La transparencia como solución.
La publicación de los donantes de los partidos es la única forma de evitar las irregularidades.
No hay un patrón claro, aunque sí se puede establecer que en la cuestión de la financiación de los partidos políticos, las cosas se van volviendo más oscuras conforme uno va acercándose a los países mediterráneos, quizás con la excepción de Portugal, cuya ley prohíbe las grandes donaciones de las empresas. A mayor transparencia, menor corrupción, aunque ningún país escapa del todo de la corrupción.
ITALIA. Cada día una corruptela.
En Italia hay Bárcenas de todos los tamaños y colores. Son más habituales en la derecha, cuyo patrón es Silvio Berlusconi, a quien los jueces que lo condenaron por fraude fiscal le diagnosticaron “propensión a delinquir”, pero tampoco se salva del trinque el centroizquierda. Los dos casos más llamativos y recientes son los de Franco Fiorito —tesorero del partido de Berlusconi en la región de Lacio— y el del senador Luigi Lusi, tesorero de La Margherita, un partido de centroizquierda que desapareció como tal en 2007 para integrarse en el Partido Democrático (PD). Eso no fue óbice para que Lusi, de 50 años, se quedara al mando de la caja hasta 2011. Se estima que sisó unos 25 millones de euros procedentes de reembolsos electorales. Ante la evidencia del desfalco, el Senado italiano retiró la inmunidad de Lusi para permitir su detención.
Franco Fiorito era el tesorero del partido de Berlusconi en el Lacio hasta septiembre pasado. Su caso fue muy famoso, no tanto por el montante de lo sustraído —1,8 millones de euros de dinero público—, sino por el perfil del personaje. El grandullón Fiorito, de 41 años, era más conocido como Batman, irónico apodo que se ganó al caerse de una moto parada. Cobraba 31.000 euros netos al mes, disponía de 12 cuentas surtidas con 800.000 euros, cuatro pisos en el centro de Roma, cochazos y vacaciones de ensueño. Tras ser detenido, Fiorito atribuyó su desgracia a una vendetta de su partido y tiró de la manta.
Fue entonces cuando salió a la luz la vida loca de los políticos del partido de Berlusconi: cenas de lujo, facturas falsas y aquella bacanal en el Foro Itálico. Tantos escándalos dejan la sensación de que la Segunda República puede morir víctima de idénticos vicios que la Primera. Es raro el día que no surge algún caso nuevo de corrupción. De norte a sur, a diestra y siniestra.
ALEMANIA. El gran escándalo de 1981
En Alemania, los partidos políticos están obligados a dar cuenta de su patrimonio y de la procedencia y empleo de sus recursos económicos. La ley que regula el sistema de financiación se basa en tres pilares: la cuota de los militantes, las donaciones privadas, que si superan los 50.000 euros tienen que ser comunicadas al presidente del Bundestag, y, por último, el Estado, que también participa en la financiación para cubrir los gastos electorales en función de sus resultados.
Pese a ser un sistema muy transparente y en el que hay que rendir cuentas públicamente, los grandes partidos políticos germanos no han escapado de la corrupción. La revista Der Spiegel descubrió en 1981 el mayor escándalo vivido en el país. El empresario multimillonario Friedrich-Karl Flick y su consejero delegado, Eberhard von Brauchitsch, habían repartido varios millones de euros a los tres partidos más importantes de la época para conseguir una amnistía fiscal. La idea era ahorrarse pagar a Hacienda los 1.000 millones que debía la empresa tras la compra en 1975 de casi 2.000 millones de marcos en acciones de Daimler Benz al Deutsche Bank.
La CDU-CSU recibió unos 15 millones de marcos, el FPD cerca de 6,5 millones y el SPD unos 4,3 millones. Ninguno de los tres partidos declaró al fisco alemán el dinero. El escándalo le costó el cargo al ministro de Economía Otto Graf Lambsdorf y el entonces canciller, Helmut Kohl, sufrió un furioso ataque de amnesia cuando tuvo que declarar ante una comisión del Bundestag.
FRANCIA. La caída de Chirac
La corrupción en la V República Francesa ocupa grandes espacios en la prensa, desborda la imaginación de los ciudadanos, casi siempre tiene que ver con la financiación ilícita de los partidos y suele afectar más a las altas esferas de la política que a los cargos medios. Los escándalos tocan más a la derecha —que ha llevado las riendas del Gobierno durante casi tres décadas en los últimos 45 años— que a la izquierda. El de mayor repercusión se cerró en diciembre de 2011 con la condena del expresidente de la República, Jacques Chirac, a dos años de cárcel sin ejecución de la sentencia. Chirac fue declarado culpable de malversación de fondos públicos y abuso de confianza por haber creado cargos ficticios en el Ayuntamiento de París y por “colocar” a compañeros de partido cuando era alcalde. Se convirtió así en el primer jefe del Estado galo en ser condenado.
