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jueves, 15 de mayo de 2014

TONTO EL ÚLTIMO QUE NO APAÑE

El juez imputa a la diputada del PSC Montserrat Capdevila por malversación

La diputada del PSC cargó a la tarjeta del Parlament viajes privados en AVE a Madrid.

La diputada del Partit dels Socialistes (PSC) Montserrat Capdevila deberá declarar como imputada por malversación de fondos públicos el próximo 28 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a Capdevila por haber utilizado, presuntamente, la tarjeta del Parlament para pagar una decena de viajes de carácter "privado" a Madrid, que nada tenían que ver con sus funciones parlamentarias. En un auto, el magistrado Carlos Ramos ha incoado el procedimiento por la vía del jurado, lo que significa que nueve ciudadanos, elegidos por sorteo, juzgarán a Capdevila.
El magistrado considera que hay "indicios" para pensar que Capdevila cometió un delito de malversación de fondos públicos. El pasado enero, la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado la imputación de la aforada, cuya implicación en los viajes surgió a raíz de la investigación del caso Mercurio, la presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Sabadell que presidía el alcalde, también socialista, Manuel Bustos.
Los pinchazos telefónicos a Bustos revelaron que el exalcalde y Capdevila se alojaban en un mismo hotel de Madrid. Mientras Bustos, también imputado en multitud de piezas del caso Mercurio, se desplazaba como presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, la diputada lo hacía exclusivamente por motivos personales. Capdevila, sin embargo, cargó los gastos de esos viajes en AVE a la tarjeta del Parlament, que permitía a los diputados -mediante un convenio firmado con Renfe- viajar a Madrid por su función parlamentaria. Los 12 viajes bajo sospecha se sucedieron a lo largo de dos años: entre octubre de 2010 y septiembre de 2012, recoge el auto.
Cuando se descubrió el caso, Capdevila rechazó las acusaciones. "Nunca he cometido un acto ilícito en el ámbito de mis responsabilidades", dijo. La diputada afirmó entonces que sentía "repugnancia y asco" ante un "uso torcido de los instrumentos jurídicos del Estado de derecho" que suponen una "intolerable invasión" de su vida personal. Pese a defender su inocencia, la diputada añadió que, en noviembre de 2013, devolvió todo el dinero que había pagado con la tarjeta de viajes del Parlament: 3.229 euros.
EL QUE NO PILLA ES  TONTO DE CAPIROTE

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