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miércoles, 28 de noviembre de 2012

LA DESIGUALDAD SOCIAL ENTRE COMUNIDADES UN REFERENTE EN ESPAÑA.


"GOOGLE-BLOGGER NO ME PERMITE PUBLICAR MIS FOTOS"

Dos modelos para la extra: de la argucia de Extremadura a la rebelión de Euskadi.
Los funcionarios del País Vasco son los únicos que sí recuperan la paga.
Extremadura y Navarra solo mitigan la medida con el "truco" de adelantar la de junio a enero.
Los funcionarios del País Vasco son los únicos que podrán hacer este año sus compras navideñas con la seguridad de que a finales de diciembre van a ingresar, como siempre, su paga extra. Aunque hace unos días trascendió que el Gobierno extremeño de José Antonio Monago (PP) se había rebelado contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy a cuenta de la supresión de la paga extra de los funcionarios y recuperaría el salario adicional navideño, la realidad es que los empleados públicos de Extremadura van a perder la extra de Navidad de 2012 al igual que los del resto de España (salvo, de nuevo, los del País Vasco).

Lo que sí hace Monago es mitigar el impacto de la medida, con una argucia que le permite no incumplir el decreto aprobado por el Gobierno en julio en el que se incluyó la eliminación de la paga. El Ejecutivo extremeño usa un "truco" a base de adelantar la paga de junio de 2013 a enero, de forma que es como si los funcionarios percibieran la navideña. Pero no es así. Las dos pagas extra anuales (junio y diciembre) pasarán a cobrarlas en enero y julio. Y así sucesivamente hasta 2015, cuando el Estado compensará la paga que les falta "con la correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones", pero no en su cuenta corriente. Así que en realidad no la recuperan.

La idea de Monago no es nueva; en Navarra ya lo habían hecho antes. El Ejecutivo foral aprobó el pasado mes de septiembre un nuevo calendario entre 2013 y 2015, que establece que, en lugar de que se abonen pagas extraordinarias el 28 de junio y el 22 de diciembre, se entregarán el 3 de enero y el 3 de julio."Es una propuesta eficaz y legal, no pretende un fraude de ley", afirmó entonces el Gobierno navarro.

El Gobierno del socialista Patxi López sí se ha rebelado contra el decreto: los 70.000 funcionarios del País Vasco van a recuperar su paga. El Ejecutivo vasco en funciones, según ha explicado, abonará su extra en diciembre de este año, lo que le supone un gasto de 208 millones de euros, y el año que viene les pagará las dos pagas preceptivas. La incógnita es si Rajoy tratará de impedirlo: la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió en su día públicamente al presidente extremeñode que presentaría un recurso de inconstitucionalidad si Extremadura incumplía "la legislación básica”, en referencia al decreto.

Extremadura, Navarra y País Vasco son las tres únicas comunidades que han adoptado medidas para suavizar la supresión de la extra de Navidad a los funcionarios. Los empleados públicos llevarán a los tribunales la reclamación de su paga.
UNA FARSA Y UNA INJUSTICIA PARA EL CONTRIBUYENTE PAGADOR.
La amnistía fiscal recauda hasta octubre solo el 6% del objetivo inicial.
Hacienda estima que se ingresaron 149,6 millones, frente al los 2.500 millones previstos
Dos días antes de la conclusión del plazo fijado por el Ministerio de Hacienda para que los evasores se acojan a la amnistía fiscal, los técnicos del departamento reconocen que la medida no tuvo el éxito esperado. Las arcas estatales han ingresado hasta octubre 149,6 millones de euros frente al ambicioso objetivo inicial de unos 2.500 millones, es decir, solo el 6%. La meta prevista se convierte así, de acuerdo con los técnicos, en una "misión casi imposible" de cumplir, que al mismo tiempo acarrea efectos negativos en otros ingresos tributarios.

Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, explica que los datos facilitados por el Ministerio en los últimos meses son escasos y que a partir de agosto el informe mensual de recaudación tributaria omite especificar la suma de los que se acogen a la amnistía, englobando este total en "otros ingresos". "El último dato detallado se refiere al mes de julio, cuando se situó en 50,4 millones de euros. Incluso asumiendo que la recaudación por amnistía se incluya en 'otros ingresos', estamos hablando de un máximo de unos 150 millones hasta octubre, lo que convierte el objetivo del Ejecutivo en algo muy complicado de alcanzar", dice.

La regularización fiscal —una expresión que los técnicos del Ministerio tildan de "eufemística"— arrancó a finales de marzo y permite a losdefraudadores pagar un 10% para blanquear su dinero, sin intereses, recargos, sanciones o imputaciones penales. Los expertos consideran esta cantidad "un precio de saldo" comparado con la suma desembolsadas por los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, a los que corresponden tipos de hasta el 52% en el IRPF, llegando al 56% en Cataluña. La puesta en marcha de la medida ha causado, por otro lado, una disminución del 20% de la recaudación inducida, que incluye las declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.

Los técnicos de Hacienda criticaron la implementación de esta medida desde el principio. "El Gobierno la presentó como una alternativa a la subida del IVA, aunque luego no fue así", añade Cruzado y subraya que las recientes declaraciones del Gobierno a respecto "demuestran cierto nerviosismo" por la dificultad de lograr el objetivo fijado.
Los expertos del Ministerio recuerdan que, como ya ocurrió en las anteriores amnistías realizadas en la democracia, "no sirve para reducir el fraude fiscal, especialmente de las grandes fortunas y corporaciones empresariales, que son responsables del 71,7% de la evasión tributaria total".

La economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros, o sea el 23,3% del producto interior bruto (PIB), diez puntos por encima de la media de otros países europeos como Alemania y Francia, según los cálculos de los expertos del Ministerio.
Cruzado insiste en que hay que potenciar los instrumentos a disposición del departamento para luchar contra el fraude y optimizar los recursos por muy escasos que sean —en España, cada empleado de Hacienda es responsable por 1928 contribuyentes frente a la media de 900 de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico—.



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