Su sucesor, Nicolas Sarkozy, inmerso en varios escándalos, no ha llegado a ser imputado. El más impactante fue el asunto L’Oréal, en el que declaró ante los jueces como sospechoso de haber “abusado de la debilidad” de la millonaria anciana Liliane Bettencourt. El escándalo provocó un terremoto político y el cese del ministro de Hacienda, Eric Woerth, imputado junto a una decena de encausados más. Woerth ejercía el mismo cargo que Luis Bárcenas en el PP. Era el tesorero del partido conservador UMP. Pero movía cifras bastante más modestas. Según la fiscalía, recibió 57.000 euros de Bettencourt que utilizó para financiar la campaña electoral que llevó a Sarkozy al Elíseo en 2007.
PORTUGAL. Una ley estricta.
La actual Lei do Finanxiamento Partidario data de 1993, aunque ha sido reformada en varias ocasiones. Actualmente, las empresas tienen expresamente prohibido hacer donaciones a los partidos políticos portugueses. Y los particulares que lo hagan deben estar convenientemente identificados. El montante anual de la donación no podrá exceder de 25 veces el IAS (Indexante de Apoios Sociais), un coeficiente que se utiliza para calcular rendimientos de tipo social y que asciende a 410 euros. Esto es: un donante a un partido político no podrá entregar más de 10.500 euros por año. Y deberá hacerlo por cheque o transferencia bancaria a la cuenta creada por la formación política al efecto.
El resto de la financiación de los partidos políticos portugueses llega de las distintas subvenciones políticas, dependientes, en su mayor parte, de los escaños conseguidos en las elecciones y de las cuotas de los militantes.
REINO UNIDO. Dependencia de los donantes
El talón de Aquiles de los partidos británicos es su dependencia de opulentos donantes, lo que la jerga de este país describe como “big money”. A los dos años de la llegada al poder del conservador David Cameron, el tesorero adjunto de su partido, Peter Cruddas, tuvo que dimitir al ser filmado por un diario prometiendo el acceso al primer ministro a cambio de aportaciones económicas. Aunque no se probó que Cameron estuviera al tanto de la operación, el episodio presentaba ante la sociedad británica reminiscencias de otro escándalo protagonizado por su antecesor Tony Blair, interrogado tres veces por Scotland Yard en relación con la supuesta venta de distinciones reales (como el título de lord) a cambio de financiación para los laboristas. La fiscalía acabó dando carpetazo al asunto.
Las fuerzas políticas de Reino Unido se financian parcialmente con fondos públicos, las cuotas de sus afiliados y en el caso del laborismo las aportaciones de los sindicatos. Pero sobre todo con unas donaciones que no tienen límite y solo exigen la difusión pública del nombre del benefactor que entregue una cifra superior a las 7.500 libras. “Los fondos que los tres grandes partidos necesitan para su supervivencia están sujetos principalmente a las aportaciones de un pequeño grupo de ricos individuos u organizaciones, y eso es poco saludable para la democracia”, según la radiografía en la que se sustenta el comité que vela por las correctas normas de la vida pública (Committe for Standards in Public Life) para recomendar modificaciones de la ley.
Sus propuestas para establecer un tope de 10.000 libras en las donaciones individuales chocan, sin embargo, con las reticencias de los receptores; y la pretensión de hacerlo posible incrementando la financiación pública de los partidos a partir de 2015 está colisionando con un contexto de crisis económica que hará difícil encajarla en los presupuestos del Estado.
ESTADOS UNIDOS. La influencia de los poderosos
Tras el escándalo Watergate, en 1972, la Comisión Federal Electoral estadounidense limitó la financiación de los partidos políticos a fondos públicos —en algunos casos limitados— y a grupos externos a la campaña electoral de cada candidato, con el objetivo de impedir las donaciones ocultas. Estas organizaciones, conocidas como PACs —Comités de Acción Política—, podían recibir un máximo de 5.000 dólares por donante y debían hacer público el origen de todas las cantidades.
La duración de las campañas electorales y la aparición de otros métodos de recaudación llevaron a Barack Obama a renunciar a la financiación pública en 2008. Obama pudo recaudar cantidades muy superiores por su cuenta. Fue también el primero en recibir cantidades históricas a través de la red gracias a una apuesta revolucionaria: donaciones en cantidades tan pequeñas como cinco dólares.
En 2010, el Tribunal Supremo legalizó, en una polémica decisión, las donaciones sin límite por parte de individuos, organizaciones y empresas privadas a los candidatos. Esta sentencia, conocida como Citizens United, abrió las puertas a la creación de numerosos Super PAC, autorizados para recaudar a su vez cantidades ilimitadas a favor de los candidatos, aunque sin estar vinculados directamente a su campaña. Así, las elecciones de 2012 vieron una explosión de este tipo de grupos, que pueden contratar anuncios electorales y publicar mensajes tanto a favor de un candidato como en contra de sus rivales. El presidente Barack Obama y el candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney, superaron en 2012 los 1.000 millones de dólares (750 millones de euros) de recaudación para sus respectivas campañas, convirtiendo las últimas elecciones en las más caras de la historia.
Tanto los partidos políticos como las organizaciones de campaña de los candidatos publican periódicamente el total recibido para sus apuestas electorales. Sin embargo, solo los PACs están obligados a revelar el origen de las cantidades recibidas, así como el gasto realizado. Diversos grupos han solicitado una reforma del sistema de financiación electoral estadounidense para aumentar su transparencia y para limitar la influencia de grupos externos, multimillonarios y grandes corporaciones.
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