Ayer se cumplieron 10 años de la mayor tragedia de la aviación militar española: el accidente del Yakovlev-42 que costó la vida a 62 militares que regresaban de Afganistán tras cumplir su misión. Un aciago aniversario que el Gobierno del PP, en el poder cuando se produjo el siniestro, ha tratado ahora de silenciar, evitando cualquier acto oficial de homenaje a las víctimas o de reconocimiento a sus familiares.
El veterano Federico Trillo, principal responsable político de aquella catástrofe aérea, que estuvo salpicada de múltiples errores, negligencias e irregularidades, fue premiado con la embajada de España en Londres, cargo que sigue ocupando en la actualidad, pese a no ser diplomático de carrera. Y el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Luis Alejandre, es hoy nada menos que consejero de Transportes en el Ejecutivo insular de Menorca, gobernado por el PP.
Aquel 26 de mayo de 2003, cuando el Yak-42 de la compañía ucraniana UM Air se estrelló en una montaña próxima a la ciudad turca de Trebisonda, Trillo era ministro de Defensa y Alejandre máximo responsable del Ejército. Pero pese a que el indicador de combustible y el sistema de grabación del aparato no funcionaron; a que la compañía no había contratado ningún seguro; a las numerosas irregularidades en el flete del vuelo; a la escasa preparación y excesivo cansancio de la tripulación; a que la aerolínea aún no ha pagado indemnización alguna a las famililas y, sobre todo, a la errónea identificación de 30 de los 62 cadáveres, Trillo y Alejandre ni siquiera fueron imputados.
En 2009 la Audiencia Nacional sólo condenó a tres años de cárcel al general Vicente Navarro y a 18 meses a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez. Pero el primero nunca ingresó en prisión -falleció en 2010- y los otros dos fueron indultados hace poco más de un año por el Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado 13 de febrero, el Tribunal Constitucional dio carpetazo definitivo al caso, desestimando el recurso presentado por los familiares de las víctimas. Éstos han anunciado ahora que apelarán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para acabar con 10 años de "impunidad" y "mentiras".
"Odian mucho a Alejandre"
Trillo nombró a Alejandre jefe del Estado Mayor del Ejército en enero de 2003, cuatro meses antes del accidente del Yak-42. Y el sustituto de aquél en la cartera de Defensa, el socialista José Bono, lo destituyó en junio de 2004. El propio Bono, en el diario que escribió en los días posteriores a la catástrofe, y que el diario El País publicó el pasado sábado, aseguraba que los familiares de las 62 víctimas "odian mucho a Alejandre"; entre otras razones porque, una semana después de la tragedia, aseguró que "los militares no organizamos viajes de novios a Cancún". Según Bono, el general llegó a decirle que "hay familiares que sólo quieren conseguir dinero y humillar al Ejército".
Pero el PP, ignorando el profundo malestar de las víctimas, rescató a Alejandre (Mahón, 1941) para las elecciones municipales y autonómicas de 2011. El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, lo incluyó como independiente en un puesto de salida en la candidatura del partido al Consell Insular de Menorca, el Ejecutivo de la isla. Y, como estaba previsto, resultó elegido. Desde entonces, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército ocupa el cargo de conseller de Movilidad y Proyectos, y ahora sus principales responsabilidades pasan por la gestión del transporte insular, singularmente el aéreo.
El pasado día 2, por ejemplo, Alejandre mantuvo una reunión con el promotor de la plataforma ciudadana que reclama más conexiones aéreas entre Menorca y la península -así como una mayor frecuencia de vuelos interinsulares- y una reducción de las tarifas. El general, sin embargo, no es el único militar de carrera en el Gobierno autonómico de Bauzá: además de Alejandre, otros seis ex profesionales de las Fuerzas Armadas de alta graduación ocupan cargos de confianza en la estructura de poder del archipiélago.
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