El escrito de la Fiscalía Anticorrupción con el que el pasado viernes solicitaba el cierre de la instrucción del llamado caso Palau y la apertura de juicio oral cayó como una bomba en Barcelona. Por su contundencia, por la claridad y por el concienzudo relato del saqueo de la institución y el mecanismo por el que Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) se financió de manera irregular, las 37 páginas redactadas por el fiscal Emilio Sánchez Ulled constituyen en la práctica un manual de la corrupción política y de la codicia personal. El caso de corrupción más grave de las últimas décadas en Cataluña entraba en una nueva fase.
Pese al celo de la Fiscalía y a la larguísima instrucción —la investigación comenzó en julio de 2009—, la Justicia se dispone a abrir juicio oral sin que se haya aclarado el destino de 9,6 millones de euros, una tercera parte del agujero total en que se ha valorado el saqueo del Palau de la Música y cuatro veces más de la cifra inicial con la que ahora hace cuatro años, cuando comenzaron las pesquisas, se valoraba el desfalco.
Si la prosa del fiscal Ulled es cristalina cuando detalla, hasta el último euro, cómo CDC se hizo con 6,6 millones de euros que Ferrovial pagó en comisiones por obra pública, también lo es cuando reconoce que el ministerio fiscal se ha visto impotente a la hora de demostrar a qué se destinaron los 9.677.313 euros volatilizados del total de 18 millones de dinero efectivo que los imputados hicieron desaparecer entre 2002 y 2009. No obstante, apunta en una dirección que, sea cual sea el resultado del juicio, hará que el caso Palau nunca pueda considerarse un caso cerrado.
Al respecto, Millet y Montull, explica el fiscal, «procedieron de manera habitual, pertinaz y duradera a retirar fondos de la Fundación, Associación y Consorcio con el propósito de enriquecerse a sí mismos o de darle aplicaciones desconocidas», lo que hacían principalmente mediante «reintegros en efectivo y, principalmente, libramiento de cheques al portador que inmediatamente se convertían en dinero efectivo por ventanilla».
El relato del fiscal Ulled prosigue de manera contundente dando cuenta de que los saqueadores del Palau aplicaron dicho «cash» «a fines conocidos o desconocidos, que en ningún caso eran las propias de dichas entidades, sino particulares de los imputados o acaso también de otras personas o entidades ignotas». Obviamente no es tarea de la fiscalía, sin disponer de pruebas, especular con la identidad de esas «personas o entidades ignotas», aunque sus consideraciones sí dan pie a quienes sospechan de que durante muchos años el Palau de la Música funcionó tanto como vehículo para el enriquecimiento de sus saqueadores, como intermediario entre empresa y partido, cuando no directamente como una «repartidora». Las grandes cantidades en efectivo que llegaron a manejar los imputados, y los nueve millones perdidos, alimentan las especulaciones. Solo en su suntuaria mansión en l’Ametlla del Vallès (Barcelona) a Millet se le incautaron 43.000 euros en billetes de 500.
Más allá de comentarios y especulaciones, la idea de que el Palau de la Música era un lugar al que se podía acudir a pedir dinero la corrobora el caso del secretario de Inmigración de CDC y exlíder de ERC y del Partit per la Independència (PI), Àngel Colom. «Fui a ver al señor Millet porque unos amigos me dijeron que era un mecenas. Él me ayudó, y yo le estuve muy agradecido», explicaba en 2010 en comisión parlamentaria en relación con los 75.126 euros que le entregó Millet, y que Colom usó para cancelar las deudas que acumulaba el Partido por la Independencia tras su disolución. Aunque el recibo que firmó especificaba que el dinero lo pagaba el Palau de la Música, el fiscal no considera acreditado que Colom lo supiese. El convergente alega que pensaba que era dinero personal de Millet; cuando se le preguntó por qué creía que Millet le daba 75.000 por las buenas, Colom respondió convencido: «Me pagó porque me avalaba mi trayectoria nacionalista».
Puede sospecharse, aunque no se ha podido demostrar, que un caso como el de Colom —pedir una entrevista a Millet, salir con un cheque en la cartera— no era aislado. Anticorrupción sí cita otro, el del también convergente Esteve Escuer, a quien el saqueador confeso del Palau en 2007 entregó 13.000 euros. «La finalidad convenida entre ambos», explica el fisca Ulled, la campaña de CDCen las elecciones locales en l’Ametlla del Vallès, donde Millet tiene su mansión (remozada por todo lo alto a cuenta del Palau) y donde actuaba a sus anchas.
«Intereses depredadores»
«El entramado de cuentas bancarias» que Millet y Montull armaron para satisfacer sus «intereses depredadores» (en terminología del fiscal Ulled) puede explicar en parte cómo se hizo desaparecer tal cantidad de dinero. Una parte muy importante la gastaron para vivir como ricos. De nueve millones se ignora su destino. Para lucro personal o para «personas o entidades ignotas». El caso Palau de momento irá a juicio, pero aún no está cerrado.
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