras. O a menor nivel” que hasta ahora. “Esto afecta directamente a gestiones para asuntos de interés nacional, como los concursos y licitaciones: los competidores [de las empresas españolas] apoyados por la diplomacia [de sus países] saca ventaja”. En Canadá, firmas españolas compiten por un programa de infraestructuras de 60.000 millones de dólares; en Australia, Navantia pugna por vender fragatas; y en Irán, el acuerdo nuclear ha abierto una carrera entre las compañías occidentales por tomar posiciones en un mercado hasta ahora vedado.
El informe no ofrece una estimación económica del “coste del no Gobierno”, pero sí advierte de que, además de perder oportunidades, España se expone a sufrir sanciones. La más preocupante es la hasta ahora aplazada por el incumplimiento del objetivo de déficit, pero hay más: están pendientes de transposición con rango de ley 18 directivas comunitarias (serán a 36 a finales de año) que pueden dar lugar a fuertes multas si no se aprueban. Está ya avanzado un procedimiento de infracción por no ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2014 relativa a los estibadores.
Los ejemplos son muy diversos: aún no se han desembolsado los siete millones de ayuda a Siria prometidos en febrero pasado en Londres y el próximo 5 de octubre se celebra una conferencia de donantes para Afganistán en la que España se verá obligada a bajar su contribución a cero, después de haber aportado casi 500 millones en los últimos años. Duermen en un cajón el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos o el Plan Director de la Cooperación (2017-2020).
“En política internacional, las oportunidades que se pierden no se recuperan”, advierte un veterano diplomático. España necesita aliados para conseguir la sede de alguno de los organismos de la UE que saldrán de Reino Unido, la Agencia Europea del Medicamento y la Autoridad Bancaria Europea; o para ganar uno de los dos asientos en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en disputa con Australia y Francia, pero “¿quién va a aliarse con un Gobierno en funciones que no puede prometer nada?”, remacha.
Un juez para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El magistrado Luis López Guerra, juez español del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, concluye en 2016 su mandato de nueve años. España debería haber iniciado ya los trámites para proponer un sustituto a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pero la Abogacía del Estado ha aconsejado posponerlos hasta que haya nuevo Gobierno. Su mandato puede prorrogarse implícitamente, pero solo hasta 2017, cuando se jubila por cumplir 70 años. Es la fecha límite.
Las limitaciones del Gobierno en funciones han impedido renovar a más de 40 embajadores que han cumplido ya su plazo de permanencia. Seis de ellos (algunos tan importantes como los de Moscú o Roma) siguen en el puesto pese a haberse jubilado y tres jefaturas diplomáticas están vacantes: las de India (por dimisión), Bélgica (cese) y Jamaica (fallecimiento). La jefatura de dichas representaciones diplomáticas la ha asumido el Encargado de Negocios. Pero no es lo mismo.
La excepción ha sido el nombramiento del nuevo director general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el diplomático Luis Tejada. El PSOE cree que el Gobierno se ha extralimitado en sus funciones y ha pedido que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo comparezca en el Congreso. Exteriores aduce que el cargo no es político sino de gestión y que el nombramiento, avalado por la Abogacía del Estado, no lo ha hecho el Gobierno sino el Consejo Rector de la Agencia, aunque sus miembros los nombre el Gobierno. La situación, alega el Ministerio, se había vuelto insostenible: desde que en octubre pasado dimitió Gonzalo Robles, para presentarse a las elecciones, la dirección de la AECID estaba vacante. Sus competencias las ejercían por rotación los cuatro directores de área, pero dos de ellos se han marchado a otros destinos, por lo que solo quedaban dos. Uno ha sido ascendido.
NORMAL, PERO LOS POLÍTICOS MEDIOCRES NI SE SONROJAN.
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