Manuel Pimentel, en 2010
Anticorrupción pide la imputación del ex ministro Pimentel en los ERE
Los fiscales acusan al ex cargo popular y empresario de malversación y prevaricación.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del exministro del PP Manuel Pimentel en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. Los fiscales acusan al excargo popular y empresario de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude por una ayuda de 300.000 euros a la empresa Taller de Libros, de la que Pimentel era promotor. Se trata del primer excargo del PP salpicado por el caso ERE y del que la fiscalía ha pedido su imputación. Hasta ahora solo antiguos responsables políticos del PSOE están entre los más de 250 imputados que incluye la causa. Sin embargo, todo apunta a que los excargos del PP implicados aumentarán, a tenor de las recientes investigaciones de la Guardia Civil sobre el papel del Ministerio de Trabajo en los ERE.
La fiscalía afirma que en la concesión de la subvención que atañe a Pimentel, acordada en 2009 entre la Junta y la empresa que dirigía el que fuese ministro de Trabajo entre 1999 y 2000 y exmilitante popular desde 2003, "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido", lo que podría ser causa de "nulidad de pleno derecho". Asimismo, los fiscales señalan que pese a que Trabajo aseguró que la ayuda era para los empleados de esta empresa "se aportó un único número de cuenta corriente donde se realizarán los pagos, el cual se modifica posteriormente a petición de los trabajadores, solicitud de la que no hay constancia alguna en el expediente". Entre otras conclusiones, Anticorrupción señala que no se acreditó el carácter excepcional de la ayuda y que no consta solicitud formal.
Pimentel se ha mostrado "sorprendido" por la petición de la fiscalía y ha defendido que cumplió con la "estricta legalidad" durante la crisis de la empresa Taller de Libros, cuyo consejo de administración presidía. "No había nada ilegal ni oscuro" por su parte ni desde los "trabajadores honrados", a los que la fiscalía también pide imputar, y ha enmarcado sus reuniones con responsables de la Junta andaluza en las habituales de cualquier gestor para defender a su empresa, informa Efe. La petición de imputación "está traída por los pelos", ha criticado Pimentel, que ha reiterado el hecho de que no tiene "nada que ocultar" en su labor al frente de la empresa Taller de Libros.
La ayuda se concedió tras la crisis de la empresa cordobesa Graficomo SA, que en 2005 se liquidó con un plan que incluía la enajenación unitaria a favor de Taller de Libros y a cuyo comité de empresa también pide imputar la fiscalía. En el escrito elevado a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, los fiscales piden la imputación de Pimentel y otras 24 personas —algunas ya imputadas en la causa— no solo por la ayuda a Taller de Libros sino también por el pago de las prejubilaciones de 10 trabajadores de la empresa cordobesa. Según el escrito, el plan de liquidación de esta entidad "contemplaba la enajenación unitaria a favor de la sociedad" de Pimentel, constituida tres días antes. Asimismo, hubo reuniones entre empleados de Graficromo, el exministro y la Administración andaluza para "incorporar de forma escalonada y según necesidades a la nueva compañía los que fueron trabajadores de Graficromo SA".
Por ello, la fiscalía solicita a la instructora que forme una pieza separada con los pagos realizados por la Junta en los expedientes de Graficromo y Taller de Libros. Anticorrupción ha solicitado la imputación también en esta pieza del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, o del exdirector de la agencia Idea Jacinto Cañete.
La petición de Anticorrupción se produce cinco días después de que la juez María Núñez reclamara al Ministerio de Empleo que le detalle las sobrecomisiones pagadas en el ERE de la minería de Huelva, expediente para el que el Gobierno central abonó 34 millones en 2003. La magistrada busca conocer si el entonces Ministerio de Trabajo dirigido por Eduardo Zaplana abonó facturas a una consultora y un despacho de abogados por asesorar en el ERE, que benefició a 802 extrabajadores de la minería y costó en total 172 millones. Este expediente es objeto de una nueva línea de investigación en la que la Guardia Civil ya ha señalado a excargos del PP en el ministerio, algo inédito hasta ahora, ya que todos los responsables políticos señalados en el caso pertenecían al PSOE.
COMENTARIO:
¡Qué casualidad que la Fiscalía Anticorrupción pida la imputación de este ex ministro del PP. El único ex ministro que ha desertado de la línea superderechista de este partido. ¿Dónde están los Trillo, los Rato, los Mato y demás ralea? ¿Dónde está la Justicia en letras Mayúsculas?
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