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sábado, 23 de marzo de 2013

LA JUEZ AYALA HA ENVIADO A SIETE IMPUTADOS A PRISIÓN DE LOS ERE ANDALUCES


La juez encarcela a dos exdirectivos de Eurobank y dos testaferros de los ERE

Prisión incondicional para los empresarios y fianza de 50.000 euros para los otros dos detenidos. Alaya abandona el juzgado tras 24 horas tomando declaración y redactando autos

Podría haber superado el plazo límite para la detención ilegal.

Viernes, 15.45 de la tarde: la juez Mercedes Alaya llega a los juzgados sevillanos. Sábado, 15.51: la magistrada abandona la sede judicial con gafas de sol, maleta con documentos y exhausta. La instructora ha estado un día completo tomando declaración a los últimos detenidos de la Operación Heracles y finalmente pasadas las 15.00 de hoy ha enviado a la cárcel a los dos exdirectivos del grupo Eurobank, Eduardo Pascual y María Vaqué, así como el testaferro de los ERE Eduardo Leal e Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas. La juez ha impuesto a Leal y Sierra una fianza de 50.000 euros para poder eludir la cárcel, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la prisión incondicional. Ambos están acusados de asociación ilícita, malversación, falsedad y un delito contra la Hacienda Pública. Para los dos exdirectivos de Eurobank, procesados por el Juzgado 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional por el caso Eurobank, Alaya ha decretado prisión incondicional sin fianza. Pascual está acusado de cohecho, prevaricación, un delito fiscal, asociación ilícita, falsedad y malversación.
La magistrada ha acusado el cansancio, y cuando ha abandonado los juzgados, el desgaste físico era patente. En el pasado la juez ya ha dado muestras de su tesón en jornadas maratonianas, agotadoras, en las que los imputados soportan interrogatorios eternos y con un tono más que incisivo. Como en la declaración del exconsejero Antonio Fernández, que duró tres días y cuyo último día completó una jornada de 24 horas. Pero hoy la instructora ha tomado una decisión especialmente llamativa al prolongar su jornada de manera extrema y forzar al límite el plazo de detención legal de 72 horas. Hace solo tres semanas que la juez se reincorporó al trabajo después de una baja por enfermedad de seis meses. Su salud, por tanto, es delicada. Y desde el miércoles arrastra tres días a un ritmo frenético con 20 detenciones y nueve citaciones judiciales a sus espaldas.
La madrugada ha sido intensa y tras decidir que enviaba a prisión a Eduardo Leal, testaferro del intermediario Juan Lanzas, e Ismael Sierra, cuñado de Lanzas, Alaya ha tomado declaración a Pascual y Vaqué esta mañana.
El problema surgido a raíz de estos retrasos en las eternas comparecencias puede resultar muy grave para la instrucción. Los cuatro imputados fueron detenidos el miércoles por la mañana. El plazo legal si se trata de una detención judicial, desde que una persona es arrestada hasta que el juez toma una decisión al respecto, ponerle en libertad o enviarle a prisión, es de 72 horas. Este plazo ya se habría cumplido si el miércoles la detención fue ordenada por la juez. En ese caso, las defensas tienen en bandeja un argumento clave para presentar una nulidad que afecte a la instrucción por prevaricación judicial.
En caso de que la detención haya sido policial, el plazo comienza a contar desde que los detenidos son puestos a disposición de la juez, por lo que en ese caso no habría mayor problema. Estos matices son fundamentales y se irán conociendo a medida que trasciendan los detalles de la Operación Heracles, dado que esta investigación está bajo secreto de sumario.
Pero Alaya aún afronta un problema añadido: desde que detuvo a estas cuatro personas que esperan en calabozos, la instructora ha tomado declaración a personas que no han sido detenidas, por lo que se ha retrasado su comparecencia y se ha primado la declaración de personas imputadas, pero que no esperaban a la juez en un calabozo, como el ex director general de Trabajo Javier Guerrero o el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín.

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