El PP utilizó empresas tapadera mucho antes del ‘caso Gürtel’ para financiarse
Siete sociedades, creadas entre 1979 y 1993, obtenían el dinero ilegal
La red ya liquidada estuvo constituida por dirigentes y empleados del partido.
El PP utilizó supuestamente un sistema de empresas tapadera creadas por sus dirigentes o empleados con un objetivo: facturar a empresarios por falsos servicios cuyo pago derivaban al partido. Lo hizo dos décadas antes de que estallaran como iconos de la presunta financiación ilegal del PP el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Estos hechos se produjeron cuando las finanzas del PP no estaban bajo el control de ninguno de los tres extesoreros ahora imputados (Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas). Ninguno de ellos las creó. Por contra, dos de dichos extesoreros las liquidaron tras asumir el cargo (Sanchís en 1982 y Lapuerta en 1990). Bárcenas y personas de su entorno manejan documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, en los que se explica esta operativa con los nombres de las siete empresas utilizadas supuestamente por el PP (véase gráfico).
El sistema sería similar al que utilizó el PSOE a través de Filesa, destapado en 1991, que según los tribunales de Justicia permitió a este partido financiarse en la década de los ochenta facturando falsos informes a distintas empresas. El hilo para desenmarañar la trama para financiar al PSOE partió de un ex contable despedido.Igualmente, el extesorero, Luis Bárcenas, tuvo a su alcance un informe con los detalles de esta trama en su día de este supuesto mecanismo de financiación ilegal del PP. EL PAÍS ha comprobado la veracidad del documento en poder del extesorero y de sus allegados. La reconstrucción de los hechos allí denunciados, relatados por algunos de los que constituyeron esas empresas y contrastados con el historial de las distintas sociedades, es la siguiente.
A fines de 1979, Alianza Popular (refundada como PP años después), que preside Manuel Fraga y tiene como secretario general a Jorge Verstrynge, sufre dos acuciantes déficits: dinero y votos. Sus dirigentes ven indisociables ambos elementos. Sin fondos no pueden contratar publicidad ni actos de campaña. Y sin propaganda no captarán votos, escaños ni poder, imprescindible para hacer más tentador pedir y recibir donaciones de empresarios. Un círculo vicioso. Y, sin embargo, los poderes empresariales veían urgente que AP se consolidara como alternativa en la derecha ante el previsible desplome de UCD, presa de divisiones intestinas y a menos de dos años de que su líder, Adolfo Suárez, dimitiese ante la amenaza del golpe de Estado que se perpetraría el 23F.
Cinco ex dirigentes del PP han confirmado a este diario aquella estrategia. Dos de esos dirigentes figuraron en la trama empresarial. “A fines de 1979 o principios de los ochenta, la CEOE nos dijo que teníamos que crear unas sociedades para que las empresas nos pudieran dar dinero. Y así se hizo, se crearon Sipsa (Seguridad, Investigación y Protección SA) y Opisa (Opinión, Publicidad e Imagen SA). El sistema era sencillo: a través de estas empresas pedimos y recibimos dinero de eléctricas y de bancos. Nos lo daban en efectivo o en cheque. Entonces, dado que no había legislación, esas cosas importaban poco. Si pedían factura, entonces les hacíamos unos informes genéricos sobre el sector para justificar el pago. Pero pocas veces pidieron factura. Los bancos nunca la pidieron y las eléctricas solo a veces. Se lograron así unas cantidades modestas para financiar el partido que era muy pobre, con nueve diputados, y nadie pagaba la cuota”, explica uno de los implicados.
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