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martes, 23 de abril de 2013

EL PSOE PROPONE SUPRIMIR EL SENADO Y REDUCIRLO A 80 O 90 REPRESENTANTES TERRITORIALES.APOYO LA IDEA

El Partido Socialista contraprogramó ayer el 'efecto primarias' auspiciado por el vendaval Eduardo.
 
 Madina con una novedosa propuesta política con la que, por primera vez, uno de los dos grandes partidos llamados a gobernar el país aboga, lisa y llanamente, por la supresión del Senado. La idea, que pilló ayer mismo con el pie cambiado a numerosos senadores del grupo socialista, fue presentada al término de la Ejecutiva Federal por el diputado y exministro Ramón Jaúregui, que ha coordinado el borrador de reforma territorial presentado a la cúpula del PSOE.
 
El documento todavía no tiene el consenso total del partido pero, a grandes rasgos, propone la supresión del Senado para crear, en su lugar, una verdadera cámara de representación territorial (lo que en teoría debería haber sido desde el principio esta institución) que sólo debata y se pronuncie sobre leyes de contenido autonómico. Sus miembros, un máximo de 90 según explica a El Confidencial el propio Jaúregui, serían representantes de los Gobiernos autonómicos o de los parlamentos regionales, punto que todavía no ha definido el partido y que está en estudio. “De esta manera, se cedería toda la soberanía nacional al Congreso de los Diputados y la fórmula sería lo más parecida posible al modelo alemán”, explica el diputado.
 
Esta propuesta socialista se engloba dentro de las ideas con las que está trabajando el partido de cara a la Conferencia Territorial de julio para la reforma del modelo territorial y del título octavo de la Constitución. Entre las propuestas, el borrador aboga también por llevar a la Carta Magna los principios sobre los que se debe basar el modelo de financiación autonómica o redefinir las competencias exclusivas del Estado para cerrar de una vez por todas el modelo de la España de las autonomías.
La idea de cerrar el Senado que ahora abraza el PSOE va en sintonía con las propuestas que, en la misma dirección, reiteran diferentes movimientos sociales que dudan de su utilidad real. En general, todas las fuerzas políticas del arco parlamentario reconocen la necesidad de transformarlo de forma radical para que se ajuste a la letra de lo que debería ser como cámara territorial y no como lugar de segunda lectura de los proyectos legislativos que han pasado antes por el Congreso. De hecho, la Cámara Alta trabaja ya en una ponencia formada por todos los grupos parlamentarios y que, antes de verano, debe emitir un informe con “las reformas precisas para reforzar las funciones del Senado como cámara de representación territorial”. 
 
La nueva cámara que propone el PSOE tendría un número máximo entre 80 y 90 representantes. Según explica Jaúregui, habría un mínimo por cada comunidad autónoma al que se irían sumando más miembros por cada millón de habitantes. La Cámara no tendría periodos de sesiones como los que hay en el Congreso y sólo se reuniría cuando hubiera proyectos de ley de contenido territorial. Englobaría también la Conferencia de Presidentes autonómicos, las conferencias sectoriales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la comisión que se encarga de estudiar la aplicación del derecho europeo a las comunidades autónomas.
 
“Este borrador está hecho para la discusión interna del partido y no quiere decir que todo el partido esté de acuerdo”, explica el exministro. Jaúregui explicó ayer en rueda de prensa que, durante la Ejecutiva, hubo “no menos de quince intervenciones con aportaciones enriquecedoras” al documento en la reunión de la Ejecutiva, que ahora enviará a las federaciones para que a su vez hagan aportaciones que configuren la propuesta que se remitirá a la Conferencia Territorial de julio.
La dirección del PSOE pretende discutir su propuesta a medio plazo con el resto de las fuerzas políticas, como instrumento para “resolver el problema de Cataluña y del país”. “Es una puerta extraordinaria, una oportunidad magnífica para solucionar problemas encajonados que pueden enquistarse”, defendió, convencido de que la reforma constitucional es “obligada” y de que el “inmovilismo no es la forma de defender la Constitución”.

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