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lunes, 25 de abril de 2016

VENDER CARNE DE MONO POR TERNERA

Destrucción de carne ilegal en Tailandia

Vender carne de mono por ternera


Interpol y Europol acaban de cerrar su quinta operación internacional contra el fraude de alimentos, actividad ilícita con beneficios multimillonarios

No es oro todo lo que reluce. No lo eran desde luego los 400 kilos de alimentos, entre ellos bacalao y codillos asados, incautados el pasado enero por la Guardia Civil en la provincia de Palencia. Aunque estuvieran listos para ser colocados en los lineales de los supermercados, un problema paralizó su comercialización: la fecha de consumo preferente, intencionalmente ocultada, se remontaba a 2014. Mientras la Benemérita destapaba este delito, en el marco de una operación coordinada conjuntamente por la Interpol y la Europol, en otros 56 países se retiraban 10.000 toneladas de comida y un millón de litros de bebida falsificada.
La quinta edición de la operación Opson, que se llevó a cabo entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 en tiendas, mercados, puertos y aeropuertos de todo el mundo, representa el último golpe infligido por las autoridades al fraude alimentario, negocio ilícito con beneficios multimillonarios. “Empezamos en 2011 con 10 países y el número de participantes no ha parado de crecer. Opson V fue la mayor acción realizada hasta ahora”, señala Michael Ellis, director de la Unidad de Falsificaciones y Tráfico de Sustancias Ilícitas de la Interpol.
Alcohol adulterado, carne no apta para el consumo o azúcar contaminado con fertilizantes fueron solo algunos de los productos confiscados por las autoridades. En el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, tristemente famoso por los recientes atentados terroristas, se incautaron varios kilos de carne de mono; en Indonesia, los agentes decomisaron 70 kilos de intestinos de pollo conservados en formol y en Hungría se descubrieron mataderos clandestinos.
Desde etiquetas falsificadas a comida adulterada con sustancias tóxicas, el fraude alimentario se multiplica en todos los niveles. Incluso la Unión Europea, considerada como la zona mejor blindada en cuanto a seguridad alimentaria, no es inmune a esta actividad ilícita. La complejidad cada vez mayor de las redes de distribución, interconectadas a nivel global, se ha convertido en el eslabón débil para atacar a la industria comunitaria de agroalimentación, la segunda más potente de la zona, capaz de generar un negocio de 750.000 millones de euros al año. 
Pero no todas las actividades dañinas para la salud o engañosas para el consumidor acaban en el mismo cajón. Para que se pueda hablar de fraude alimentario hace falta que se verifique una “alteración intencionada de las características de un producto de alimentación de forma ilícita y con fines lucrativos”, explica Roberto Ortuño, jefe del departamento de Asistencia Tecnológica y Servicios Analíticos del centro tecnológico AINIA.
Para que se pueda hablar de fraude hace falta que la alteración del alimento se produzca de forma ilícita y con fines lucrativos
Partiendo de esta base, la actividad ilegal puede tener diferentes vertientes. José María Ferrer, jefe del departamento de legislación alimentaria de AINIA, explica que la falsificación de alimentos se puede dividir en dos grandes categorías: las que representan un riesgo para la seguridad alimentaria, que podrían afectar a la salud de los consumidores, y las que no. “En nuestra experiencia, los tres tipos más comunes son la adulteración, la falsificación en el etiquetado y los productos caducados”, resume Ellis.
En España, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) señala que el tipo de fraude más común se refiere al etiquetado. En el marco de la operación Opson V, se decomisaron 100 toneladas de alimentos en el país, fueron detenidas ocho personas y otras 16 están siendo investigadas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Las autoridades señalan, sin embargo, que la autoría de los delitos no es atribuible a mafias organizadas, algo que sí es recurrente en otros países.

La ‘agromafia’

En Italia hasta se ha acuñado un nuevo término para definir al fraude alimentario perpetrado por organizaciones criminales: la agromafia. De acuerdo con el último informe elaborado por Coldiretti, Eurispes y el Observatorio de la Criminalidad en la Agricultura —creado ad hoc en 2014—, esta actividad ilegal movió más de 16.000 millones de euros en 2015 en el país transalpino.
Ellis confirma que la experiencia de las operaciones Opson sugiere no solo que “redes del crimen organizado” se han infiltrado al sector alimentario, sino “que están usando sus habilidades y oportunidades para expandir su modelo de negocio ilícito en una escala transnacional”.
Desde la Federación Española de la Industria de la Alimentación explican que el fraude alimentario no solo perjudica a los consumidores, sino daña “la reputación del sector y la lealtad de las transacciones comerciales”. Por ello, la patronal, conjuntamente con la Asociación Española de Denominación de Origen, acaba de firmar un protocolo de colaboración con la Guardia Civil, con “el fin de favorecer su erradicación”.
Un estudio realizado por la Universidad de Michigan estima que este fraude mueve entre 30.000 y 40.000 millones de dólares cada año. Ellis, sin embargo, asegura que es imposible cuantificar de manera precisa los ingresos que genera esta actividad criminal. “Pero más importante aún son las miles de víctimas que han fallecido después de ingerir comida y bebida falsificada”, concluye. Una cifra que tampoco la policía puede precisar. 

Consumidores desprotegidos ante el fraude

Los legisladores comunitarias han ido ajustando el tiro para ser más eficaces ante la falsificación de alimentos. “En los últimos años, y en particular después de la denominada crisis de la carne de caballo, la UE ha planteado más acciones e iniciativas para luchar contra el fraude”, confirma José María Ferrer, del centro tecnológico AINIA. En España, por otro lado, vio la luz en 2015 la ley para la defensa de la calidad alimentaria, que establece sanciones de hasta tres millones de euros para los infractores.
Pero la dificultad para definir el concepto de fraude alimentario, así como en detectar los tentáculos que lo mueven, complican la tarea de supervisión, así como la defensa de los consumidores. “Hemos ido perfeccionando el sistema a golpe de escándalo”, comenta Enrique García, de la Organización de Consumidores y Usuarios, “pero nunca es suficiente; es un tema complejo y no es solo que al usuario le moleste pagar de más, es que existen importantes riesgos para la salud”.
Federico Moncunill, director del Comité Técnico de Origen España, asegura que, en el caso de los productos con denominación, muchos de los fraudes se producen en los puntos de venta. Para este sector, la falsificación en el etiqutado supone un daño de 100 millones de euros al año. Sin contar la desconfianza que genera en el consumidor.
CIERTAMENTE NO SABEMOS QUÉ ES LO QUE COMEMOS.

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