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lunes, 30 de junio de 2014

EL RECIBO DE LA LUZ SUBIRÁ OTRA VEZ EN LOS PRÓXIMOS MESES

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España: el recibo de la luz subirá en los próximos meses .
El recibo de la luz ha cerrado el primer semestre del año con unas bajadas cercanas al 10%, si bien iniciará a partir de ahora una escalada que mitigará en los próximos meses el descenso de la primera parte del año y que puede dejar la caída final a cierre de 2014 en un nivel de entre el 3% y el cero, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.
El año 2014 parte por un lado de un precio del megavatio hora de 47,59 euros, que el Gobierno elevó de forma provisional en enero a 48,48 euros tras suspender la subasta eléctrica, y por otro lado de unos peajes o costes regulados un 0,9% superiores sobre el recibo final, con el objeto de absorber los 3.600 millones de euros de déficit de tarifa de 2013.
A partir de este punto de partida, el mercado mayorista, o ‘pool’, ha registrado un precio medio en el semestre de unos 32,98 euros, después de que junio se cerrase en torno a 51,66 euros. La fuerte contribución de la eólica y la hidráulica en los primeros meses explican el descenso de precios en este mercado.
Este precio del semestre ha sido un 30% inferior al de finales de 2013 y un 32% inferior al fijado por el Gobierno como referencia provisional tras suspender la subasta eléctrica. Por este motivo, para compensar por el dinero cobrado de más, las eléctricas están practicando devoluciones en el recibo entre los consumidores con Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).
La parte de la energía tiene un peso del 37,48% sobre el recibo final –un 41,14% son peajes y otro 21,38% impuestos–, de modo que las caídas en el ‘pool’ en este primer semestre han permitido rebajar en un 11% la tarifa final con respecto a enero, si bien la bajada real en el precio es cercana al 10%, ya que hay que tener en cuenta el incremento del 0,9% en los peajes.
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre, los mercados a plazo apuntan a un precio medio de 54,4 euros en el ‘pool’ para el tercer trimestre y de 48,65 euros en el cuarto, lo que implica una media semestral de 51,52 euros, según la información de Omel.
De esta forma, al abaratamiento del 30% del primer semestre le seguiría una subida del 56% en el segundo semestre con respecto al nivel medio del primer semestre, o del 8,25% con respecto al precio de partida de finales de 2013.
Sin embargo, esta subida en el segundo semestre no sería suficiente para compensar la bajada del primero, y la media del año podría quedar en unos 42 euros.
SUBIDAS DEL 3% CON RESPECTO A ENERO
A efectos prácticos, los consumidores van a pagar este segundo semestre, si se cumplen las previsiones, un 8,25% más por el término de la energía que en enero, lo que trasladado al recibo final implica cerca de un 3% más.
Eso sí, una vez tenida en cuenta la bajada del primer semestre cercana al 10% y la posterior subida, del 20% sobre el precio medio hasta junio o del 3% sobre el precio de enero, el panorama final consistiría en una rebaja del 3% en el conjunto del año.
PEAJES ELÉCTRICOS
En todo caso, está por ver si durante el año se produce un déficit de tarifa que obligue a elevar la otra parte del recibo de luz, la de los peajes eléctricos, lo que mitigaría las posibles bajadas.
Este desajuste depende en buena parte de que el Gobierno cargue finalmente sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no sobre la tarifa el 100% de los sobrecostes extrapeninsulares, valorados en unos 1.800 millones de euros.
COMENTARIO:
LEO QUE LA LUZ HA BAJADO ESTOS MESES Y YO LES PROMETO QUE NO HE VISTO LA BAJADA EN EL RECIBO ¿USTEDES SÍ? AH TAMPOCO. PUES TIENEN PACTADO UNA SUBIDA CONSIDERABLE EN LOS PRÓXIMOS MESES CON EL GOBIERNO

PONIENDO FRONTERAS AGRESIVAS A LOS DESHEREDADOS DE LA TIERRA

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Obama pedirá 2000 millones de dólares para “frenar” flujo de niños migrantes .
Además de la solicitud de fondos, Obama pedirá al Congreso que revise las normas actuales para dar más autoridad al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, con el fin de acelerar la deportación de los niños centroamericanos.
El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Barack Obama, prevé pedir al Congreso de su país nuevos fondos por valor de 2 mil millones de dólares para “hacer frente” al flujo de niños centroamericanos que llegan solos a la frontera, al tiempo que busca dar más autoridad a su Administración para acelerar la deportación de los menores.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo – citado por la agencia EFE – que el mandatario enviará este lunes una carta informando al Congreso de su decisión de pedir “nuevos recursos y más flexibilidad” para lidiar con la llegada de los niños inmigrantes, y se espera que solicite formalmente los fondos a partir del 7 de julio.
Además de la solicitud de esos fondos, dirigida a los esfuerzos humanitarios y de seguridad derivados de la llegada masiva de niños, Obama pedirá al Congreso que revise las normas actuales para dar “más autoridad” al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, con el fin de acelerar la deportación de los niños centroamericanos.
El Gobierno de EE.UU. busca invertir nueve veces más en atender la situación generada por la oleada de niños migrantes que en el desarrollo de los países de Centroamérica.
La Administración Obama solicitara al Congreso de Estados Unidos la aprobación de mil 412 millones de dólares adicionales para el Departamento de Salud y Servicios Humanos, instancia que para este 2014 ya tenía presupuestado 868 millones de dólares, y que es la encargada de gestionar los albergues y centros de detención en los que, tal y como publicó la agencia de noticias AP, miles de menores esperan hacinados en celdas de concreto para ser deportados.
COMENTARIO:A LOS POBRES SE LES CIERRAN LAS PUERTAS DE LA VIDA DIGNA

€UROESTAFA (DOCUMENTAL COMPLETO)



VER VIDEO:MUY ENTRESANTE.
¿Cómo explicar que del esplendor de la burbuja inmobiliaria, hayamos pasado a una crisis económica sin precedentes?
€uroestafa narra un viaje al pasado para entender la involución económica y social del presente. Un viaje que nos ayudará a esclarecer ciertas tramas económicas difusas de nuestra historia, que han sido claves para el devenir de la sociedad Española y Europea. El documental indaga en los orígenes de la crisis, cuestionando el desarrollo de momentos históricos tan importantes como la Unión Económica y Monetaria.

Está dirigido por Guillermo Cruz y se basa en los estudios económicos del Catedrático en economía inmobiliaria Ricard Vergés, cuya experiencia en la estadística y contabilidad nacional, nos ofrece una investigación fiable con más de 20 años de estudio. Guillermo Cruz nos presentó hace seis años junto al Arquitecto Santiago Cirugeda, un primer trabajo centrado únicamente en la burbuja inmobiliaria Española "€SPANISH DR€AM", y que ya tuvo un gran éxito en circuitos independientes y en su difusión on line.

EL PODER JUDICIAL CENSURA AL FISCAL DEL CASO NÓOS

Dura censura del Poder Judicial al fiscal que descalificó al juez del ‘caso Nóos’

Insólita declaración del Gobierno de los jueces contra la actuación del ministerio público en el caso de la infanta Cristina.

La batalla jurídica y personal que libran el instructor del caso Nóos, José Castro, y el fiscal que ha impulsado la investigación en torno a esa supuesta trama corrupta dirigida por Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, se ha trasladado al máximo órgano de Gobierno de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros han sido elegidos a propuesta de los partidos (PP, PSOE, IU, CiU y PNV), aprobó ayer un comunicado en el que censura las apreciaciones personales contra el juez Castro que deslizó el fiscal Pedro Horrach en el recurso presentado contra la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales. El Consejo General del Poder Judicial pide en su nota "respeto institucional en los escritos procesales", en una alusión directa y crítica hacia el recurso presentado por el ministerio público en la causa de la imputación a la infanta Cristina.
"El Consejo General del Poder Judicial", señala el comunicado, "debe advertir ahora que la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus cometidos, más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia". Y concluye: "Por esta razón, el Consejo General del Poder Judicial considera necesario solicitar de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional de los/las jueces y magistrados".
 
El fiscal Horrach sostiene en su recurso que el juez Castro ha manejado para construir su imputación "datos equívocos para construir unos hechos con apariencia delictiva" con lo que corre el riesgo de caer "en la mera especulación cuando no la pura ficción". Horrach considera que la imputación se basa en "simples suposiciones sin indicio incriminatorio alguno", donde se desprecian "indicios de notable fuerza exculpatoria" como los cientos de testimonios que "acreditan que la gestión administrativa, comercial, laboral, fiscal, contable y financiera de Aizóon [la empresa cuya propiedad compartían los Duques de Palma] no intervenía Cristina de Borbón".
Horrach llega a acusar al juez en su escrito de sufrir una deriva como consecuencia de la "influencia de algunos medios de comunicación" que han levantado un juicio paralelo "basado en conjeturas sin apoyo fáctico alguno". El instructor, concluye el fiscal,  tenía “el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación”, y relegó "los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia” que deben presidir la instrucción.
El juez José Castro se quejó públicamente tras conocer el contenido del recurso del fiscal Horrach, con el que ha compartido en los últimos años múltiples investigaciones contra tramas corruptas de Baleares, y le retó a presentar una querella contra él por prevaricación. "Si cree en lo que ha escrito, es lo que debería hacer".
Aunque no ha solicitado el amparo al Poder Judicial ante las descalificaciones que le ha dedicado el fiscal, el Gobierno de los jueces decidió ayer salir en su defensa.
COMENTARIO:
Los comentarios del fiscal son absolutamente groseros y faltos de inteligencia. Comprendo la alarma del Consejo del Poder Judicial. Con los precedentes de Garzón (tal vez muy significado políticamente), Silva (tal vez algo rarito), atacar a un juez tan discreto como Castro es una forma de ensuciar la justicia y mancharlos a todos, los colaboracionistas del PODER y que linchan a quien se atreva a amenazarlo y los que son independientes.

