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martes, 5 de marzo de 2013

EL PRESIDENTE CATALÁN MAS, ACELERA EL PLAN SOBERANISTA

ESTAMOS EN LOS PREÁMBULOS VIVIDOS DE LA 2ª REPÚBLICA RECUERDEN VDS. LA HISTORIA Y LEAN SOBRE LOS ORÍGENES DEL REPUBLICANISMO EN ESPAÑA Y COMO CONSECUENCIA DE UN MAL ETENDIMIENTO ENTRE PARTIDOS, AUTONOMÍAS Y DE UN PAÍS INGOBERNABLE LLEGÓ LA DICTADURA .ESTAMOS MUHO PEOR DE LO QUE LOS MEDIOS NOS DICEN QUE TIENEN LA COSIGNA Y LAS INDICACIONES GUBERNAMENTALES DE APACIGUAR A LOS CIUDANOS PERO ELTIEMPO Y LA PACIENCIA SE ACABAN.MUCHO ME TEMO QUE IGNORANDO LA HISTORIA, ÉSTA NOS OBLIGUE A REPETIRLA.

José Ángel Miyares Valle

Mas acelera el plan soberanista por el recurso al Constitucional de Rajoy.
El 'Parlament' volverá a votar la resolución del derecho a decidir y agiliza la ley de consultas.
El encaje de Cataluña en España también será debatido en el Senado esta tarde.
El Gobierno catalán ha diseñado en su reunión celebrada hoy la respuesta a la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista que el Parlament de Cataluña aprobó en enero. El ejecutivo de Artur Mas, como le pidió el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), impulsará que la cámara autónoma vote en el próximo pleno la resolución a favor del derecho a decidir que se votó en el Congreso durante el Debate del estado de la Nación la semana pasada. También se pondrá en marcha el llamado Pacto Nacional por el Derecho a decidir, además de acelerar la redacción de la Ley de Consultas.

La votación del texto se celebrará dentro de dos semanas y tiene garantizado el apoyo de una amplia mayoría del Parlamento catalán, la que conforman los grupos de CiU, ERC, PSC, ICV y, probablemente, los tres diputados de la CUP. El Gobierno catalán quiere demostrar con esta votación que el ejercicio del "derecho a decidir", o sea la celebración de una consulta pactada con el Gobierno, tiene el apoyo de más de dos tercios de los diputados de la cámara autónoma.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha detallado tras la reunión semanal del ejecutivo los planes que tienen para las próximas semanas con relación al conflicto abierto con el Gabinete de Mariano Rajoy. "Ante lo que es una demostración de cualquier cosa menos de voluntad de diálogo, la respuesta que hay que dar debe tener una vocación escrupulosamente democrática", ha dicho Homs contrastando la actitud del Gobierno central con la del catalán. "Lo que es importante es que vuelva a haber una votación muy mayoritaria ante las constantes agresiones", ha remachado.

Homs ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy es "el menos dialogante de la historia", algo que ha vinculado con la apertura de un expediente para cesar al fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol. Homs ha explicado que, según informaciones que tiene el Gobierno catalán, ayer hubo una reunión entre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el Fiscal General Eduardo Torres Dulce. "Al menos podrían disimular", ha dicho.

Además de poner a votación la resolución en el Parlament, el Gobierno catalán también se compromete a crear el llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que podría reunir a todos los partidos que apoyan una consulta de autodeterminación. Además, Homs se ha mostrado satisfecho por el hecho de que esta mañana el Parlamento catalán haya reiniciado los trabajos para aprobar la ley de Consultas, a través de la cual los partidos nacionalistas esperan vehicular la consulta soberanista.

Esta mañana, la primera reunión de la ponencia que debe redactar una nueva ley de consultas populares en Cataluña ha durado menos de una hora. El acto ha empezado con evidentes muestras de disconformidad por parte de los representantes del Partido Popular y de Ciutadans.

Ambas formaciones políticas han rechazado que la ley se tramite mediante una ponencia conjunta, puesto que el resto de partidos han recuperado el texto que la pasada legislatura ya se había comenzado a redactar. El portavoz del PP, Enric Millo,ha dicho que este procedimiento "es una tomadura de pelo" porque el resto de partidos "ya lo tienen todo pactado". El proyecto se tramitará ahora como una proposición de ley, algo que puede acelerar mucho su aprobación.

El Gobierno catalán intentará que el texto sirva para dar legitimidad a su proyecto para celebrar una consulta soberanista en 2014. Se trata de marcar la pauta sobre quién podría votar en esta consulta y cómo se establece la pregunta. Tanto CiU como ERC dan por hecho que el Gobierno del PP recurrirá la norma nada más aprobarse. El acuerdo entre CiU y ERC, que permitió a Artur Mas ser investido presidente de la Generalitat, establece que la nueva ley debe aprobarse este año. Ambos partidos quieren que la ley sirva de apoyo legal para permitir la consulta de autodeterminación.

El inicio del recorrido parlamentario de la normativa coincide con la apertura de un expediente al fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, por defender una consulta dentro de la legalidad. A pesar de que poco después matizó sus palabras, dejando claro su oposición al proceso secesionista, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, empezó ayer el proceso para destituirle.

El encaje de Cataluña en España también será debatido en el Senado esta misma tarde tras la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista del parlamento, aprobada por amplia mayoría, y que proclamó al pueblo de Cataluña "sujeto jurídico y político soberano". En la sesión de control en la cámara alta, CiU pregunta al Ejecutivo central si la impugnación es lo mejor que sabe ofrecer España a la voluntad de autogobierno expresada por los catalanes.

La ley de consultas empezó a gestarse en la anterior legislatura, pero el adelanto electoral lo frustró.Su objetivo es amparar la consulta soberanista que CiU y ERC prevén convocar en 2014, aunque podría retrasarse si ambas formaciones políticas lo acuerdan.

El tripartito ya impulsó en la legislatura 2006-2010 una ley de consultas, que fue recorrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno del PSOE. El objetivo ahora es una normativa más ambiciosa. Los grupos deberán decidir, por ejemplo, la edad mínima para votar. La Generalitat ya planteó que se podría incluir a los jóvenes entre 16 y 18 años para diferenciarse del censo electoral.