El misterio de las fincas atribuidas a la infanta Cristina.
Hacienda se escuda en la ley para no aclarar si hay errores en la información facilitada al juez.
Los inmuebles y fincas que se atribuyen a la infanta Cristina en los años 2004 y 2005 sigue siendo un misterio. La Infanta negó la noche del pasado viernes a EL PAÍS, a través de un portavoz autorizado, que hubiera hecho tales transacciones: “Esa información es falsa y carece de toda base”. El Ministerio de Hacienda rehusó ayer aclarar el asunto, alegando que lo prohíbe la Ley General Tributaria. Los presuntos compradores, por su parte, han manifestado su extrañeza de verse envueltos en este inexplicado embrollo, aunque aseguran que ellos no adquirieron ni inmuebles ni solares a la hija menor del Rey.
Un informe remitido por la Agencia Tributaria al juez que investiga el caso Nóos, José Castro, señala que la Infanta había vendido fincas y tierras que poseía en la provincia de Alicante, Ciudad Real y Barcelona, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de Barcelona. El dossier enviado al juez Castro refleja que doña Cristina enajenó 13 pisos, casas y tierras por un valor 1,43 millones de euros. El mismo informe señala que de la información aportada por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones en el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012.
EL PAÍS solicitó ayer aclaraciones a la Agencia Tributaria, pero fuentes de este organismo dependiente de Hacienda señalaron que pueden dar ninguna información sobre contribuyentes porque el artículo 95 de la Ley General Tributaria lo prohíbe. Esta norma confiere a los datos fiscales el carácter de “reservado”. Por tanto, declinan avalar la veracidad de las operaciones inmobiliarias realizadas por la Infanta.
El dossier enviado al juez refleja que doña Cristina enajenó 13 pisos, casas y tierras por 1,43 millones.
Otras fuentes explican que la Agencia Tributaria recibió una solicitud de información por parte del juez Castro sobre la Infanta y que sus actuaciones se han limitado a remitirle la documentación que figura en su base de datos. Hacienda obtiene la información patrimonial y sobre las operaciones inmobiliarias de los contribuyentes a través de los notarios y registradores. La Agencia Tributaria no verifica la veracidad de estos datos, por lo que estos pueden contener errores o no estar actualizados correctamente, según las mismas fuentes. En el caso de la Infanta, la Agencia Tributaria envió al juez la información que figura en sus archivos, obtenida por vía notarial, sin haber sido comprobada. El fisco no emprenderá acciones de oficio para verificar las operaciones y dejará en manos del juez las actuaciones para validarla.
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