RAJOY QUIERE LAVAR LA IMAGEN DE SU PARTIDO

Cospedal y Rajoy en el Comité Ejecutivo del PP

Rajoy propone al PP el debate sobre la elección directa de los alcaldes

El partido teme perder la mayoría absoluta en plazas claves en las próximas elecciones

El presidente plantea al Comité Ejecutivo una reflexión sobre el número de aforados.

Mariano Rajoy ha anunciado este lunes ante la plana mayor del Partido Popular una agenda, aún sin cerrar, para la “mejora de la calidad democrática de las instituciones”. El presidente del Gobierno propone a los suyos un debate sobre la elección directa de los alcaldes en un momento en el que el PP teme perder la mayoría absoluta en plazas clave como Madrid y Valencia y cuando falta menos de un año para los próximos comicios autonómicos y municipales. Se trataría de estudiar, según ha afirmado la número dos de la formación, María Dolores de Cospedal, en una comparecencia ante los medios, un cambio del sistema para que gobiernen los regidores más votados. 
Ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido y a puerta cerrada, el jefe del Ejecutivo ha dibujado una hoja de ruta para la segunda parte de la legislatura, cuyo reto consiste en "recuperar la agenda de la mejora de la calidad de la democracia". En palabras de Cospedal, Rajoy "se ha referido a la lucha contra la corrupción" y a "temas que se puedan plantear como la elección directa de los alcaldes" que, ha recordado, siempre se debaten cuando se aproximan unas elecciones municipales.
Rajoy se ha referido también a los aforamientos, afirmando que está dispuesto a "poner encima de la mesa debates que están en la ciudadanía como la reducción del número de aforados". El PP, ha asegurado Cospedal, "está dispuesto a hablar de estos temas y a plantear acuerdos a partidos de la oposición". Estas reflexiones se concretarán los días 10, 11 y 12 de julio en la escuela de verano del PP, en la que el presidente del partido y del Gobierno y Cospedal pretenden que se llegue a alguna conclusión al respecto.
El debate sobre el aforamiento, estatus jurídico especial del que se benefician cargos públicos como los parlamentarios nacionales y autonómicos, jueces y fiscales, ha crecido en la sociedad y en los medios de comunicación tras la reforma exprés del Gobierno para dar esa protección a don Juan Carlos tras su abdicación. El pleno del Congreso cerró en tiempo récord el aforamiento del Rey, las reinas Letizia y Sofía y la Princesa de Asturias. Tras estudiar esta cuestión, el PP presentará "el análisis de la situación" y fijará "dónde tiene que establecerse el límite de estos temas".
Rajoy se ha referido también "a lo que algunos llaman la segunda Transición", en referencia a una reforma de la Constitución. "El PP no se ha opuesto nunca por principio a la reforma constitucional, pero debe haber varias condiciones", ha enfatizado Cospedal. "Tiene que haber un objetivo claro de esa reforma, debe de haber un consenso claro, tiene que saberse cuáles son los retos y cuáles son las soluciones que se pondrían encima de la mesa. No se puede romper un consenso y un pacto social como el del 78 sin tener un objetivo claro. Hay que saber lo que tenemos antes de abrir pactos y consensos", ha agregado la secretaria general del PP.
COMENTARIO:
La elección de alcalde directamente al primero de la lista vencedora va a ser aplaudido por el PSOE hasta con las orejas. Es otra burda maniobra de la denominada "casta" para desvirtuar el voto popular. Sin embargo, creo que ya se está demostrando que las manipulaciones en las normativas electorales con objeto de que el elector se dirija al "voto útil" (PSOE, PP y Nacionalistas) cada vez surgen menos efecto, provocando más bien una desvalorización de los propios procesos electorales. Todo esto se vería amplificado en ámbitos pequeños, donde resultaría insoportable gobernar con el apoyo real de una minoría de la ciudadanía.

POR LA IGUALDAD DE DERECHOS.ASÍ VIVEN LOS POBRES

 
¿ES ESTA LA SOCIEDAD DEL FURUTO DE LA HUMANIDAD?
‘La vida en el círculo’, de Faisal Azim, ganador del premio ‘Paisaje urbano’ Atkins 2014. Un grupo de vagabundos es retratado viviendo en los huecos de varios tubos de cementos en Bangladesh, donde más de 900.000 personas viven sin techo y donde cada día se denuncian torturas físicas, mentales e incluso sexuales contra estas personas en centros de acogida.

LA HORCA DE LA AVARICIA

Pedro Torres

El suicidio de un notario destapa una deuda de 50 millones en Sevilla

La pirámide empresarial que montó Pedro Romero deja 300 afectados.

—Pedro, ¿tú tienes la pasta?
—Sí, la tengo.
La respuesta de Pedro Romero al vicedecano del Colegio Notarial de Andalucía, José Luis Lledó, tenía trampa. La pasta era 5,5 millones y el pasado 4 de marzo unos constructores y la Universidad de Sevilla debían recoger el cheque por esa suma en su notaría de Sevilla, depositado tres años antes, y que ahora querían recuperar. La cita no se llevó a cabo. El día antes, el notario había optado por dispararse con su escopeta bajo un puente y así acabar con una espiral de deudas y final violento.
Romero, expresidente de la Academia Sevillana del Notariado, había vivido al límite durante años y aguantaba la presión como nadie. Pero esta primavera, las sospechas de que sus abultados impagos eran resultado de operaciones irregulares se tornaron certezas. Las demandas se multiplicaron y el Colegio Notarial andaluz le exigió que cumpliera como garante de la ley para devolver esos 5,5 millones a unos empresarios y la Universidad. La sorpresa salta ahora porque ese detonante solo representa la décima parte de las deudas totales que Romero había acumulado durante su desastrosa aventura empresarial, que superan los 50 millones.
Las operaciones con sus clientes de la notaría han generado una deuda de 10 millones, a la que hay que sumar dos hipotecas de su casa y una finca por 14 millones, un débito de 5 millones con acreedores personales y un pasivo de 22 millones que arrastra la joya de su grupo empresarial, ahora en liquidación, las bodegas Pedro Romero.
¿Cómo pudo llegar a ese nivel de endeudamiento? Dos razones lo explican: su prestigio como notario llegó a ser muy reconocido, y esto le abrió puertas para grandes potentados que acudieron a él para mover y colocar su dinero. Y esa reputación le granjeó una alfombra roja en prácticamente todos los bancos, excepto Unicaja, que había conocido sus problemas de liquidez con anterioridad. “Los bancos le dieron créditos por las garantías que ofrecía, no por los negocios en sí mismos. Pedro vivía en un aval continuo y sobrepasado de deudas”, explica un abogado que trabajó con él y que pide el anonimato.
El mayor problema fue que Romero mezcló sus actos de la notaría con sus negocios privados como empresario. Habitualmente los notarios intervienen en compraventas y herencias solo para otorgar fe, pero en ocasiones también controlan depósitos y provisiones de fondos con muchos ceros. Y Romero trasvasaba esos capitales de manera constante hacia sus negocios.
El informe de riesgos entregado por el Banco de España al Juzgado de Primera Instancia 13 de Sevilla, que tramita su legado, señala que el débito que generó Romero con 12 entidades bancarias era de 28,3 millones de deuda directa o personal, y de 14,5 millones de deuda que había garantizado a sus sociedades.
“Pedro avalaba alegremente todas las operaciones”, resume su letrado, Tomás Gamero, que admite su funesta gestión de los negocios pero defiende su voluntad de devolver los préstamos hasta el final. Para el notario, avalar pagos era casi un acto reflejo. Cuando llegaba un proveedor de la bodega, Romero firmaba como garante personal, y bastaba porque nadie podía imaginar la montaña de deudas que arrastraba. Sin embargo, en su huida hacia adelante, evitó reconocer su responsabilidad como fedatario. Solo cinco días antes de morir, firmó su testamento, donde expuso: “Mis circunstancias actuales, sobre todo de carácter económico (...) aunque me sean imputables, han escapado a mi voluntad (...) al fundarse en confianzas en los otros semejantes, en mi fuero interno, a las que en mí depositaban”.
Romero, hijo de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de una catedrática de Botánica, tenía una personalidad poliédrica, pero sobre todo muy poderosa. Atesoraba un conocimiento “enciclopédico” del Derecho que volcaba en libros y conferencias, pero sobre todo proyectaba una seguridad y confianza por las que logró que centenares de personas le confiaran su dinero, en múltiples ocasiones sin siquiera firmar documentos, como un acto de fe. Y Romero se aprovechó de estos creyentes para ir tapando agujeros. Uno detrás de otro y cada vez más grandes.
“Para sus fieles se había convertido en una deidad. El tipo se vendía como el notario científico de operaciones jurídicas. Un mago de la ingeniería notarial. Y en ese entorno de confianza era muy fácil que gente incauta cayera en sus redes. Vendía una pócima milagrosa”, relata una persona que negoció con Romero una deuda cuyos fondos eran de origen incierto, y logró que le devolviera gran parte: “Se lo puse negro negrísimo y le dije que tardaba 24 horas en ir a la fiscalía, porque a mi cliente le daba igual el delito fiscal. Y pagó”. Tres testimonios diferentes de clientes confirman que entregaron altas sumas de dinero a Romero (50.000, 200.000 y 600.000 euros) para que este las invirtiera a través de entramados financieros. Fuentes del caso dudan de la procedencia legal de gran parte de los fondos que gestionó Romero en los últimos años. “Embaucaba a la gente y sencillamente se aprovechaba de la codicia del otro”, apunta una persona que trabajó codo con codo con él.
Las actas de la notaría de los últimos seis años reflejan 31 depósitos (joyas, documentos, dinero, etcétera), pero ahí no estaba la gallina de los huevos de oro. Romero vehiculaba las provisiones de fondos a través de la empresa OCP Asesores, gestionada por su mano derecha para los negocios, Luis Pérez. Este rechazó opinar al respecto.
Romero figuraba en siete empresas, pero en ninguna invirtió tanto como en el negocio familiar de las bodegas Pedro Romero de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Su tío, también notario, Íñigo de Loyola Romero, invirtió en las ampliaciones de capital propuestas por Pedro, pero con un regusto agrio. “Jugaba a tres barajas y tenía un chorro de sociedades instrumentales. Utilizaba la bodega como una cuenta de provisión”, censura.
Sin embargo, antes de que la espiral de deudas le devorara, Romero invirtió en las bodegas tres millones, avaló otros cuatro, y sedujo a su familia para que el negocio creciera. Su patrimonio estaba volcado en los negocios, y ahora muchos de los que le conocieron recuerdan que su intención primigenia no era el engaño. “Siempre peleó por triunfar y era muy buena persona”, apunta el abogado Eugenio Suárez Palomares, exjuez y preparador de oposiciones de Romero.
El decano del Colegio Notarial andaluz, Salvador Torres, resume: “Hay personas acostumbradas a triunfar siempre y que nunca admitirán un fracaso”.
COMENTARIO:
A mi esta gente no me da ninguna pena. Estos que van de punta en blanco, con su pañuelo asomando, con melenita con caracolillos engominada, y gafitas a la moda. Se ponen pulseritas que en los años 70 eran de hippies para parecer lo que no son, más modernos y guais, pero son todos iguales, se creen superiores a todo el mundo por ser notarios (muchos por enchufe) y que eso les da conocimiento para meterse en todos los negocios y fregados del mundo, y en el fondo no entienden de nada. Así les va y así acaban....

