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domingo, 28 de agosto de 2016

LAS OFICINAS DE EMPLEO FUNCIONAN CON LENTITUD

Un grupo de personas hace cola en una oficina de empleo en Alcalá de Henares

La colocación público-privada de parados, más eficiente que las oficinas de empleo.


La colaboración con empresas logra reinsertar un 10% de los parados atendidos, una ratio muy superior a la del antiguo INEM.

El Gobierno ya tiene en sus manos el primer balance de la colaboración público-privada para reinsertar parados. Se trata de una iniciativa experimental en la que se asigna a empresas privadas grupos de desempleados de larga duración y se les paga por cada desocupado al que encuentran trabajo. Los resultados pueden tildarse de esperanzadores, con una media del 10% de recolocación pese a la dificultad de los perfiles. Estos números abren la puerta a que el método pueda ampliarse. Si bien no es estrictamente comparable, cabe recordar que el Servicio Público de Empleo sólo colocó al 1,7% de los asalariados en 2015.
El Ministerio de Empleo estableció en 2013 el marco regulatorio para que las empresas privadas puedan cobrar de las comunidades por encontrar trabajo a parados. Tras no pocas dificultades, algunos Gobiernos autonómicos arrancaron en 2015 los programas piloto seleccionando empresas de trabajo temporal y de formación. No todas las autonomías se apuntaron al plan, cuya dotación ascendía en total a los 40 millones de euros. Pero las que sí lo hicieron ya han obtenido sus primeros registros: de las 189.878 personas enviadas, las agencias privadas atendieron a 81.638, un 43%. Y de esas personas atendidas se encontró empleo para 8.051, el 4,2% de las individuos enviados y el 9,9% de las atendidos, unas ratios muy superiores al 1,7% que, según el INE, colocaron las oficinas públicas de empleo en 2015.

 

Aunque a primera vista los resultados no parezcan espectaculares, este plan se destinó a parados de larga duración extraídos del Prepara, con la prestación acabada y con muchas dificultades para emplearse. Y ello explica que la valoración del Ejecutivo sea positiva, por más que algunas comunidades aleguen que sus porcentajes de intermediación alcanzan el 4%.
Una vez se resta el IVA y el descuento del 30% de media ofrecido por las empresas, el precio de estas reinserciones oscila entre los 170 euros por un trabajador que ha estado seis meses en el paro y los 1.700 euros por uno mayor de 55 años y más de dos años desempleado. Si la agencia no da trabajo al parado, obtiene un fijo siempre que le haya prestado un servicio durante seis meses. Para contabilizarse como un éxito, las reinserciones han de contar al menos con seis meses de trabajo a tiempo completo.
Las agencias sólo buscaron empleo para algo menos de la mitad de los ciudadanos remitidos, un dato que arroja algunas dudas porque las empresas pudieron haber dejado fuera los currículos más complicados de reinsertar. Probablemente, parte de estos casos sin tratar se deban a cuestiones de falta de tiempo, de no reunir la estructura suficiente o, simplemente, incomparecencias. Pero el Ministerio no aclara en sus cifras el motivo de que se quedasen tantas personas sin atender.

No obstante, los expertos consultados concluyen que se trata de un primer dato esperanzador y sobre el que hay una buena base para trabajar. Algunas como Aragón o Murcia han conseguido por esta vía recolocar a un desempleado de cada cuatro, un logro meritorio y que merece un estudio detallado, pues sus formatos bien podrían copiarse en otras regiones.
“Los primeros resultados no importan tanto. La colaboración público-privada puede mejorar si los Gobiernos premian a las agencias privadas más exitosas con la asignación de un mayor número de parados. La evidencia internacional demuestra que todo depende de un diseño adecuado. En Reino Unido, el sistema público-privado genera ahorros en prestaciones que compensan las primas a las agencias. Por el contrario, en Alemania los resultados fueron menos favorables. ¿Cómo salir de dudas? Hay que probarlo y evaluarlo para identificar lo que funciona y lo que no. No se debería suprimir por posiciones puramente ideológicas”, explica Marcel Jansen, profesor de la Autónoma de Madrid y miembro de Fedea.

