El Congreso tramita a partir de hoy el primer recorte efectivo de aparato político del Estado en la historia de la democracia y después de más de cinco años de crisis económica. Las Cortes de Castilla-La Mancha llevan a la Cámara una reforma del estatuto de Autonomía para dejar en casi la mitad el número de parlamentarios regionales (ahora 49), iniciativa inédita que corresponde al compromiso de la presidenta de la Junta, María Dolores de Cospedal. El texto saldrá adelante con los votos del PP frente al rechazo de los grupos de izquierda, los nacionalistas y UPyD.
El Grupo Popular volverá a quedarse solo, en este caso en una reforma de estatuto de signo contrario a las tramitadas en la Cámara en las dos últimas legislaturas, siempre para ampliar y blindar competencias, además de para desarrollar lo que los nacionalistas llamas “estructuras de Estado” dentro del Estado.
El cambio de mayorías en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en Las Cortes permitirá a Cospedal convalidar en el Congreso y en Senado una de las medidas que ha tomado en el parlamento autonómico frente a la cerrada oposición de los socialistas, que califican de “pucherazo” y “atentado contra la democracia” la reducción de la cámara y la supresión de los sueldos fijos de los parlamentarios.
El PP aprovecha que la reforma se puede hacer por mayoría simple (los estatutos blindados exigen que sea cualificada) para que la Cámara autonómica pase de los 47 diputados actuales (que en teoría podrían ser hasta 53) a una horquilla de entre 25 y 35. La cifra final se fijará en una posterior ley autonómica.
Con ese recorte de aparato político, el primero que van a tramitar las Cortes después de tres décadas de impulsar el crecimiento constante de instituciones y organismos en todos los niveles de la Administración, la Junta castellano-manchega espera ahorrar unos 15 millones de euros por legislatura más otros 4,5 millones por la supresión de los sueldos fijos. La mayoría de los parlamentarios cobrará por el sistema de dietas, según su dedicación a las tareas de la Cámara.
La Comunidad que preside Cospedal se ha puesto en cabeza en el Estado autonómico para impulsar medidas que permitan adecuar el tamaño de su aparato político al del presupuesto. El último gobierno socialista de la Junta dejó un déficit en sus cuentas del 7,3 por ciento, por encima incluso del de la Generalitat catalana, la de la Comunidad Valenciana o la Junta de Andalucía. En sólo dos ejercicios, el PP ha reducido ese déficit hasta el 1,5 por ciento exigido por el Ministerio de Hacienda.
El Congreso debate ahora y vota en pleno la reforma propuesta por las Cortes de Castilla-La Mancha. Después de pasar a la Comisión Constitucional irá al Senado y antes de fin de año entrará en vigor. De la Cámara baja saldrá adelante con el apoyo del Grupo Popular frente al rechazo de PSOE, IU y nacionalistas por cuestiones de principios (a favor del crecimiento del Estado en cualquier ámbito). También está en contra UPyD, en su caso por entender que el PP pretende consolidar el bipartidismo y porque tampoco le parece bien al partido de Rosa Díez que los diputados autonómicos carezcan de sueldo fijo.
COMENTARIO:
Fuera el Senado y las autonomías.
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