EL REY SENIOR YA ESTÁ AFORADO,AHORA QUE LE OLVIDEN

Diego Torres y Ana María Tejeiro llegan al juzgado de Palma

Torres pide al juez que le exculpe porque la Casa Real estaba “al tanto de todo”

El exsocio de Urdangarin alega al juez que la monarquía controlaba el Instituto Nóos.

El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha pedido al juez que investiga el caso Nóos que archive la causa contra él y su esposa, Ana María Tejeiro. En un recurso de 87 folios, la defensa de Torres alega que el profesor de Esade no cometió ningún delito ni podía albergar dudas sobre el instituto Nóos con el argumento de que la Casa del Rey estaba “al tanto de todo”. El abogado recuerda que Tejeiro, a diferencia de la esposa de Urdangarin, la infanta Cristina, nunca formó parte de la junta de la entidad sin ánimo de lucro, con la que el duque de Palma y Torres consiguieron millones de euros de las administraciones balear y valenciana, ambas en manos del PP.
El abogado de Torres, Manuel González Peeters, alega que los negocios de Torres no fueron ilícitos ni ilegales. Y recuerda que fueron altos responsables de organismos públicos los que adjudicaron a Nóos la celebración de grandes eventos sobre deporte en Palma y Valencia. Aunque esos altos funcionarios, razona el escrito, hubieran cometido algún delito, “no cabe atribuirles responsabilidad” a Torres y a su mujer, para quienes solicita el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones.
“El seguimiento” en las actividades de Nóos y, “por tanto, la falta de alerta alguna en la Casa de S.M. era lo ordinario”, según el escrito, que responde en 18 puntos al auto de procesamiento dictado hace unos días por el juez José Castro. En ese auto, el magistrado decidió mantener la imputación de la infanta Cristina. Torres recuerda que Urdangarin reconoció que, “con periodicidad semanal, los servicios de seguridad del Estado hacían copias de todo el contenido de los ordenadores, entendiendo que sería para algo, esto es, para control y validación, que no para coleccionar elementos de archivo”.
Torres insiste en que, además de Urdangarin y doña Cristina, en la junta de Nóos estaba presente el asesor de las infantas, Carlos García Revenga. “Si se contaba con tan alto valido, ¿cómo iba a poder sospecharse ni remotamente, que algo de anómalo pudiera estar llevándose a cabo?” “¿Cómo se puede pretender que a ojos de mis defendidos pudiera existir atisbo de duda alguna acerca de la bondad de cuanto se operaba?”, remacha González Peeters.
¿QUIÉN SE VA A COMER ESTE MARRÓN?¿NADIE?

EN ESTE PAIS SÓLO SE QUEDAN LOS VIEJOS PORQUE NO SE PUEDEN MARCHAR

La salida de inmigrantes reduce la población en España por segundo año

Un total de 547.890 personas se van del país en 2013 de las que 79.306 eran españolas.

España ha perdido habitantes por segundo año consecutivo desde que existen datos anuales (1971). Uno de los motivos principales de esta bajada se encuentra en la caída del número de extranjeros. Un total de 547.890 personas se marcharon al extranjero durante el año pasado, de las que 79.306 eran de nacionalidad española, según la Estadística de Migraciones difundida este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Así, a lo largo de 2013 la cifra de extranjeros se redujo un 7,8% hasta las 4.676.022 personas, debido al efecto combinado de la emigración y de la adquisición de nacionalidad española.
El saldo migratorio, es decir, la diferencia entre quienes llegan a España y quienes se marchan, fue negativo con 256.849 personas —llegaron 291.041 procedentes del extranjero y se marcharon 547.890—, una cifra un 80,2% superior a la de un año antes y que estuvo basada en el descenso del 4,3% de la inmigración y el aumento del 22,7% de la emigración.
Aunque todas las nacionalidades registraron saldos migratorios negativos, las mayores reducciones en términos relativos se produjeron en la comunidad peruana (perdieron al 23,76% de sus habitantes), colombiana (un 22,75%), boliviana (un 22,22%), ecuatoriana (20,96%) y argentina (15,20%).
Esto, junto a un saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) de 36.719 personas, hizo que se intensificara el ritmo de la caída de la población ya apuntada en 2012, cuando la cifra de habitantes se redujo un 0,19%, frente al 0,47% de 2013. El tamaño del país está así menguando desde que al cierre de 2011 alcanzase su punto álgido: 46.818.216 habitantes, el número más alto de la década. Actualmente, la población residente en España se sitúa en 46.507.760 habitantes, es decir un 0,4% y 220.130 personas menos que a comienzos de 2013.
Las salidas y el proceso de nacionalización, por el que 230.581 extranjeros se convirtieron en españoles el año pasado, dejaron al cierre del mes de diciembre una reducción global de la población foránea en España del 7,82%, es decir, 4.676.022 ciudadanos de terceros países.
COMENTARIO:
Debe ser una nueva forma de mejorar frente a Bruselas. Si mantengo el PIB pero bajo la población, entonces aumento el PIB por habitante. Y así lo puedo sacar como una nueva mejoría por las políticas del PP. ¿Qué no se lo creen? Espérense a las próximas elecciones, seguro que sacan este dato a pasear. Y, además, la emigración española no es la de antaño sino la de los que sí que pueden irse del país a ofrecer su trabajo en el extranjero
 

 

ALEMANIA EXPLOTA A TRABAJADORES ESPAÑOLES

Los organizadores del Grupo de Acción Sindical junto a trabajadores en Berlín

Trabajadores españoles en Alemania se organizan contra las injusticias laborales

Un grupo formado por jóvenes españoles en Berlín defiende a los emigrantes explotados en sus trabajos y les pone en contacto con sindicatos.

