Los presidentes autonómicos Urkullu y Mas defienden en los discursos de fin de año un nuevo horizonte para ambas comunidades.
"Un nuevo horizonte para Euskadi en Europa"; "una mayoría de catalanes quiere construir un país nuevo". Con estas palabras pronunciadas respectivamente por los presidentes vasco, Íñigo Urkullu (PNV), y catalán, Artur Mas (CiU), en los discursos oficiales de fin de año, País Vasco y Cataluña han arrancado el año 2013 redoblando la apuesta por el soberanismo que ha marcado la vida política en los últimos meses.
Ambos han coincidido al defender un futuro diferente para sus comunidades, basado en la consulta democrática. Aunque, lógicamente, el discurso de Mas es más claro en este sentido, puesto que ya lanzó durante la campaña electoral de las pasadas autonómicas el órdago de una consulta sobre la independencia. “Una mayoría de catalanes quiere construir un país nuevo. Arraigado a la tierra milenaria, pero mirando hacia arriba”, dijo Mas en el discurso televisado.
El presidente catalán ha enfocado la legislatura que ahora arranca con el objetivo de recabar apoyo en Cataluña para celebrar la consulta de autodeterminación, pero, sobre todo, para que, en caso de que esta se celebre, gane el “sí” a la independencia. Por esta razón tanto él como sus socios de Esquerra Republicana están enfocando el mensaje en dejar claro que independencia y mejora social van de la mano. “No hay proyecto nacional sin proyecto social, y no hay proyecto social sin proyecto nacional”, ha asegurado Mas en su discurso. Y también: “El gran sentido de un país nuevo es garantizar el máximo bienestar de sus ciudadanos”.
Por su parte, el presidente vasco defiende la necesidad de “ganar autogobierno, poder adoptar más decisiones”. En resumen, “ganar un nuevo horizonte para Euskadi en Europa”.
Mientras el Gobierno vasco mantiene abiertos una veintena de conflictos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en cuestiones como el abono de la paga extra o el copago sanitario, y enfrentamientos por lo que considera invasión de competencias a cuenta, por ejemplo, de la reforma educativa, Urkullu ofrece acuerdos, pero al tiempo demanda “respeto” al autogobierno, en cuestiones sectoriales —las políticas educativas, sanitarias o culturales, tres focos de polémica con Madrid—. Pero sobre todo, ha dicho, “a las decisiones económicas y políticas que hemos adoptado y queremos adoptar de manera democrática en Euskadi”.
El PP pide a Mas no buscar la "pelea permanente"
Por otra parte, el vicesecretario General de Organización del PP, Carlos Floriano, ha pedido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que "no busque una pelea permanente" y que vuelva el sentido común.
En una entrevista en la cadena SER, Floriano ha asegurado que, en caso de producirse una ruptura entre Catalunya y España no ganaría nadie: "No gana nadie, pierden por encima de todo los españoles y si todos apelamos a buscar el bien común creo que ese tratamiento no cabe".
A lo que ha agregado: "Catalunya es muy plural, forma parte de España y todos nos sentimos orgullosos de ello. Hay razones para afrontar con sosiego esta situación', ha señalado, si bien ha criticado a Mas por su supuesto afán de envolverse en la senyera y no intentar dar respuesta a los actuales problemas.
Los socialistas critican el inmovilismo del PP
También el secretario de Organización del PSOE, Oscar López, se ha referido al debate soberanista, pero él ha criticado la postura "inmovilista" del PP ante la propuesta para convocar un referéndum de autodeterminación en Catalunya, y ha defendido la propuesta del PSOE para 2013 de hacer reformas, incluso en la Constitución, para avanzar hacia el futuro conservando el mapa territorial de España.
"PSOE y PP comparten el rechazo al referéndum de autodeterminación. A partir de ahí, hay una diferencia clara, que es que el PP se queda en el no y no hace nada más, una posición inmovilista, de choque. El PSOE por lo menos pone sobre la mesa una posible salida", ha apuntado en declaraciones a la cadena SER.
En este sentido, ha precisado que el PSOE siempre ha creído en la Constitución, en la España de las autonomías y también cree que "se pueden hacer reformas para perfeccionar este modelo y superar problemas como el que actualmente hay en Cataluña".
Más de 300 políticos españoles están imputados en casos de corrupción.
Baleares y Valencia son las comunidades que están a la cabeza de implicados en casos turbios
La mayoría ha abandonado la actividad pública, aunque hay excepciones en Valencia y Baleares
Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se extienden por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas de cerca por otras autonomías como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.
Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la Administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.
Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como consejero de Hacienda por la presunta filtración de un documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la Administración de Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Noós.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.
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