Resistencias de las comunidades

Aun así, varias comunidades han decidido bajarse de este tren. Llama especialmente la atención el caso de Aragón, que ha colocado al 25% pero que de todos modos ha cancelado el proyecto. Andalucía nunca suscribió el acuerdo marco que regula el sistema debido a la coalición que tenían los socialistas con IU, que lo vetó. Baleares y Extremadura se desmarcaron de esta iniciativa al cambiar de gobierno. Valencia tiene todo parado en materia de empleo por discrepancias entre cargos del PSOE y de Compromís. Y Castilla-La Mancha se salió, pero está analizando la posibilidad de colaborar con perfiles poco empleables. Fuentes del Gobierno no entienden estas resistencias, que achacan a razones ideológicas: “Igual que las carreteras no las hace el Estado, hay que asumir que el sector público no es bueno recolocando parados”. No obstante, el Ministerio de Empleo matiza que son los propios equipos del SEPE quienes han puesto sobre la mesa esta iniciativa y quienes la están desarrollado. 

La mediación con empresas se extiende por toda la OCDE

Las políticas activas de empleo se crearon en los años ochenta y han evolucionado en la mayor parte de países hacia programas de formación y acuerdos de colaboración con agencias privadas. En estos momentos, aprovechar la iniciativa privada para labores de intermediación es una práctica muy extendida. Hasta el año pasado, todos los países de la OCDE lo aplicaban salvo España. Incluso Estados como Francia, con una acendrada tradición de la función pública, acumulan una larga experiencia en este campo.
Desde hace tiempo, en Reino Unido se abona a las empresas un dinero por cada parado colocado, sin más. Lo cual a veces crea problemas porque las agencias prefieren centrar sus esfuerzos en los desempleados más fáciles de reintegrar en el mercado laboral. Se trata del método conocido por los expertos como la caja negra.
Para evitar este fenómeno, en Francia se opta por pagar por un proceso y no un resultado. Los galos contratan a la empresa para que preste una orientación y unos cursos, sin importar si se consigue o no colocar al demandante de empleo. En Alemania, se reparten cheques de formación para que el parado busque por su cuenta el curso con el que reciclarse. En Holanda, en cuanto un parado entra por la puerta se efectúa un diagnóstico detallado, con el propósito de diseñarle una trayectoria y buscarle la formación precisa.

Ahorros significativos

Según los expertos consultados, en España sería muy fácil reconvertir a graduados de Historia o Filosofía en, por ejemplo, programadores informáticos. Sin embargo, el principal problema reside en hallar una salida a los expulsados de la construcción, unos perfiles con una formación muy baja.
“En España los servicios públicos de empleo desembolsan 14.000 euros para formar a alguien como peón. Tan solo colocan a un porcentaje muy pequeño de los demandantes de empleo. Y si a eso le sumamos que los funcionarios del antiguo INEM están desmoralizados, el sistema está roto. Hay que darle una vuelta a todo y la colaboración público-privada puede introducir competencia en este área”, explica una fuente del sector.
Y añade: “En Reino Unido han calculado que, por cada euro destinado a este tipo de programas, se gana entre 1,3 y 1,4 euros. Sólo por el ahorro de tres meses de prestación ya debería ser suficiente para que esta fórmula de colaboración público-privada se generalizase. Por eso, con el grave problema que padecemos aquí, extraña que no se dediquen más fondos y que no se apueste más decididamente por esta vía, que añade muchos recursos que luego no tienes por qué mantener cuando la cosa mejore”.
HAY QUE DESTRUIR LO PÚBLICO PARA PRIVATIZAR, ESA ES LA POLÍTICA DEL NEOLIBERALISMO.