Es una escena muy habitual en estos años en los que la crisis ha empujado a muchos al exilio económico. Un grupo de jóvenes españoles se reúne en un bar de una ciudad europea o de otra parte del mundo. Pero los veinteañeros y treintañeros que el pasado miércoles tomaban una cerveza en el barrio berlinés de Kreuzberg no solo tienen en común el haber dejado un país en el que más de la mitad de los menores de 25 años está en paro. Ellos también se fueron de España forzados por la crisis, pero ahora se han organizado para ayudar a aquellos que emigraron más tarde y que, una vez llegados al paraíso alemán,se encontraron con trabajos abusivos o sueldos sensiblemente inferiores a los que reciben los empleados locales. De la nada crearon el Grupo de Acción Sindical (GAS), una plataforma pensada para servir de conexión entre los trabajadores que sufren abusos en el país al que acaban de llegar y los sindicatos alemanes.
Enfermeras que cobran la mitad que sus compañeras alemanas y a las que no les dejan hacer pausas en jornadas de 12 horas, trabajadores de innovadoras empresas que pagan 300 euros por una jornada completa... Son situaciones con las que se encontraban los jóvenes ligados al movimiento 15-M que montaron en septiembre del año pasado una asesoría para los españoles llegados a Berlín. Una “oficina precaria”, como ellos la denominan, pensada para dar información sobre los pasos necesarios para darse de alta en el Ayuntamiento u otros trámites burocráticos detectó de repente unas necesidades con las que no habían contado. De ahí nació el pasado mes de febrero el GAS.
“Queremos que la gente se organice en sus trabajos. Indagar para ver quién es susceptible de hacer acción sindical en grupos que hasta ahora no había ningún tipo de comité de empresa”, explica Miguel Sanz, ambientólogo de 34 años. Llevan solo cuatro meses en acción y ya han visto resultados. Se han puesto en contacto con ellos empleados de seis empresas, pero solo en dos han logrado involucrar a la plantilla en defensa de unos intereses comunes. “Las otras cuatro eran demasiado pequeñas. Start-ups en las que la gente no se atreve a movilizarse”, explica otro compañero. En las enfermeras han encontrado un colectivo dispuesto a dar el paso de organizarse.
“Acudimos a ellos porque no podíamos tolerar que a nosotros nos pagaran 9,5 euros la hora, mientras que un empleado alemán puede llegar a cobrar hasta 15. Y si dejamos la empresa antes del año y medio que estipula el contrato nos obligan a pagar una multa que puede llegar hasta 6.600 euros”, explica Natalia Silva, enfermera que acudió a este grupo que trabaja de forma altruista y se financia con las contribuciones individuales o con actos como “fiestas solidarias”.
Los activistas aseguran que la reacción del sindicato Verdi, el segundo mayor del país, ha sido muy positiva. Las dos organizaciones han editado de forma conjunta folletos en castellano en los que reclaman, entre otras cosas, un mismo salario “por el mismo trabajo y la misma cualificación” y acabar con la multa que ata a los enfermeros a la empresa. “Los sindicalistas con los que hemos contactado nos decían que llevaban años tratando de penetrar en estos colectivos, pero que por algún motivo no lo habían conseguido. Quizá es porque los trabajadores con problemas no nos perciben como los burócratas del sindicalismo que solo buscan afiliados”, añade Sanz, que insiste en que lo que hacen ahora no podría entenderse sin la ola movilizadora que supuso para todos ellos el movimiento 15-M. La organización de los trabajadores extranjeros, explican los impulsores de la iniciativa, interesa también a los alemanes, que muchas veces ven cómo las empresas les niegan mejoras sociales con el argumento de que siempre hay españoles, portugueses o griegos dispuestos a hacer el mismo trabajo a cambio de menos. Esta situación ha aumentado la tensión entre trabajadores locales y extranjeros, generando en algunos casos algo muy parecido a la xenofobia, según denuncian los activistas.
De los 2,3 millones de extranjeros registrados como trabajadores en Alemania, España aportó el año pasado 48.546, por detrás de otros 12 países europeos. La cifra ha aumentado en los últimos años, y con ella las situaciones que en muchos casos no violan la ley, pero constituyen abusos que podrían aliviarse. Los impulsores de la iniciativa aseguran que solo acaba de empezar y confían en que se reproduzca en otros lugares y sectores. ¿Cuál será el siguiente? “No lo sé. Pero en Londres hay una situación muy parecida. Quizás ahí también surja algo”, responden.

Tras la protesta, la empresa cancela el programa


“Lamentablemente, debemos informarles de que con efecto inmediato damos por finalizado nuestro programa para personal de enfermería a nivel europeo Work & Travel Europe. Esta decisión no ha sido fácil, pero una serie de actuaciones en los últimos tiempos no nos han dejado otra opción”. Así encabezaba a mediados del mes de junio la empresa GIP una carta en la que, ante “las acusaciones y recriminaciones” que han recibido daban por concluido la iniciativa con la que más de 100 enfermeros españoles y griegos han encontrado un puesto de trabajo en Alemania.
Algunos de los participantes en el programa se habían puesto en contacto con los impulsores del Grupo de Acción Sindical de Berlín para denunciar lo que consideraban abusos y discriminaciones ante los trabajadores alemanes. Natalia Sierra, una de las enfermeras españolas, denuncia que cobran sueldos sensiblemente inferiores, que trabajan jornadas de 12 horas sin derecho a descanso y que les obligan a terminar el contrato que habían firmado por año y medio bajo amenaza de una multa de hasta 6.600 euros. “La empresa ha cancelado el programa acusándonos de haber protestado demasiado”, asegura rodeada de los activistas que le han proporcionado asesoría y le han puesto en contacto con el sindicato alemán Verdi.
El folleto editado de forma conjunta por Verdi, el Grupo de Acción Sindical y el movimiento 15-M de Berlín reclama a la empresa el mismo salario por el mismo trabajo y la misma cualificación, acabar con los contratos que obligan a permanecer en la compañía, clarificar el sistema de asignación de plazas en distintos lugares de Alemania, que las horas de trabajo que realizan los empleados no se reduzcan cuando haya menos pacientes, el pago del sueldo en caso de enfermedad y el derecho a las pausas en la jornada laboral.
La movilización sindical no ha logrado aún ninguna de sus reclamaciones. Pero los activistas consideran un éxito el haber involucrado a unos trabajadores que antes aceptaban unas condiciones abusivas sin rechistar.
COMENTARO:
La locomotora económica es una tirana.Si has nacido español, sin dinero, sin padre que te asista, si no encuentras trabajo y tienes que emigrar, tú también eres África, aunque tenga la piel más clara. Los africanos no tienen fronteras está en todas partes se les conoce por su marginación y por haber sido desechados de todos los ámbitos. Al mundo organizado le interesa la cara bonita, no penetra más allá de la cáscara, nadie se atreve a destapar la manta porque sabe que si lo hace, el horror compatibiliza con los desequilibrios.

EL FRAUDE EN CURSOS DE FORMACIÓN MAYOR QUE LOS ERES

La Guardia Civil durante uno de los registros efectuados en la Operación Cirene.

El fraude de los cursos de formación andaluces apunta a dos exconsejeros

La investigación se cierne sobre los últimos titulares de Trabajo andaluces.

