La Fundación España Constitucional, el club de exministros organizado por el socialista José Bono y el popular Eduardo Zaplana, cobrará una cuota anual de hasta 1.000 euros a todos los exmiembros del Gobierno que quieran formar parte de su patronato, que cuenta, de momento, con cerca de cuarenta personas. Así se decidió ayer en la reunión que mantuvieron los patronos de la fundación en la Casa del Lector de Madrid y en la que varios exministros mostraron su hartazgo con las maniobras de Bono, impulsor y director en la sombra del proyecto, para controlar la deriva de una Fundación que, desde enero, todavía sigue sin tener un presidente ni un proyecto claro de cuál será su aportación a la sociedad.
Bono aún no ha rendido cuentas ante sus compañeros sobre los contactos que ha mantenido con entidades como el Banco Santander para lograr patrocinios económicos pero es, de momento, quien ha aportado el capital inicial de la fundación con una donación de 30.000 euros que ha puesto de su bolsillo. En la reunión celebrada ayer, el expresidente manchego abogó por que el resto de los patronos de la fundación comiencen a aportar una cuota anual que oscilaría entre un mínimo de 500 euros y un máximo de 1.000, cifra que varios patronos consideran excesiva.
Las chispas saltaron, sin embargo, en el turno de ruegos y preguntas después de que varios miembros del patronato asistieran en silencio a lo que consideran una serie de maniobras por parte de Bono y Zaplana para asegurarse el control, desde la sombra, de la fundación que ambos han renunciado a presidir. De hecho, el más disgustado con la trayectoria de este proyecto, que desde enero lleva un peregrinaje errático, fue el exministro de Trabajo de la UCD, Fernando Suárez, quien llegó a reprochar que estaba “cansado de decir amén por cortesía” a todas las propuestas de Bono y su entorno.
A falta de un presidente, la fundación funcionará, durante todo el 2013, con tres vicepresidentes: el exportavoz del Gobierno de Aznar, Pío Cabanillas, la exministra de Innovación y Ciencia del PSOE, Cristina Garmendia, y el exvicepresidente del Gobierno de UCD, Rodolfo Martín Villa. Ha sido, precisamente, este reparto de papeles el que ha generado las primeras tensiones dentro de la fundación entre los patronos que consideran que las decisiones se llevan ya tomadas de antemano al pleno de los exministros.
Según fuentes internas de la entidad, en la cita de ayer fue el propio Bono quien propuso que las tres vicepresidencias recayesen en esos tres nombres, uno por cada uno de los partidos que ha gobernado la España democrática. Acto seguido, fue Pío Cabanillas quien, a su vez, propuso que la fundación tenga también una Junta de Protectores en la que propuso que deberían estar, además de los citados Bono y Zaplana, el exministro Jaime Lamo de Espinosa como responsable del área económica; Marcelino Oreja para el área internacional; la exministra Beatriz Corredor como secretaria general de la fundación; el socialista César Antonio Molina en el área cultural; Fernando Suárez como miembro más veterano del patronato; y, por último, dos representantes de Andalucía y Cataluña, José Pedro Pérez Llorca por la primera y la exministra Ana Birulés, que hasta ahora no ha asistido a ninguna reunión del patronato, por la segunda.
Algunos de los patronos asistentes, como el socialista Miguel Sebastián, criticaron que la fundación no haya emitido el comunicado que todos ellos habían pactado que se difundiría en conmemoración del 36º aniversario de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. Algo a lo que el trío dirigente y todos los patronos se habían comprometido a hacer en la última reunión que celebraron en mayo. Bono justificó la suspensión de esa primera actividad de la fundación por la falta de unanimidad de varios patronos en torno al texto, que, sin embargo, no llegó a enviarse a todos los miembros de este selecto club.
Una de las intervenciones más críticas fue la del exministro de Sanidad Enrique Sánchez de León, quien manifestó que no estaba de acuerdo en cómo se estaban gestionando las cosas por parte de Bono. “Me gustaría saber qué se decide y cómo”, explicó, al tiempo que pidió más participación de todos los miembros en la toma de decisiones.
El más disgustado por la marcha de la fundación fue, sin embargo, Fernando Suárez, quien se enteró ayer mismo de su pertenencia a la Junta de Protectores, y que llegó a explicar su hartazgo con el devenir del proyecto, que ha quedado en nada a lo largo de los meses. Suárez explicó que quiere “reflexionar” sobre todo lo que ha ocurrido y meditar su permanencia en la fundación ante la incapacidad que se ha demostrado para elegir a un presidente. Criticó, a su vez, la existencia de “un organigrama desmesurado” para una entidad que carece, de momento, de lo más importante, un presidente, y manifestó estar “muy decepcionado”. “Todos decimos amén por cortesía, pero me voy muy decepcionado”, le reprochó a Bono.
Suárez y varios exministros criticaron también la idea sugerida por Garmendia de que la fundación “se acople”, según ella misma explicó, a otros grandes eventos que sucedan en España como, por ejemplo, citó, la entrega de los premios Jaume I. Según su propuesta, la entidad debería organizar un primer gran acto en noviembre para darse a conocer y convocar unos tres eventos al año. Garmendia abogó también porque la fundación funcione de forma similar a los ‘Diálogos hispano-británicos’ con un modelo de tertulias en las que participen expresidentes, exministros, exsecretarios de Estado, empresarios y catedráticos de universidad.
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