“Si vosotros creéis que aquí hay fraude, id a formación”. En pleno estallido del caso de los ERE, las palabras del cabecilla de la trama y ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero cobraron pleno sentido para los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Llevaban tiempo siguiendo los pasos del exsindicalista de UGT de Jaén Juan Lanzas y habían descubierto que no solo era una suerte de conseguidor de dinero de los ERE; también conseguía dinero de cursos de formación para todo tipo de entidades.
La Unidad de Delincuencia Económica de la UCO abrió con toda esta información la denominada Operación Cirene, donde se indaga un fraude masivo de dinero público con cargo a formación y que es “superior al de los ERE”, según fuentes de una compleja investigación que ahora desarrollan dos juzgados de Sevilla, los de instrucción 9 y 6 (este último dirigido por la juez Mercedes Alaya, instructora de los ERE). Los investigadores estiman que puede alcanzar los 800 millones de euros, aunque aún es muy pronto para dar cifras definitivas.
El sumario, por delitos de falsedad y contra la Administración publica, se nutre de testimonios, correos electrónicos y abundante prueba documental intervenida en una decena de registros en Sevilla y otras ciudades.
Las pesquisas judiciales sobre este fraude no solo implican a fundaciones, sociedades, Ayuntamientos o sindicatos (especialmente a UGT de Andalucía) que han recibido dinero público y no han justifico su destino; también apuntan a ex altos cargos de la Consejería de Empleo del Gobierno socialista andaluz. Entre los investigados se hallan los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Antonio Ávila. Este último, además, fue presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Y quien firmó una resolución oficial, el 11 de diciembre de 2012, que exoneraba a unas 1.700 entidades andaluzas de tener que justificar qué habían hecho con el dinero que durante años recibieron para cursos de formación. Fernández figura, además, como uno de los principales implicados en el caso de los ERE, y se haya en libertad bajo fianza tras haber estado preso por este asunto.
La juez Alaya tiene abiertas diligencias por este fraude (diferentes de las de los ERE) en las que investiga si estos ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre otros, cometieron malversación de caudales públicos con el dinero de los fondos de formación y por no controlarlo. La patronal andaluza, que también recibió subvenciones con cargo a la formación, también es objeto de las pesquisas.
Este dinero procedía de tres fuentes: Europa, Gobierno central y Junta de Andalucía. Todos los años, y desde hace 12, libraban dinero para formar a trabajadores. Y, en concreto la Junta, como encargada de distribuir ese dinero, tenía la obligación normativa, según fuentes de la investigación, de controlar que los adjudicatarios del dinero lo emplearan en el fin legal: formación. Legalmente, tampoco podía dar ninguna otra subvención a cualquier firma que no hubiese justificado las aportaciones recibidas con anterioridad.
La documentación judicial acumula ya pruebas de que, incumplimiendo la estricta normativa europea, en 2012, se distribuyeron decenas de millones de euros entre unas 1.700 entidades (Ayuntamientos, fundaciones, sindicatos, empresas y asociaciones) tras perdonarles la Junta el que no hubieran justificado entregas anteriores. La resolución del Servicio Andaluz de Empleo que exonera a estas entidades de justificar lo percibido, que consta en el sumario, la firma el exconsejero y presidente de este organismo Antonio Ávila. Tiene fecha del 11 de diciembre de 2012 y fundamenta la medida en el “interés social”, y en la necesidad de aportar medios a esas sociedades para que pudieran financiar deudas con sus proveedores.
Las pesquisas sobre este fraude apuntan, como en el caso de los ERE, a una supuesta trama criminal que, por ejemplo, ha permitido a UGT de Andalucía financiarse ilegalmente “de forma sistemática y año tras año” con parte del dinero que recibió de la Junta (en torno a 1,4 millones) de los fondos públicos para formación.
Según las pesquisas, UGT de Andalucía, en connivencia con empresarios afines, estableció supuestamente una caja b opaca al fisco que se nutría de estos cursos, merced a cientos de facturas falsas sobre compras inexistentes. El sindicato endosaba a la Junta facturas de esas falsas compras de formación y se quedaba el dinero para viajes de sus miembros, comilonas y otros gastos.
En el registro efectuado por la UCO a su sede, los agentes hallaron una aplicación informática específica para la caja b, interconectada con las cajas también paralelas de las firmas que se prestaban a hacer las falsas facturas. Era el llamado bote, nutrido de dinero de las arcas públicas, de formación. La junta pagaba las facturas sin comprobar que el dinero se había destinado a su fin legal, como era su obligación.
La detención la semana pasada de 16 personas en Sevilla, Jaén y Madrid, entre ellas el tesorero de UGT Andalucía, se enmarca en las diligencias sobre la financiación ilegal de este sindicato. Pero las pesquisas de la UCO van más allá de las presuntas prácticas supuestamente fraudulentas de UGT. La investigación de las facturas falsas de UGT lo lleva el juzgado 9 de Sevilla, y el 6 la parte que atañe al papel de la Junta de Andalucía en la adjudicación y falta de control de los cursos.
Aunque existe la convicción de que el fraude de formación se extiende a muchas autonomías, de momento se centran en los cursos no justificados (centenares de millones debe euros) por parte de unas 1.700 entidades andaluzas. La policía lleva en Málaga un apéndice de este fraude, a raíz de una denuncia de la Seguridad Social sobre una empresa que recibió dinero de formación a cambio de contratar durante unos meses a varios trabajadores. Y no lo había hecho.
COMENTARIO:
Hace años, muchos años, un buen amigo formalizó un contrato con la mayor federación de trabajadores de UGT: la FSP-Andalucía, que afilia a los empleados públicos. Dicho contrato era para impartir como profesor un curso de formación de 40 horas. El curso se celebró. Y el trabajo se hizo. Pero un dato llamó la atención de este profesor. EL contrato lo firmaba como empleador la Fundación Social para el Progreso de Andalucía. O sea, las siglas FSPA, las mismas de la federación de servicios públicos de Andalucía (FSPA) . ¿curioso? ¿coincidencia?...esto fue hace muchos años...desde entonces acá.......tiren, tiren......
 Criticando a los Políticos, pero en los Sindicatos no DIMITE, ni la madre que los pario. Como los Jueces, no sean contundentes y menos lentos, se puede organizar una rebelión popular. Lamentablemente, este es el camino que esta marcando la CORRUPCION A TODOS LOS NIVELES. Entiéndase "A TODOS LOS NIVELES

TRABAJADORES SOMETIDOS AL SILENCIO Y ESCLAVITUD ESO ES LO QUE SE PRETENDE

Raúl Fernández, José Alcázar, Gerónimo Martín, Tomás García y Rodolfo Malo, delante de la sede de Airbus en Getafe

Las causas contra huelguistas suman peticiones de cárcel por 120 años

Cerca de 300 trabajadores se enfrentan a prisión y multas tras participar en huelgas

Los sindicatos creen que es una estrategia represiva para criminalizar las protestas.

A Katiana Vicens, secretaria general de CC OO en Baleares, el fiscal le pide cuatro años y medio de cárcel. Durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 subió a un autobús urbano, según consta en el escrito de acusación, “con ánimo de menoscabar la propiedad ajena y de sumar a la huelga al trabajador que cumplía los servicios mínimos”. Ella admite que entró en el autobús, acompañada de un policía: “Para informar”. Pero niega que el incidente acabara con una luna del autocar rota. El fiscal, a raíz de la denuncia del conductor del vehículo, asegura que Vicens increpó al empleado diciéndole “deja de trabajar”, “esquirol”, al tiempo que arrancaba el cartel de servicios mínimos y golpeaba “la luna delantera hasta fracturarla”. El ministerio público le reclama además una multa de 24 meses a razón de 18 euros al día (unos 13.000 euros) y 1.979 euros por la luna rota.
“No tengo intención de llegar a un acuerdo. No he hecho nada. Y si tengo que acabar en prisión, lo haré”, explica al otro lado del teléfono Vicens. Dice que está tranquila y defiende que su causa, como otras 81 abiertas en toda España contra 260 afiliados a Comisiones o UGT, responden a la intención del Gobierno de criminalizar la huelga. La fiscalía pide cárcel para otros once afiliados a CGT y para otros tantos del sindicato gallego CIG. Además, se han dictado condenas de más de dos años de prisión a personas que no están vinculadas con ninguna central. De forma agregada, según los cálculos de los sindicatos, los fiscales piden 120 años. Y la cifra puede subir cuando se concreten acusaciones pendientes.
Ni Tamara Vidal ni Ana Outerelo pertenecen a ningún sindicato. Se sumaron a una movilización sectorial convocada a principios de 2010 para que los trabajadores de las piscinas públicas de varias ciudades gallegas tuviesen un convenio colectivo común. Fue un conflicto laboral breve, que se resolvió en apenas dos meses, pero que a estas dos profesoras de gimnasia les ha arruinado como mínimo cuatro años de su vida. El ocho de febrero de ese año formaron parte de un grupo de unas 50 personas que, saltándose la oposición del gerente a empujones, entró en uno de los complejos afectados en Pontevedra al grito de “esquiroles”. Los manifestantes arrojaron pintura de color rojo y jabón líquido al agua de las piscinas y a las gradas. El gerente denunció los hechos y solo tres personas del grupo fueron identificadas. Tamara, porque había trabajado allí y la conocían; Ana, porque reconoció que había estado con sus compañeros y una tercera afectada, que alegó que había llegado tarde y evitó el castigo.
La sentencia no consideró siquiera probado que fuesen ellas las que efectivamente dieron el empellón —el afectado culpó a un hombre— o vertieron los botes. Pero como estaban en el grupo, y la juez entendió que se produjo coacción, les cayeron seis meses de cárcel. Tras su apelación, la Audiencia Provincial de Pontevedra elevó posteriormente la pena por el mismo delito imputado a tres años y un día de prisión alegando que la magistrada de Vigo se había equivocado.
La sentencia, que ya es firme, se dictó hace dos meses y desde entonces las movilizaciones en apoyo a las dos mujeres no han cesado. Decenas de miles de firmas de los vecinos, manifestaciones periódicas, mociones unánimes clamando por el indulto tanto en el pleno municipal como en el Parlamento gallego y finalmente la aquiescencia de la fiscalía, que ahora también recomienda el perdón. De momento están a la espera de lo que suceda con su petición de indulto.
Tamara Vidal y Ana Outerelo. / Lalo R. Villar
Desde el ámbito judicial se lamenta la severidad del artículo 315.3 del Código Penal, que marca un castigo de hasta tres años de prisión para quien, “actuando en grupo, o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Desde la Fiscalía General del Estado no se ha dado, según fuentes consultadas, ninguna instrucción particular para seguir al dedillo el Código Penal en estos casos. “Somos conscientes de que hay una alarma social, pero es un problema de la legislación”, razona desde la Unión Progresista de Fiscales Álvaro Ortiz. “En absoluto es una acción coordinada de los fiscales, los procedimientos distan varios años unos de otros”, añade, y recuerda que en el pasado se han dado casos. Pero la repentina severidad con que fiscales de todo el país están actuando escama en las organizaciones sindicales.
Cándido Méndez, secretario general de UGT, denuncia que el Ministerio Público pide 120 años de cárcel en 13 de las 17 comunidades autónomas. “Durante 35 años se ha producido una interpretación constitucional correcta del derecho de huelga y ahora hay un desequilibrio a favor del Código Penal y en perjuicio de los trabajadores”, asegura. Para Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, se trata de un ataque “sin precedentes” a este derecho fundamental. Una forma de “ejemplarizar, de meter miedo, de desanimar”, añade, que se traduce en “actuaciones que buscan cambiar el derecho de huelga de facto”.
El artículo 315 del código penal al que se están agarrando las acusaciones está pensado para castigar a quien “impidiere o limitare el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”, por eso Toxo destaca lo para él es sarcástico: “El derecho al trabajo se vulnera a diario en este país y no precisamente por sindicalistas”.
CC OO y UGT han lanzado una ofensiva en la calle y en los despachos. El martes hay una concentración en Madrid, que se repetirá por toda España el 9 de julio. Ya han pedido una entrevista con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar los casos. También han enviado una carta a la fiscalía denunciando las actuaciones penales. Por ahora no tienen respuesta.
Por vulnerar el derecho al trabajo quieren castigar a Rubén Ranz, de 39 años, y a José Manuel N., que formaban parte de un numeroso piquete que participó en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Ambos son afiliados y cargos orgánicos de UGT y habían acudido a las doce de la noche a Mercamadrid. Sobre las cuatro de la madrugada volvieron a la sede del sindicato para comer algo y organizar un piquete que actuaría por el centro de Madrid. “Llegamos hasta la Gran Vía, por la zona de los hoteles de cinco estrellas, con la intención de hacer ruido. No queríamos que los especuladores y los banqueros, culpables de la crisis, durmieran esa noche tranquilos”. Pero cerca del Hotel Ritz la cosa se complicó. Uno de sus compañeros dejó pasquines en la puerta de un bar y se generó una bronca. “Detrás teníamos dos lecheras de antidisturbios. Comenzó una carga policial que pilló de lleno a su compañero José Manuel. “Les dije: ‘cómo os vais a llevar al mayor [porque tiene más de 60 años]’ y empezaron conmigo, soltando palos en mi espalda. Como no me dejé caer me dieron más golpes que sonaban como huecos”. Horas después estaban en el calabozo de la comisaría de Moratalaz.
En la celda coincidieron con otros detenidos, como el actor Willy Toledo. Ahora esperan juicio: el fiscal pide siete años de prisión para cada uno por vulnerar el derecho de los trabajadores, lesiones y atentado a la autoridad. “El fiscal, que solicitó prisión provisional porque dijo que yo podría fugarme, ni me miró a la cara cuando solicitó al juez esa barbaridad”. Rubén contrapone a su caso al de los dueños de una panadería en Valencia, que abandonaron a un inmigrante sin contrato a 200 metros del hospital después de que una máquina le cortase un brazo. Los han sentenciado a 11 meses y 29 días.
El abogado de UGT que lleva el caso de Rubén Ranz, Bernardo García, admite que en su trayectoria profesional de varias décadas nunca había visto una actuación tan desmesurada de la fiscalía. “El fenómeno tiene un sesgo claramente criminalizador”, reflexiona.
Otros ocho trabajadores de Airbus en Madrid se enfrentan a 64 años de cárcel por unos hechos parecidos. Uno de ellos, José Alcázar, tiene 63 años y está prejubilado. En septiembre de 2010 participó en la huelga contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: “Los ocho estábamos en una de las puertas de entrada a la fábrica. En cuanto llegamos me identifiqué ante los antidisturbios como máximo responsable del comité”. Eran las seis de la mañana. “Me sorprendió la cantidad de policía que había. Los vi bastante nerviosos, no me gustó. En un momento dado aquello se desmadró porque un trabajador quiso entrar en la planta. Cargaron contra nosotros, éramos como unas 400 personas, cargaron contra todos”.
La cosa se lio y un policía sacó su arma. “Dio siete disparos al aire. Traté de impedir que la cosa fuera a más, intenté que se calmaran. Reclamé la presencia de alguien de Airbus”, relata Alcázar. Cree que su actitud de identificarse desde el principio es muy significativa: “Si te identificas no lo haces para montar bronca”. Al día siguiente recibió una llamada de su mujer. La policía había ido a buscarlo a casa. “Fui acompañado por otros dos compañeros a los juzgados. Nos metieron a los tres en el calabozo”. El juez finalmente imputó a los ocho que esa madrugada habían pasado por la enfermería de la empresa. “Qué casualidad, los ocho estábamos en la lista de las últimas elecciones sindicales [siete de CC OO y uno de UGT]”. En abril de 2012, dos años después, se celebró una rueda de reconocimiento. Tuvieron que pasar otros dos años hasta que, el pasado febrero recibieron el escrito de acusación: el fiscal solicita 8 años y tres meses para cada uno. “Los peligrosos somos nosotros, los sindicalistas”, ironiza Alcázar. La multa, de 31.700 euros, la pagaron al día siguiente bajo la amenaza de embargo. Su abogado está intentando conseguir la anulación por defectos de forma. “No se conocía un caso así desde el franquismo. Tú te acuestas y te preguntas... ¿y si me pasa algo? Si la sociedad permite eso ya no sé... si nosotros hubiésemos cometido un atropello enorme... pero no, hice lo que debía y volvería a hacerlo, era mi obligación”. El juicio tardará otros dos años. “¿Cárcel? No quiero ni pensar en eso”.
Quien sí está a punto de ingresar en prisión son Carlos Cano y Carmen Bajo, condenados a tres años por su actuación como piquetes del 15-M durante la huelga general de marzo de 2012. La pena, dictada en mayo de 2013 por el juzgado de lo Penal 1 de Granada ha sido ratificada por la Audiencia Provincial, por lo que ya se ha ordenado su ejecución.
Acusados de amenazas, pintadas y destrozos, ambos fueron identificados en un piquete estaba compuesto por unas 40 personas más. El grupo jurídico que les presta apoyo ha presentado un incidente de nulidad de las actuaciones, aunque no descartan solicitar el indulto como último recurso. De momento, Carmen Bajo, en paro, ha conseguido aplazar su ingreso en prisión un mes más. Carlos, estudiante de medicina, no.
Con información de Víctor Honorato y Valme Cortés. 

El indulto como último recurso

Carlos Rivas y Serafín Rodríguez fueron condenados por un juzgado vigués en mayo de 2011 a tres años de cárcel por "impedir a un grupo de trabajadores acudir a su puesto de trabajo lanzándoles objetos al vehículo en el que se encontraban", durante una huelga de transportes en el año 2008.
El Consejo de Ministros desestimó el año pasado su petición de indulto pese a que venía respaldada por 25.000 firmas y el apoyo explícito del Ayuntamiento de Vigo, la Diputación de Pontevedra y el Parlamento de Galicia. Tanto el tribunal que los sentenció como el fiscal habían redactado informes contrarios a la medida de gracia. Ahora cruzan los dedos para que salga adelante una nueva petición de indulto alegando que, seis años después de que se cometiesen los hechos, sería "rotundamente perjudicial" para ambos entrar en prisión teniendo que abandonar sus empleos.
Muy cerca cerca de Vigo, en Pontevedra, Tamara Vidal y Ana María González esperan que prospere el suyo. Fuentes del Ministerio de Justicia confirman que tienen su solicitud y que la han enviado al tribunal que las sentenció para que elabore sus informes. "Un país que permite que sucedan estas cosas está arruinado", reflexiona otro trabajador en proceso judicial.
Esta vía también es la única esperanza para Carmen Bajo y Carlos Cano. Si no se lo conceden, pasarán tres años en la cárcel por formar parte de un piquete, causar daños en un bar por un importe de 700 euros y proferir amenazas contra la propietaria. El juez ha rechazado suspender la ejecución de la pena mientras el Ministerio lo tramita y solo ha prorrogado la entrada en prisión de Carmen hasta el 31 de julio. Carlos ingresará en cualquier momento.
COMENTARIO:
Cuando la ley (sus enunciados y sus aplicaciones) chocan con una parte significativa de los ciudadanos, el sistema no sirve a la sociedad. Son ya demasiados ejemplos para no tenerlo en cuenta. Estos son los signos de que el cambio está más cerca, con sus incertidumbres y sus esperanzas.

domingo, 29 de junio de 2014

NADIE REGALA NADA Y MENOS UN CHINO SUPERCAPITALISTA

Wang Jianlin, presidente de la inmobiliaria china Wanda Group, en su oficina de Pekín

El flechazo español de Wang Jianlin

El hombre más rico de China compró el edificio España de Madrid de un día para otro. Nació pobre, fue soldado y quiere conquistar el mundo.

"Tienes que verlo”, le dijo el presidente del Atlético de Madrid al magnate chino saltándose el protocolo. Wang Jianlin llegó con intención de invertir y Enrique Cerezo estaba harto de ver vacío el edificio España, un imponente rascacielos neobarroco levantado en 1953, que fue, brevemente, el más alto de Europa.
Cerezo y Wang estaban cenando en el Teatro Real con el presidente de la Comunidad de Madrid y el de la patronal madrileña. Tras los postres, la comitiva oriental fue conducida hasta los pies de la mole de 25 plantas. Hubo flechazo. El hombre más rico de China tomó la decisión allí mismo: me lo compro. Al día siguiente sus ejecutivos estaban con los del Banco Santander, que llevaban años intentando colocar estos 68.000 metros cuadrados, comprados a Metrovacesa en plena burbuja (2005) por 389 millones. El chino pagó 265. Pimpampum. Así suena la conquista global.
Con 59 años, Wang —que amasa una fortuna de 10.500 millones, según Forbes describe su empresa, Wanda Group, como “un elefante haciendo un sprint”. Una inmobiliaria convertida en una gigantesca corporación que lleva ocho años creciendo un 30% y desde hace dos compitiendo en el extranjero. “Nuestro modelo es comprar rápido, trabajar duro y acabar pronto”, ha declarado su líder. De pie en la Gran Vía demostró que al menos lo primero es cierto.
“Sabe lo que quiere”, “no marea”, “es muy cumplidor”, “no se relaja”, “quiere ser el número uno”, dicen de él diversas fuentes con las que tuvo contacto durante su viaje exprés a España del 8 al 12 de marzo. “Va a por todas, pero no entra en todo lo que se le ofrece”. Dicen y cuentan que Florentino Pérez le ofreció poner su nombre al Bernabéu por un puñado de millones. No cuajó, a Wang no le va la fama, sino el efectivo. Todas las fuentes que hablan de él piden no ser identificadas, porque el propio Wang, dicen, “es muy discreto”. E importante: “En China la gente se le cuadra”.
Los números de Wanda Group impresionan: es la mayor propietaria de suelo en China, con 166 centros comerciales, 55 hoteles de cinco estrellas, parques temáticos, estudios de cine, medios de comunicación... Fuera de China está comprando a lo grande. En 2012 adquirió la cadena estadounidense de salas cinematográficas AMC, convirtiéndose en el mayor exhibidor del mundo (527 cines, 6.247 pantallas). En Londres prepara la torre residencial más alta de Europa a orillas del Támesis. El plan es que para 2020 la empresa ingrese 100.000 millones de dólares, al nivel de Amazon, Nestlé o Carrefour, y se coloque entre las 100 más grandes del mundo.
“Wanda crece a una velocidad vertiginosa, es muy exigente con sus empleados, pero paga bien, y tiene fama de funcionar como una máquina”, dice Rupert Hoogewerf, director de Hurun Report, que elabora la lista de los chinos más ricos. “Wang quiere ser el número uno en todo lo que hace”, añade el experto por correo electrónico. “Su ambición es dejar una huella global”.
España está en el tablero. Wang Jianlin encabeza una tendencia: en todo 2013 los inversores asiáticos gastaron 50 millones de euros en España; solo en el primer semestre de 2014, ya llevan invertidos 368 millones. Aunque la visita de Wang era en principio para visitar a los 60 niños chinos que el Proyecto Wanda tiene becados en las academias del Atlético de Madrid, el Valencia y el Villareal, fueron cuatro días con agenda de jefe de Estado. Dos de ellos ni siquiera cenó; no hubo tiempo. Además de repartir orgullosas palmaditas e interesarse por lo que comían y cómo entrenaban los niños de los tres clubes, vio dos partidos de fútbol, comió paella y jamón, y disfrutó de un espectáculo flamenco. El Valencia le agasajó con un tifo con su logo y el presidente del Villareal, Fernando Roig (dueño de la cerámica Pamesa y del 11% de Mercadona), le regaló un cuadro de su esposa, Elena Negueroles, en el que aparece un caballo alado amarillo con una estrella roja en la cabeza.
Visita de Wang Jianlin a las instalaciones del Villareal en Castellón. / www.villarrealcf.es
A pesar de su seriedad a la hora de hacer negocios, Wang cantó durante la cena en el Mestalla una canción sobre una española bonita que los comensales no consiguieron identificar. Y cuentan que la costa valenciana le recordó a Dalian, la ciudad costera del noroeste chino donde comenzó su carrera. En Madrid se reunió con la alcaldesa, Ana Botella, y con Florentino Pérez. Llego un sábado, se fue un miércoles. Y de paso, se compró un edificio de 117 metros de alto. Una semana después, Ignacio González, presidente de la Comunidad, anunciaba la venta del edificio España, aunque el Santander no lo confirmó hasta más de dos meses después. Ni el banco ni los abogados de Wang en España (Freshfields) ofrecen más detalles del proyecto.
Como buen magnate, Wang tiene ya su leyenda. Nació en una remota zona de Szenchuan, el mayor de cinco hermanos hijos de un soldado del Ejército Rojo. “Sufríamos para poder comer”, repite en las entrevistas. A los 16 se alistó y pasó otros 16 años de soldado en plena Guerra Fría. Era un treintañero cuando se graduó en la universidad a distancia y se quebró su sueño de llegar a general. El partido redujo el Ejército en un millón de hombres y Wang se convirtió en un funcionario de Dalian.
Con dinero prestado de un antiguo camarada, la determinación y perseverancia aprendidas en el Ejército y sus contactos de funcionario, a finales de los ochenta se hizo con una inmobiliaria en quiebra, reformó los suburbios marginales y comenzó a construir un emporio al servicio de la nueva China. Ambición y oportunidad. Siguiendo el lento aperturismo del país fue proveyendo a las clases medias de lo que necesitaban: primero apartamentos, luego oficinas, luego centros comerciales, luego cines, ocio, turismo… Un selfmade man que encarna el sueño americano con carné del Partido Comunista, al que pertenece desde los 22 años. Un patriota. Su lema: “Trabajar cerca del Gobierno, pero lejos de la política”. Por ello se jacta de no ceder nunca a los sobornos, aunque su relación con el condenado a cadena perpetua por corrupción Bo Xilai, que era alcalde de Dalian cuando Wang empezaba, ha despertado algunas suspicacias.
Wang maneja su empresa con rigor militar. Llega a las 7.20 y sale tarde. Tiene solo una semana de vacaciones. Centraliza todo el poder en sus oficinas de Pekín, haciendo rotar a los directores regionales para que no se acomoden demasiado en sus sillones. Supervisa personalmente los proyectos e impone una férrea disciplina a sus empleados (“todo lo que les pido, lo hago yo primero”, ha dicho). Multa a quien no cumple sus instrucciones. A los que más rinden, les regala un viaje. Cada año la empresa organiza un torneo deportivo y un tour de sensibilización por las zonas más pobres de China. En Wanda es obligatorio leer Las analectas de Confucio y al menos un libro recomendado personalmente por Wang al año (sobre el que luego se hace un concurso de ensayos).
En lo personal, Wang colecciona caligrafía china y arte (su adquisición en Christie’s de un picasso por 20 millones, el doble de lo estimado, levantó muchas cejas el año pasado). Le gusta cantar. Dicen que lo hace bien, con registro de tenor. Cada año actúa junto a otros 400 empleados elegidos en la fiesta de la empresa. En su cadena de karaokes, la mayor de China, interpreta una de las baladas fijas del repertorio.
Y luego está el fútbol. Es un forofo. En los noventa financió el primer club chino, Dalian Wanda, pero huyó desengañado por la corrupción y los partidos amañados. Junto a otro aficionado, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quiere sacar el terrible balompié chino de la segunda división. Gracias al dinero de Wang, la selección china contrató al entrenador José Antonio Camacho en 2011, un fiasco que acabó a los dos años con una derrota 5-1 contra Tailandia. Ahora Wang y Xi prefieren apostar por crear una cantera; de ahí el proyecto con los alevines en España. Es un plan a la larga, como le gusta al empresario: no en vano Wanda viene a significar abundancia y longevidad, y el nombre completo de la empresa es International Wanda Centennial Business, empresa centenaria internacional.
A Wang, un obseso de la planificación y los plazos de entrega, le interesa la carrera de fondo. Él mismo se distancia de otros nuevos millonarios más pegados al carpe diem. “La mayoría de los rusos se hicieron ricos de un día para otro”, dijo en una entrevista el año pasado, “pero los empresarios chinos empezamos desde cero y crecimos paso a paso”. Su referente es Bill Gates, como hombre de negocios y como filántropo (él es el mayor de China, y en 2013 donó 50 millones).
Está casado y tiene un hijo famoso por tener la tecla fácil en las redes sociales chinas, donde se pelea por frivolidades con otros delfines fu’erdai (ricos de segunda generación). Si quiere heredar tendrá que ganarse el respeto de la empresa, ha amenazado el padre en público. Wang no es de mucho capricho, aunque fue uno de los primeros empresarios chinos en comprarse un avión privado y tiene una versión customizada del yate que aparece en la película de James Bond Casino Royale. Tres años después de comprárselo, adquirió el 91,8% de la empresa que lo fabricó, el armador británico Sunseeker, por 400 millones de euros. Un par de veces al año, Wang viaja a París a por trajes de Lanvin. Pero, para comprar en serio, prefiere cosas más grandes.
VENGA A TRABAJAR COMO CHINOS Y DIVERTIRSE COMO  MONJES.

LA AMBICIÓN DE URDANGARÍN MALA CONSEJERA Y LE HIZO PERDER LA CABEZA

Los negocios de Urdangarin empezaron el año que se endeudó con Pedralbes

La suma de salarios del matrimonio (186.000 euros) no alcanzaba para cubrir los cuatro pagos trimestrales de la hipoteca del palacete barcelonés (208.000 euros)

La investigación del caso Nóos ha convertido la vida del matrimonio Urdangarin-Borbón en una gran urna de cristal donde cada uno de los gastos e ingresos de la pareja ha quedado al descubierto. Los negocios ilegales de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, estuvieron ocultos al escrutinio público durante años y afloraron por un hallazgo casual de la Fiscalía de Baleares en 2011. Tirando de aquel hilo —una carpeta que guardaba unos pocos folios de un convenio público con el Instituto Nóos— surgió el escándalo de corrupción que puso bajo sospecha a la Monarquía y está a punto de sentar en el banquillo de los acusados a la hija del rey Juan Carlos y a su marido.
La instrucción judicial del caso Nóos derivó en una investigación a fondo de las finanzas de los duques de Palma: el sumario se llenó con el detalle documentado de los movimientos de sus cuentas corrientes, los apuntes de los gastos de sus tarjetas de crédito, los balances de su empresa particular, los contratos a su personal doméstico, el coste de la reforma de su casa...
Sus declaraciones de la renta durante 10 años se hicieron públicas. El matrimonio llegó a ingresar, en el mejor de sus ejercicios (2009), casi un millón de euros entre la nómina fija de la Infanta en La Caixa más su asignación de la Casa del Rey, y los ingresos de su marido en Telefónica.
La historia de perdición de la pareja arranca en 2004, cuando los duques de Palma deciden cambiar de domicilio. Casados el 4 de octubre de 1997 en la catedral de Santa Eulalia de Barcelona, se instalaron en una vivienda de la Avenida de Pedralbes valorada en 414.000 euros donde vivieron durante siete años, en los que nacieron tres de sus cuatro hijos. Fue entonces, en 2004, cuando decidieron comprarse el palacete de Pedralbes, un complejo de 1.000 metros cuadrados edificables y 2.200 de parcela con tres plantas, siete habitaciones y diez baños. Pagaron 5,8 millones de euros por la propiedad a los que tuvieron que sumar otros tres millones para obras de reforma. La Caixa, entidad en la que trabaja la infanta Cristina, les concedió un crédito de cinco millones a devolver en 30 años con un interés del Euribor más 0,5 puntos. Cada trimestre, el matrimonio tenía que pagar una letra de 52.000 euros.
Urdangarin declaró ese año unos ingresos de 36.000 euros y su mujer algo más de 150.000 por su trabajo en La Caixa. La suma de ambos salarios (186.000 euros) no alcanzaba a pagar los cuatro pagos trimestrales de la hipoteca (208.000 euros). El rey Juan Carlos ayudó a su hija aquel año con un préstamo a devolver de 1,2 millones de euros.
Para entonces, Urdangarin había puesto en marcha un plan empresarial con Diego Torres basado en la organización de eventos para Administraciones públicas o empresas privadas a través del Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro. La imagen del yerno del rey Juan Carlos permitiría abrir muchas puertas para hacer realidad el negocio. Sus primeros clientes aquel año fueron la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, instituciones que acordaron pagar casi un millón de euros a Nóos por organizar un evento de promoción del turismo a través del deporte.
La pareja llegó a ingresar casi un millón de euros en 2009
Del millón facturado, apenas gastaron un 20% en la organización del acto. El resto se desvió a empresas privadas que previamente habían creado el duque de Palma y Diego Torres. Una de ellas, Aizoon, era propiedad de Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, a partes iguales. Esa sociedad, sin apenas actividad en 2003, declaró 261.356 euros de beneficio un año después, suficiente para costear el pago de la hipoteca del palacete. El negocio de Urdangarin creció en 2005 y 2006 con nuevos contratos de la Comunidad Valenciana y Baleares (cinco millones). Pero la curiosidad de la oposición socialista en el Parlamento balear por conocer detalles de esos contratos a dedo alertó a la Casa del Rey de los peligrosos negocios del yerno.
Con el duque en paro, dejaron de abonar el préstamo y la casa está
en venta
Urdangarin tuvo que abandonar aquel proyecto empresarial y encontró, o le buscaron, nuevas fuentes de ingresos en consejos de administración de empresas españolas y extranjeras ajenas a su experiencia profesional —inmobiliarias, tabacaleras, cementeras, industrias de bebidas gaseosas, de armamento...— que le suministraban cuantiosas ganancias. El marido de la Infanta decidió pagar menos impuestos por esos ingresos extraordinarios y facturó sus servicios de asesoramiento a través de su empresa familiar Aizoon para ahorrarse el pago del IRPF. La Agencia Tributaria, algunos años después, descubrió esta treta ilegal. Urdangarin carga desde entonces con una imputación por delito fiscal que el juez del caso Nóos extiende a su esposa, la infanta Cristina.
En 2009, Urdangarin encontró un empleo con nómina fija en Telefónica a razón de 350.000 euros al año que cobró entre 2009 y 2012. Cuando el juez le imputó, Urdangarin perdió el trabajo (marzo de 2013), y la Infanta, su asignación de la Casa del Rey.
La hipoteca sigue viva (3,6 millones), los duques han puesto a la venta el palacete, por 8,9 millones, y Urdangarin está en paro. “Al no tener ingresos actualmente, como es público y notorio, me veo con la imposibilidad de hacer frente a la póliza de crédito. No he podido pagar las dos últimas cuotas trimestrales”, confesó al juez.
COMENTARIO:
SI las instituciones y entidades, no velan para que todos nos comportemos de acuerdo a una normas sociales no escritas, que impidan la codicia, la avaricia y otros asociados, mal vamos a seguir. No parece razonable, que quienes están en posición de dominio con mayor conocimiento y medios, inciten e insten actuaciones de lo peor de los seres humanos. Esto supone, que las instituciones y entidades, también tiene su parte de responsabilidad en los presuntos hechos delictivos que se hayan cometido.

LA JUSTICIA ESPAÑOLA ESTÁ QUE ARDE

Vocales del Poder Judicial piden al fiscal que respete al juez del ‘caso Urdangarin’

Piden al Consejo que reclame al ministerio público respeto y lealtad institucional.

Seis vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han emitido un comunicado en el que respaldan al juez José Castro, instructor del caso Urdangarin, frente a las criticas del fiscal y exigen a la Comisión Permanente de este organismo que, en su reunión del lunes 30 recuerde "a las partes de todo proceso judicial" que mantengan "el respeto y la debida lealtad institucional" en "todas y cada una de sus actuaciones procesales" y "se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de jueces y magistrados". Aunque no lo citan expresamente, el recordatorio va dirigido al fiscal del caso Urdagarin, Pedro Horrach, por el contenido del recurso que ha presentado frente al auto del juez José Castro en el que decide incoar un procedimiento abreviado contra la Infanta Cristina.
Las vocales del Consejo Roser Bach, María Victoria Cinto Lapuente, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda señalan que, en el recurso, el representante del Ministerio Fiscal utiliza expresiones tales como "que el juez toma como base" de la instrucción "el pilar inicial" de la "certeza absoluta" de la culpabilidad de la infancia, y que "el instructor tenía el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación con meras conjeturas, contaminadas, y con delegación de los parámetros de imparcialidad y objetividad y congruencia".
Y también que " el instructor construye una causa al modo de prospección general en una prospección de pesca gratuita e inútil", así como que "criminaliza acciones que por sus circunstancias, características e intensidades son inocuas, desnaturalizado así la jurisdicción y sirviéndose de la misma".
Las vocales firmantes del escrito dirigido a la Comisión Permanente del Consejo indican que no quieren entrar en el fondo de las cuestiones que se resuelven en la resolución judicial y que se debaten en el recurso formulado por el fuiscal. No obstante, señalan, "queremos mostrar nuestra preocupación por las imputaciones que se realizan al juez instructor".
Los firmantes añaden: "Desde la consideración de que todas las partes en el proceso gozan de un amplio margen para discrepar de las resoluciones judiciales, y que el derecho constitucional de Defensa garantiza en todo caso para mostrar el desacuerdo con las mismas de forma contundente, y haciendo uso del derecho a la libertad de expresión, consideramos que las afirmaciones que se realizan por el representante del Ministerio Fiscal y que se han señalado, podrían rebasar su función constitucional en defensa del interés general y exceden de los legítimos márgenes argumentales de los medios jurídicos de impugnación para introducir valoraciones de índole personal susceptibles de desmerecer la confianza de la sociedad en su Juzgados y Tribunales y generar así en la ciudadanía una grave sospecha de falta de imparcialidad en la labor que realizan a diario jueces y magistrados; en suma de minar la confianza pública que debe inspirar en todo momento la actuación del Poder Judicial".
Tras recibir el escrito de estas seis vocales la Comisión Permanente del Consejo ha decidido estudiarlo en la reunión que tiene previsto celebrar mañana lunes.
COMENTARIO:
Es más que evidente que este fiscal, está actuando fuera de su cometido. Lo hace con la princesa, presuntamente corrupta hasta las trancas, y dispuesta a tratarnos a todos de tontos. Recordemos que siempre hay un motivo para que ocurra una actitud así. A no tardar mucho, supongo que sabremos, cual es el motivo para que ocurra esto, pero eso no hará que sigamos sorprendidos de la poca vergüenza que hay que tener para defender lo indefendible porque se trata de la princesa, frente a la indiferencia e incluso saña, que puede llegar a poner la fiscalía en otros casos.